De cambios y divisiones

Cuando este 28 de julio Pedro Pablo Kuczynski jure como presidente del Perú no solo será el gobernante que llegue con mayor edad (77 años, 9 meses y 25 días) a tal agobiante dignidad –el actual recordista, Manuel Antonio Arenas, contaba con 77 años, 4 meses y 21 días cuando en 1885 debió asumir el cargo ante la renuncia del mandatario de turno– sino que con ese acto coronará la primera vez en que un cuarto ciudadano surgido de elecciones universales asuma consecutivamente el poder, en este o en cualquier período democrático de los que como pequeños oasis ha vivido el país andino en sus 195 años de vida independiente.

Como manda el protocolo, por lo menos en lo que va del siglo XXI, PPK recibirá los distintivos de mando de manos de la presidenta del Congreso, la fujimorista Luz Salgado, en un hecho que signa por sí solo una importante diferencia con sus inmediatos predecesores. Si Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala fueron juramentados por un correligionario que encabezaba el parlamento en atención al importante número de legisladores obtenido, Kuczynski inaugura su quinquenio en orfandad parlamentaria. Ocupando apenas 18 de los 130 curules existentes, los congresistas de Peruanos Por el Kambio (PPK) se las verán sino negras por lo menos castañas para sacar adelante sus proyectos de ley ante un hemiciclo dominado por Fuerza Popular (FP, fujimorista). O quizás no.

Y es que, según muchos analistas, Kuczynski y sus “pepekausas” legisladores bregarán con una oposición que no es lo monolítica que su lideresa oficial, Keiko Fujimori, quisiera. De los 73 parlamentarios elegidos en abril, apenas 13 están inscritos en FP, en tanto que el resto son miembros de movimientos locales o regionales, o son personajes destacados invitados. A esa clasificación factual se suma otra, aún subyacente, que obedece a un tema no resuelto en el fujimorismo: la existencia de “albertistas” –seguidores del ex presidente que cumple condena por delitos de corrupción y contra los derechos humanos– y “keikistas”.

Salvo uno que otro exabrupto de algún “albertista” nostálgico, hasta el momento ambas facciones han convivido medianamente bien. La elección de la presidenta del Congreso es prueba de ello. Fujimorista auroral, Luz Salgado participó del Congreso Constituyente Democrático convocado en 1992 tras el autogolpe del 5 de abril. Pronto se hizo conocida por su gesto adusto y su defensa a toda costa del oficialismo. Reelegida en 1995 y el 2000, un año después, tras la caída del régimen, fue vacada e inhabilitada políticamente por seis años. Regresó al parlamento en el 2011, ya como integrante de Fuerza Popular y con las cejas más distendidas, y hoy es vista con respeto por ambos flancos internos –Kenji la trata de “tía”– y es una de las escasas figuras de su partido con buena recepción entre los no fujimoristas. Su discurso de aceptación de la cabecera legislativa ha sido saludado por tirios y troyanos como aperturista y democrático.

Pero cuando el suelo parecía estar bastante parejo y los peruanos se dedicaban tranquilamente al deporte nacional del chismorreo, sobre todo al previo de todo cambio de gobierno, en el que la danza de los susurros anuncia, niega e intercambia alegremente nombres y apellidos de potenciales ministros –aportados en su mayoría por los directos interesados– apareció el rumor de los rumores: Alberto Fujimori saldría de la cárcel vía indulto a más tardar el mismo 28 de julio.

Según una versión, la gracia presidencial estaba oleada y sacramentada gracias a un acuerdo entre FP y PPK, que a cambio de su “desprendimiento pragmático” recibiría la gobernabilidad que asegura la apabullante mayoría fujimorista en el Legislativo. Para otros, el indulto era una astuta jugada del presidente saliente, Ollanta Humala, que así lograba la promesa de FP de cortar la investigación que el Congreso adelanta contra su esposa por supuesto enriquecimiento ilícito. Una tercera versión adjudicaba la paternidad de la medida a los sospechosos encuentros entre Humala y PPK, que se han reunido hasta cuatro veces desde que este último resultara elegido y que así compartirían vergonzante culpa e impúdico provecho.

Pero con el antifujimorismo poniendo el grito en el cielo y preparándose para lo peor, Humala salió en televisión para afirmar que si bien Alberto Fujimori había presentado la solicitud de indulto, el trámite tomará entre dos a tres meses, por lo que esta sería vista por PPK, en un clásico ejemplo de lo que en Perú se llama “pasar la papa caliente”. Advertido, Kuczynski declaró que él no firmará el indulto pero que sí aprobaría una ley que venga del Congreso permitiendo que presos en cierta situación –y edad– puedan purgar su pena en un domicilio, poniendo el tubérculo hirviente en manos de la mayoría fujimorista en el Legislativo.

Todo hace pensar que la solicitud de indulto obedeció a un plan inconsulto del propio ex mandatario, quien habría así sorprendido a su propio entorno familiar –o por lo menos sin la aprobación de, entre otros miembros del clan, su hija Keiko, quien no hizo la menor declaración al respecto– y a la mayoría sino a todos sus seguidores dentro de FP –varios de cuyos líderes se excusaron del caso, tildándolo de “tema familiar”–, planteando una pulsada interna.

De ser cierta, la actitud de Alberto Fujimori lleva a las siguientes interpretaciones: (1) Keiko y sus seguidores no ven con buenos ojos el indulto de su padre, que supone la recuperación de todos los derechos del favorecido, ya que (2) este se ve a sí mismo como un actor político y, de ser indultado, no dudaría en pasar a la acción, por lo que (3) esta situación debiera ser tomada en cuenta por el nuevo Ejecutivo para sus próximos tira y afloja legislativos. Ni siquiera tendrá que echar mano al consejo del florentino Maquiavelo, aquel de “divide y reinarás”, solo aprovechar la realidad existente. Es lo que hay.

Esta historia fue publicada originalmente el 27 de julio de 2016, 6:37 p. m. with the headline "De cambios y divisiones."