Congresista Salazar presenta plan “simple” para frenar las deportaciones masivas. Trump debería escucharlo | Opinión
Si hay algo positivo en la extrema agenda migratoria del presidente Donald Trump, es que ha puesto en evidencia el sistema de inmigración roto y obsoleto que tenemos. La mejor esperanza para detener la deportación indiscriminada de migrantes es una reforma migratoria, la cual no se realiza de forma integral desde hace casi 40 años.
La representante republicana de Miami, María Elvira Salazar, ha mostrado la voluntad política para comenzar a lograrlo con un proyecto bipartidista que presentará este martes, llamado Dignity Act (Ley de la Dignidad).Otorgaría estatus legal a migrantes indocumentados que cumplan ciertos requisitos, no tengan antecedentes penales, paguen restitución y entreguen el 1 % de sus ingresos al gobierno de EEUU.
Otros republicanos de la Cámara deberían prestarle atención. Eliminar a los migrantes indocumentados puede complacer la base del presidente, pero es muy probable que perjudique seriamente a los empleadores que dependen de estos trabajadores, especialmente en industrias como la agrícola y la hotelería.
Esto es especialmente cierto si se considera que el 71,7 % de las personas detenidas por ICE desde el inicio del segundo mandato de Trump no tenían condenas penales, según datos federales revisados por la Associated Press.
Salazar presenta su proyecto de reforma migratoria como una solución “simple” y pragmática a los problemas de inmigración del país. Los migrantes indocumentados “han estado con nosotros durante muchos años y son necesarios en la economía”, dijo Salazar ante la junta editorial del Herald el lunes.
“Creo que Donald Trump ha insinuado que se necesita algo [en materia de reforma migratoria], y creo que ha llegado el momento en que puede demostrarle al mundo que podría ser para la inmigración lo que Reagan fue para el comunismo”, declaró Salazar.
La propuesta de Salazar es un buen comienzo, pero hasta ahora el Congreso —controlado por los republicanos— no ha mostrado ningún interés en aprobar una reforma migratoria, ni siquiera en cuestionar la falta de debido proceso en algunas deportaciones. Ella insiste en que su legislación no otorga “amnistía” a los migrantes indocumentados porque no incluye una vía hacia la ciudadanía.
Sin embargo, los sectores más duros de la inmigración, que tienen influencia sobre el presidente, probablemente interpretarán cualquier política que ofrezca una oportunidad a estos migrantes como tal. En cuanto a los demócratas, muchos probablemente tendrían objeciones a penalizar financieramente a personas que contribuyen a la economía a pesar de su estatus migratorio.
Salazar ya presentó una versión anterior del Dignity Act, pero no prosperó. Con las encuestas mostrando que los votantes están perdiendo la confianza en las políticas migratorias de Trump, su proyecto debería al menos abrir el debate.
Salazar está presentando su proyecto de 250 páginas junto con la representante demócrata por Texas, Veronica Escobar, y, según dijo, cuenta con entre 18 y 20 copatrocinadores de ambos partidos.
La legislación abarca una amplia gama de temas relacionados con la inmigración, desde la seguridad en la frontera hasta reformas al sistema de asilo de EEUU. Lo más destacable es que crea un “Programa de Dignidad” para migrantes indocumentados que estén en el país desde antes del 31 de diciembre de 2020 y que no tengan antecedentes penales.
Estos migrantes obtendrían estatus legal y autorización de trabajo por siete años, renovables indefinidamente, si pagan $7,000 en restitución ($1,000 por año), contribuyen con el 1% de sus ingresos durante esos siete años, mantienen buen comportamiento y se registran regularmente en el Departamento de Seguridad Nacional. También podrían viajar fuera del país, pero no serían elegibles para ningún beneficio federal. Los fondos de la restitución se dividirían entre el Tesoro de EEUU y un programa para capacitar o reentrenar a trabajadores estadounidenses.
“Es simple: salgan de las sombras, sigan trabajando, paguen impuestos, vuelvan a casa por Navidad, únanse a un sindicato”, dijo Salazar.
Los dreamers —personas traídas al país ilegalmente cuando eran niños— tendrían una vía hacia la ciudadanía si aprueban una verificación de antecedentes y cumplen requisitos educativos.
Los venezolanos, haitianos y otros a quienes la administración Trump revocó el Estatus de Protección Temporal también calificarían para el Programa de Dignidad, excepto que no tendrían que pagar los $7,000 de restitución, según la oficina de Salazar.
Idealmente, un comité de la Cámara debería analizar la legislación de Salazar y debatir algunos de sus detalles. Principalmente: ¿es justo y factible exigir a migrantes de bajos ingresos pagar $1,000 por año durante siete años? ¿Y qué hay de la carga burocrática de procesar las solicitudes de hasta 10 millones de personas que su oficina estima podrían beneficiarse del Programa de Dignidad, cuando Trump ha reducido la plantilla federal?
Estas preguntas deben considerarse, pero, primero, el Congreso necesita tomar en serio la reforma migratoria.
Esta historia fue publicada originalmente el 20 de julio de 2025, 4:44 a. m..