Una pausa en los cargos de FPL
Teniendo en cuenta los reveses en los planes de FPL de ampliar la planta de energía nuclear de Turkey Point, la reciente noticia de que planea retrasar la construcción hasta por cuatro años es una victoria del sentido común y un triunfo para los preocupados por el impacto del proyecto en la seguridad y en el medio ambiente.
Lo que no tiene sentido es el deseo de la empresa eléctrica de cobrar a los consumidores los costos del proyecto, sobre todo cuando el retraso crea la posibilidad de que el proyecto quizá no se lleve a cabo.
FPL dice que los costos de recuperación disminuirán durante el retraso, pero que son necesarios como parte del procedimiento para la licencia y por la necesidad de estudiar otros proyectos de energía nuclear en distintas partes del país que también han experimentado retrasos imprevistos.
La compañía quiere cobrar a los clientes $22 millones en el 2017 —por encima de los $281 millones que ya ha recuperado en costos de planificación y licencia— aun cuando la empresa dijo en abril a la Comisión de Servicio Público del estado que quiere mantener su “estado actual” sin pasar a la fase de construcción hasta el 2020.
La empresa también quiere que la Comisión se olvide del requerimiento de presentar un informe de viabilidad que esencialmente declara que el proyecto que solicitó hace casi una década sigue siendo viable.
Grupos de defensa del consumidor y otros han lanzado una lluvia de críticas. La ciudad de Miami dijo que se requieren estudios de viabilidad para asegurar al público que esos proyectos son prudentes.
La decisión de la FPL siguió a varios sucesos que arrojaron dudas sobre la expansión. Entre ellos:
Informes de 2014 indicaban que hacía falta operar los canales de enfriamiento de los reactores a una temperatura más elevada de la normal. Si la planta nuclear está causando problemas, ¿una expansión no empeoraría las cosas?
En febrero, un juez de Tallahassee ordenó a los reguladores estatales y a FPL que limpiaran los canales de enfriamiento en Turkey Point después de culpar al sistema por contaminar las aguas subterráneas del Sur de la Florida.
En marzo, un estudio divulgado por el alcalde de Miami-Dade, Carlos Giménez, indicó que se había detectado un elemento rastreador de derrames en plantas nucleares en la bahía de Biscayne, a un nivel 215 veces más alto del normal.
El 20 de abril, una corte de apelaciones revirtió la certificación estatal de nuevas unidades en Turkey Point.
Un día después, una comisión federal de seguridad nuclear denegó la petición de FPL de acelerar la decisión sobre los pozos de inyección, aunque no ha comprobado su viabilidad. Los pozos son parte del plan de FPL para limpiar los canales.
Ejecutivos de FPL dijeron que, sea cual sea el resultado, la diversificación de la empresa y la modernización de las plantas generadoras y de la red eléctrica garantizan que cumplirá sus compromisos con sus clientes en los años venideros.
Eso tranquiliza, pero la Comisión de Servicio Público debe suspender los cargos a los consumidores hasta que FPL asegure que la expansión tendrá lugar.
Esta historia fue publicada originalmente el 28 de mayo de 2016, 6:43 a. m. with the headline "Una pausa en los cargos de FPL."