Los regímenes militares no deben ser reconocidos

Nueva York – El levantamiento militar en Turquía, cuyas últimas consecuencias aún no se han determinado, pone de relieve una falla significativa en el derecho internacional destinado a proteger y promover la democracia. Este golpe de Estado abortado destaca la necesidad de establecer principios jurídicos vinculantes destinados a desalentar el quebrantamiento del orden constitucional basado en la legitimidad democrática.

Las circunstancias en Turquía son similares a varias situaciones en la historia reciente: una vez que su hegemonía política se encuentra amenazada, los militares derrocan al gobierno civil o se niegan a entregar el poder a los civiles elegidos democráticamente.

El reconocimiento explícito de gobiernos militares por parte de las democracias occidentales, o su implícito reconocimiento mediante el silencio o señales ambivalentes de desaprobación, ha alentado más de una asonada militar destinada a derrocar a gobiernos constitucionales libremente elegidos. Los militares sólo abandonan el poder cuando se ven obligados por la voluntad popular, o cuando su propia incapacidad para gobernar ha hecho su posición insostenible.

Esto sucedió a la junta griega después de su debacle en Chipre, con el régimen chileno de Augusto Pinochet y con los militares argentinos después del conflicto de las Islas Malvinas. El desarrollo de nuevos principios de derecho internacional, junto con la determinación de una autoridad competente para aplicarlos, podrían impedir, o al menos amenguar, el quebrantamiento del proceso democrático, al menos hasta que otro mecanismo democrático pueda jugar de “fusible” para evitar la ruptura constitucional y el advenimiento de un régimen de facto.

Las tragedias recientes de dominio público muestran urgente necesidad de ampliar el papel de las Naciones Unidas en el mantenimiento de la paz. Tal como lo expresara el ex secretario general Dag Hammarskjold, las Naciones Unidas son “el lugar más apropiado para el desarrollo y el cambio de la ley internacional en nombre de toda la sociedad de estados”. Por ello es que la Asamblea General y su Comisión de Derecho Internacional deberían ser convocados por los Estados miembros con el mandato de elaborar una legislación que apunte a evitar la recurrencia de golpes militares como el recientemente ocurrido en Turquía.

Establecer un principio de derecho internacional en favor del no reconocimiento de gobiernos que acceden al poder por métodos no previstos en la Constitución suscita cuestiones de índole práctica. ¿Qué actitud cabe tomar, por ejemplo, con los regímenes militares ya establecidos y reconocidos?

Cabe preguntarse, además, qué actitud corresponde adoptar si el golpe militar o la interrupción extra-constitucional del régimen de jure apunta a expulsar un régimen democráticamente elegido pero que se ha vuelto manifiestamente totalitario y corrupto. No parece ni legítimo ni aconsejable deponer un gobierno democrático por estas causas, a menos que el gobierno derrocado fuera encontrado responsable de violaciones graves y masivas de los derechos humanos. También parece aconsejable abstenerse de reconocer un gobierno de facto hasta que otro gobierno civil sea elegido en elecciones libres y democráticas.

¿Quién tiene competencia para juzgar y decidir si un régimen civil depuesto era manifiestamente opresivo y responsable de violaciones graves y masivas a los derechos humanos? ¿Quién puede valorar y decidir si las elecciones organizadas por los militares son libres y justas? El organismo más idóneo y legitimado para asumir competencia es la Corte Internacional de Justicia de La Haya, cuyo ámbito de competencia en razón de esta materia debería ser definido por la Comisión de Derecho Internacional de la ONU.

Responsabilizar a la Corte Internacional de Justicia por las decisiones que impliquen el reconocimiento de gobiernos que ascienden al poder por medios extra-constitucionales evitaría que esta cuestión quede en manos de las contracorrientes políticas que suelen manipular las deliberaciones de la Asamblea General de la ONU.

Se puede argumentar que el no reconocimiento explícito de los regímenes de facto no logrará por sí mismo restaurar en un país determinado el régimen democrático depuesto por la fuerza de las armas. Sin embargo, esta despolitización del tema constituye un paso inicial importante para legitimar medidas colectivas más fuertes. También podría argumentarse que el rechazo de un régimen de facto por parte del órgano judicial de las Naciones Unidas implica una interferencia indebida en los asuntos internos de un Estado. Esta objeción pierde fuerza si el no reconocimiento es el resultado de aplicar un principio coherente de derecho internacional establecido por las Naciones Unidas y aplicado por su Tribunal Internacional.

La falta de reconocimiento de los regímenes militares responde a una demanda creciente para eliminar la plaga de las dictaduras militares. Una vez establecida como principio jurídico, podría convertirse en un notable paso hacia la paz y la justicia en todo el mundo.

Esta historia fue publicada originalmente el 19 de julio de 2016, 3:14 p. m. with the headline "Los regímenes militares no deben ser reconocidos."