Mario Díaz-Balart: El programa del régimen cubano de enviar médicos al extranjero no es caridad, es trata de personas | Opinión
Una nueva ley aprobada por el Congreso de EEUU en febrero de 2026 sanciona a los países que sean cómplices de la trata de médicos cubanos a través de las llamadas “misiones médicas” del régimen castrista en el extranjero.
Durante décadas, la dictadura en Cuba ha generado miles de millones de dólares mediante la coerción de médicos cubanos para trabajar en lugares donde nadie quiere ir y bajo deplorables condiciones laborales.
Sin embargo, los propios médicos reciben apenas una fracción de ese dinero. Se estima que el régimen obtiene entre $5,000 millones y $8,000 millones al año como producto de este programa, mientras que los operadores del régimen retienen entre el 75% y el 95% del salario pagado a los médicos.
Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, el régimen confisca los pasaportes de los médicos, obliga a sus familias a permanecer en Cuba como mecanismo de presión, asigna supervisores para vigilarlos y castiga a sus familiares si un médico decide desertar la misión.
Desde 2010, los informes del Departamento de Estado han calificado este programa como explotador. En 2020, el Departamento de Estado identificó correctamente esta práctica como “trata de personas” o “trabajo forzado” ejecutado por el régimen cubano.
Una nueva disposición incluida en la Ley Consolidada de Asignaciones de 2026 apunta directamente a los países que pagan a la dictadura autoritaria por estos explotados trabajadores médicos.
El Departamento de Estado ahora debe identificar y notificar a cada país o entidad que participe en estos acuerdos, advirtiendo que si un país permanece en esa lista durante dos años consecutivos, perderá toda la asistencia exterior de Estados Unidos. Además, a los funcionarios extranjeros involucrados se les prohibirá el ingreso a Estados Unidos y sus bienes y activos financieros en territorio estadounidense también podrán ser congelados.
La ley ya está produciendo resultados. Guatemala, Jamaica, Guyana, San Vicente y las Granadinas, Paraguay y Honduras están reduciendo o eliminando por completo el uso de médicos cubanos en estas misiones médicas.
Otros países, como las Bahamas, han intentado modificar los términos para pagar directamente a los médicos en lugar de pagarle al régimen, algo que la dictadura anteriormente rechazó. En consecuencia, la Administración Trump ha aplicado esta ley imponiendo restricciones de visa a funcionarios de Brasil, Granada y algunos países africanos vinculados a este programa.
Esta legislación garantiza la rendición de cuentas, algo que anteriores administraciones demócratas ignoraron. Expone a quienes se benefician de este esquema y les impone consecuencias reales: pérdida de la asistencia estadounidense además de prohibiciones de viaje y sanciones financieras. Asimismo, esta ley respalda firmemente al oprimido pueblo cubano al proteger a sus médicos de la explotación y los abusos y al cortar una fuente crítica de financiamiento para el régimen.
Notas:
El congresista Mario Díaz-Balart es vicepresidente de la Comisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes y presidente de la Subcomisión de Seguridad Nacional, Departamento de Estado y Programas Relacionados.
La ley citada es la Ley Consolidada de Asignaciones de 2026 (H.R. 7148), promulgada el 3 de febrero de 2026. Esta legislación incluye importantes disposiciones de política exterior provenientes de la Ley de Asignaciones para Seguridad Nacional, Departamento de Estado y Programas Relacionados para el año fiscal 2026 (H.R. 4779).