Paz con escopeta

El presidente Juan Manuel Santos pidió a los negociadores del proceso de paz en La Habana un “esfuerzo” para que acordaran esta misma semana las condiciones para un cese al fuego definitivo entre el gobierno de Colombia y las FARC.

Ante esta demanda el jefe de la narcoguerrilla, Rodrigo Londoño, Timochenko, declaró que fijar fechas a los diálogos de paz le hacía daño al proceso de paz. Sin embargo, horas después, se informó que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno habían finiquitado los diálogos, aunque restaban aspectos de la agenda por resolver.

Este acuerdo tan inesperado ha generado mucha suspicacia, al extremo que no faltan quienes afirman que es una jugada de Santos para influenciar al electorado a favor del plebiscito que decidirá sobre los acuerdos finales.

Todo parece indicar que el costo de la paz para Santos es irrelevante. Demuestra estar dispuesto a hacer las concesiones que sean necesarias para firmar unos acuerdos que tienen grandes posibilidades de generar un conflicto de mayores proporciones que el padecido por décadas.

El mandatario afirmó que las FARC se estaban preparando para una nueva guerra mientras sostenían diálogos en la capital cubana, y advierte que el conflicto sería particularmente urbano, lo que tendría graves repercusiones para el país, declaraciones que evidencian que el presidente está jugando al miedo, a la intimidación del mismo pueblo que lo ha elegido en dos ocasiones.

Santos pretende que la población respalde unos convenios que compensan generosamente a las FARC, sin que entre a considerar los perjuicios que podrían derivarse de la legitimación de terroristas que solo creen en la violencia.

El mandatario intenta generar pánico cuando advierte al pueblo que de no suscribirse los acuerdos con el grupo terrorista, el país sería asolado por una especie de Armagedón que transformaría a los ciudadanos en cenizas.

Inconcebiblemente la visión apocalíptica de Santos no está dirigida a la narcoguerrilla, sino al pueblo que como presidente debe proteger. Su deber no es intimidar a los ciudadanos, sino advertirle a las FARC que tendrán que enfrentar todo el poder del estado si no se conducen conforme a la ley.

El presidente Santos tal parece que está dispuesto a confrontar a quienes demandan una paz justa y conceder a los terroristas todos los beneficios que exigen, por lo que las víctimas de la violencia de la narcoguerrilla podrían afirmar sin la más mínima duda que el crimen sí paga.

El alto mando de las FARC está consciente de que su capacidad militar se ha reducido sustancialmente. El poco apoyo que contó en algunos sectores de la sociedad colombiana está en su nivel más bajo y el irracional respaldo que disfrutó de parte de ciertas corrientes políticas internacionales, incluidos gobiernos y varias ONG, es prácticamente nulo.

Las FARC están sentadas en la mesa de negociaciones por necesidad, no por convicción. Para ellos la firma de los acuerdos no es más que un armisticio, una tregua a romper cuando no sean satisfechas algunas de sus demandas.

Tampoco se puede obviar que el mando de las FARC no es monolítico. Nunca han faltado disensiones y conflictos entre estos sediciosos. Los señores de la guerra no gustan del trabajo, la violencia es para estos individuos un medio de vida que rinde altos dividendos.

Si se fuera a seleccionar una entidad prototipo del crimen organizado, las FARC obtendrían esa penosa distinción porque tienen gran experiencia en secuestros, asesinatos, reclutamientos de menores, narcotráfico, colocación de minas antipersonas y prácticas terroristas.

Por otra parte, la afirmación del presidente Santos que cuando se suscriba la paz el grupo terrorista va a desaparecer, obliga a evocar al premier británico Neville Chamberlain, cuando concibió la fantasía de que los acuerdos de Munich compensarían a Adolfo Hitler y que este no demandaría más territorios.

Esta historia fue publicada originalmente el 23 de junio de 2016, 11:39 a. m. with the headline "Paz con escopeta."