Los artículos de opinión brindan perspectivas independientes sobre temas clave de la comunidad, separados del trabajo de nuestros reporteros de redacción.

Opinión

ARIEL HIDALGO: La muerte de la pena de muerte


Varios manifestantes protestan contra la pena de muerte cerca de la prisión de Starke, en la Florida, en el 2013, antes de la ejecución de John Errol Ferguson, que asesinó a ocho personas en 1977 y 1978.
Varios manifestantes protestan contra la pena de muerte cerca de la prisión de Starke, en la Florida, en el 2013, antes de la ejecución de John Errol Ferguson, que asesinó a ocho personas en 1977 y 1978. AP

En la disputa entre defensores y oponentes de la pena de muerte puede predecirse claramente, sin ser profeta, quiénes finalmente serán los vencedores. Basta sólo con pasar la vista a los últimos dos siglos para comprobar cuál es el sentido de la marcha de la historia. Hace dos siglos todas o casi todas las naciones del mundo contemplaban en sus cuerpos de leyes la pena de muerte. En la actualidad, todos los países de Europa, con la excepción de Bielorrusia, han eliminado esa pena y de todas las democracias industriales sólo dos países continúan aplicándola: Japón y los Estados Unidos.

Pero incluso en este último país, donde todos sus estados incluían esa pena, han ido poco a poco poniéndole restricciones y aboliéndola. Las ejecuciones, generalmente aplicadas en público, fueron poco a poco trasladadas a lugares reservados. Fue en 1834 cuando un primer estado, Pennsylvania, puso fin a las ejecuciones públicas. Pero el primer Estado de la Unión en abolir la pena de muerte fue Michigan en 1846, aunque todavía esa medida se reservaba, como excepción, para delitos de traición. De 1907 a 1917, nueve estados abolieron o limitaron la pena, aunque luego cinco de ellos la reinstauraron. En 1954 se abolió en Vermont, y en 1984, en Massachusetts. En los años siguientes, la Corte Suprema dictó ordenanzas prohibiendo la ejecución de determinados tipos de personas, como los dementes (1986) y los niños (1988). Aunque parezca increíble, hasta entonces era legal la ejecución de menores de 15 años. El caso más sonado fue el del niño negro de 14 años George Junius Stinney en 1944 en Carolina del Sur, acusado de asesinar dos niñas blancas. Su culpabilidad fue decidida en pocas horas por un jurado compuesto solo de hombres blancos y su ejecución en la silla eléctrica, llevada a cabo tres meses después. Tras su muerte fue demostrada su inocencia porque Stinney era incapaz de cargar la viga con la que fueron asesinadas las víctimas. La Corte Suprema falló también, en el 2002, contra ejecuciones de retrasados mentales, y tres años después prohibió la de adolescentes de 16 y 17 años. También fueron eliminándose crueles procedimientos de ejecución. En 1996 se suspendió la horca en Delaware y los fusilamientos en Utah, y en el 2006 la Corte Suprema falló que los condenados pueden impugnar el uso de la inyección letal, la cual fue suspendida el mismo año en la Florida y California. En el 2003 el gobernador de Illinois, George Ryan, otorgó clemencia a 167 condenados a muerte por errores procesales que ponían en duda sus culpas. A partir de entonces uno a uno los estados han ido aboliendo la pena de muerte: Nueva Jersey y Nueva York (2007), Nuevo México (2009), Illinois (2011), Connecticut (2012) y Maryland (2013).

En abril del presente año la revista científica Proccedings of the National Academy of Sciences publicó los resultados de una investigación que concluyó que uno de cada 25 condenados es inocente, y esta cifra, se afirmaba, es conservadora. “Un número incalculable de personas inocentes han sido ejecutadas”. El estudio se fundamentó en casos como el de Rubén Cantú, hecho dado a conocer por The Houston Chronicle. Ejecutado en 1993 en Texas a pesar de que la sentencia se basó en la declaración de un solo testigo, éste más tarde confesó haber declarado bajo presión; el del tejano Carlos DeLuna, ejecutado en 1989 por el asesinato de una empleada de gasolinera, sentenciado sobre la base de testigos inseguros y deficiencia de la policía, que no investigó a Carlos Hernández, el hombre señalado por el acusado como verdadero responsable del crimen. Tras la muerte de Hernández años después, familiares de éste confesaron la verdad y los hechos fueron dados a conocer por el Chicago Tribune.

Estos casos no tienen reparación posible porque la muerte es irreversible. Siguiendo un viejo principio, es preferible que escape un culpable antes de condenar a un inocente. No se puede enseñar a un pueblo a no matar, matando. La pena capital es un rezago del más esperpento de los sistemas penales: la Ley del Talión, consagrada por el Código de Hanmurabi hace casi cuatro mil años en Babilonia, pero la marcha de la historia parece reservarnos un porvenir más amable: la muerte de la pena de muerte.

Infoburo@aol.com

Esta historia fue publicada originalmente el 20 de noviembre de 2014, 2:00 p. m. with the headline "ARIEL HIDALGO: La muerte de la pena de muerte."

Reciba acceso digital ilimitado
#TuNoticiaLocal

Pruebe 1 mes por $1

RECLAME SU OFERTA