Necesitamos caminos hacia la ciudadanía, no violencia por parte de ICE | Opinión
Poco más de un año después de que Donald Trump asumiera su segundo mandato, la escala y las consecuencias de su agenda de deportaciones masivas ya no son amenazas abstractas: son realidades vividas y trágicas que se desarrollan en todo el país.
Los datos del propio Departamento de Seguridad Nacional muestran que durante este período, más de 400,000 inmigrantes fueron arrestados; menos del 14% de ellos habían sido acusados de delitos violentos. Evidentemente, las deportaciones no se han enfocado únicamente en los delincuentes violentos.
Decenas de miles de personas han sido sometidas a procedimientos de deportación. Las cifras por sí solas son impactantes. Pero el impacto humano detrás de estas cifras es lo que exige un análisis más minucioso.
En varios incidentes de gran repercusión mediática, inmigrantes documentados y ciudadanos estadounidenses han sido detenidos o lesionados durante operativos policiales. Tomemos de ejemplo a Renée Good y Alex Pretti, asesinados a tiros por agentes federales en Minneapolis en enero. Estos casos han intensificado el escrutinio público sobre los protocolos, la capacitación y los mecanismos de rendición de cuentas de las fuerzas de seguridad.
En Florida, vemos cómo muchos de nuestros vecinos trabajadores han sido enviados a centros de detención improvisados, a pesar de que les dijeron que solo albergarían a “los peores de los peores”, sin el debido proceso. Informes de organizaciones como Amnistía Internacional señalan registros de múltiples casos de violaciones a los derechos humanos en estos centros, donde los detenidos han sido mantenidos en condiciones insalubres e inhumanas durante semanas, incluso meses, lejos de sus familiares y seres queridos, antes de ser deportados.
La separación familiar, una política definitoria del primer mandato de Trump, ha resurgido como una preocupación urgente. Grupos de defensa estiman que miles de niños ciudadanos estadounidenses viven en hogares con estatus migratorio mixto y ahora enfrentan un mayor riesgo de perder a uno de sus padres por detención o deportación. El impacto emocional, financiero y psicológico en estas familias es incalculable.
En el centro de este debate se encuentra la Policía de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), cuyas tácticas han sido objeto de crecientes críticas. Investigaciones tanto en Florida como a nivel nacional indican que, si bien la mayoría de los estadounidenses apoyan algún tipo de reforma migratoria, muchos expresan su incomodidad con las prácticas agresivas de agentes sin capacitación y sus tácticas de intimidación, en particular las redadas en lugares de trabajo y vecindarios realizadas por agentes enmascarados sin orden judicial.
Incluso cuando la administración ha intentado ocultar estas acciones, desinflar la narrativa, y desviar la atención de estos incidentes, los videos de arrestos violentos y abusos por parte de agentes de ICE que circulan ampliamente en las redes sociales han alimentado las protestas y amplificado preocupaciones sobre la transparencia y el debido proceso, y la seguridad de nuestras comunidades.
La política migratoria ha sido polémica desde hace mucho tiempo. Pero la situación actual plantea una pregunta más amplia: ¿cómo debería una nación comprometida con el Estado de Derecho equilibrar la seguridad fronteriza con las libertades civiles? La respuesta no puede basarse únicamente en el número de arrestos y deportaciones. También debe tener en cuenta la equidad, la proporcionalidad y los derechos de quienes viven dentro de las fronteras de la nación.
Si algo ha dejado claro el año pasado es que los enfoques de aplicación intensiva de la ley tienen consecuencias que repercuten mucho más allá de las personas directamente afectadas. Transforman comunidades, ponen a prueba instituciones y cuestionan la propia comprensión de la justicia en el país.
Necesitamos vías reales para obtener la ciudadanía para quienes estén dispuestos a trabajar duro, pagar impuestos y cumplir las normas, así como leyes sólidas que mantengan nuestra frontera segura frente a delincuentes violentos y al tráfico de drogas peligrosas. Así es como mantenemos a la gente segura, no desplegando a miles de agentes de ICE violentos y sin capacitación que matan a estadounidenses y aterrorizan a nuestras comunidades.
Las elecciones de medio tiempo se acercan y todos los que podemos y somos elegibles para votar en este país tenemos la encomienda de elegir líderes que luchen por la democracia, y que tengan el compromiso de defendernos a todos los floridanos, incluyendo a las personas migrantes que han hecho de Florida su hogar, de este ataque despiadado e inhumano. No dejemos pasar esta oportunidad.
Carolina Wassmer es la directora de programas de Florida de Poder LatinX.
Esta historia fue publicada originalmente el 19 de febrero de 2026, 0:08 p. m..