GUILLERMO I. MARTÍNEZ: Un golpe a la reforma migratoria
Un inmigrante indocumentado que mató a dos alguaciles de Sacramento, California, e hirió a otras dos personas puede dificultar la decisión del presidente Barack Obama de resolver el problema de inmigración con una orden ejecutiva después de las elecciones del martes próximo.
Luis Enrique Monroy Bracamonte, alias Marcelo Márquez, es prueba fehaciente que Estados Unidos no controla su frontera con México y que no ha logrado deportar a todos criminales indocumentados que viven en el país. Bracamonte ha sido deportado dos veces por tráfico de drogas –en 1997 y en el 2001. Pero él y su esposa han vivido en el estado de Utah desde el 2003, donde 11 veces fue multado por violaciones de tráfico.
El presidente Obama ha postergado varias veces la reforma migratoria. El se la ha prometido a la comunidad hispana y en particular a los jóvenes llamados “soñadores” a los que el presidente les dio permiso para vivir, estudiar y trabajar legalmente en este país.
Primero dijo que quería darle una oportunidad para que el Congreso pasara una ley de inmigración. Después dijo que si el Congreso no actuaba, “con un plumazo” resolvería el problema antes de las elecciones. Y por último que lo haría después de las elecciones pero antes de enero cuando los representantes y senadores presten juramento para dar inicio a una nueva sesión legislativa.
El presidente siempre ha estado consciente que legalizar –o como dicen los republicanos “darle la amnistía”– a tres, cuatro o cinco millones de los 11 millones de indocumentados que viven en el país es un tema escabroso. Si no lo fuera, ya hace rato que el Congreso hubiese pasado una ley al respecto para que Obama la firmara.
Muchos recuerdan que fue un presidente republicano, Ronald Reagan, quien en 1986 firmó una ley concediéndole la amnistía a cerca de tres millones de indocumentados.
Los que quieren una nueva amnistía este año le hablan a los republicanos de lo que hizo el presidente republicano más conservador de las últimas décadas. Los que están en contra también hablan de Reagan, a quien culpan por no cerrar la frontera después de la ley de 1986 y crear la esperanza entre los indocumentados que tarde o temprano Estados Unidos les va a otorgar la amnistía.
Pero las cosas en el 2014 son muy diferentes a como eran en 1986. Reagan era un presidente con enorme popularidad. Obama es un presidente que ni siquiera puede hacer campaña por los candidatos de su partido al Senado por miedo a que su pobre popularidad perjudique a los candidatos de su mismo partido.
Todo lo anterior es el entorno.
Ahora lo que cuenta es tratar de convencer el pueblo norteamericano que es una buena idea firmar una orden que permita a los indocumentados del país trabajar legalmente y comenzar sus trámites para la residencia y la ciudadanía siempre que cumplan con ciertos requisitos.
La mayoría de los republicanos –y en particular los más conservadores– están en contra de una nueva amnistía migratoria. La mayoría de los demócratas quieren aprobar dicha ley –pero sólo son un puñado los que trabajan arduamente para lograrlo.
Y ahora hay que ver que pasa después del doble asesinato en California. Defender dicha reforma va a ser más difícil. Para los republicanos atacarla va a ser mucho más fácil.
Bracamonte y su esposa, Janelle Márquez Monroy, quien es ciudadana estadounidense, ahora enfrentan cargos de asesinato, después de dos violentos tiroteos en Sacramento.
El viernes de la semana pasada Bracamonte y su esposa estaban sentados en un auto en las afueras de un motel cerca de Sacramento cuando comenzó el primer tiroteo. Allí murió un alguacil del condado y un motorista.
El matrimonio entonces se dio a la fuga y después de intentar robarse un auto y robarse otro tuvieron otro tiroteo con funcionarios de la oficina del alguacil en el vecino condado Placer, donde murió otro agente del orden y herido un tercer alguacil.
Bracamonte y su esposa fueron llevados ante los tribunales en el condado de Sacramento, donde el fiscal Jan Scully y su colega del condado Placer, Ronald “Scott” Owens, no han decidido todavía si pedir la pena de muerte o no. Dijeron que hay agravantes como para pedirla.
El caso judicial bien puede tardar meses o años. Durante este tiempo, cada vez que alguien trate de pasar una nueva ley de inmigración, el nombre de este matrimonio de indocumentados va a salir a la palestra pública.
Este caso daña las posibilidades de aprobar una amplia ley de inmigración. El mismo presidente Obama va a tener que pensarlo dos veces. Matar a dos agentes del orden de este país es una cosa muy seria.
Esta historia fue publicada originalmente el 31 de octubre de 2014, 3:00 p. m. with the headline "GUILLERMO I. MARTÍNEZ: Un golpe a la reforma migratoria."