El ‘Menem’ de Turquía

Recep Tayip Erdogan, presidente de Turquía, país que procura desde hace tiempo ser admitido como miembro pleno de la Unión Europea (UE), adoptó medidas gubernamentales de excepción tras el fallido intento golpista.

Por tres meses asumió el control absoluto del poder y en función de ello dispuso una “purga” que lleva a rememorar los actos reiterados y brutales del estalinismo. Casi la tarjeta de presentación del sistema en la URSS, por entonces. Claro que en este caso las purgas son aplicadas, no sólo al sector subversivo de los militares y policías turcos, sino a un amplio y diverso ámbito de la administración. No se entiende más que como una oportunidad de aprovechar la conmoción del intento de golpe militar para instaurar un régimen dictatorial. Prueba de ello: se contabilizan más de mil establecimientos educacionales cerrados a lo que se suma la clausura de 15 universidades, cerca de 1300 fundaciones y asociaciones diversas y una veintena de sindicatos. Y el despido de funcionarios, jueces, fiscales y otros empleados del gobierno. Además de extensión en tiempo de las detenciones preventivas que pasaron abruptamente de cuatro a treinta días. Manifestaciones todas de cuánto se afectó el panorama de los derechos humanos.

Después de ser abortado el golpe del 15 de julio con casi 300 muertes, Erdogan desplazó su modo habitual y se encolerizó prometiendo la pena de muerte en su país, que ya la había abolido en 2002 en el marco de la marcha hacia la integración con la UE. Los aproximadamente 50,000 despidos crearon un ambiente de alta tensión que se sumó a la indignación de una parte del pueblo que apoya a su presidente. Esta atmósfera propició el clamor por la pena de muerte a los culpables del golpe de estado fracasado.

Aquí es donde aparece el costado notoriamente demagógico de Erdogan que se encolumna tras esa idea: reimplantar la pena de muerte en Turquía. Sabe que no puede hacerlo a menos que nada le interese su vinculación con la UE (y con los países de la organización regional), a la que siempre intentó que su país ingresara. La abolición de hace catorce años era un prerrequisito –entre otros– para integrar la Unión Europea como miembro pleno, además de que Turquía debía ser –obviamente– un estado de derecho. Esto mismo le reclaman los líderes europeos de los países de la región. Oídos sordos.

En un estado de derecho –huelga decirlo– no se pueden aplicar penas que se instauran “hoy” en los códigos penales para delitos cometidos “ayer”. Erdogan sabe esto pero, lanzado al sistema dictatorial como lo está, se cree habilitado para semejante arbitrariedad. Pura demagogia. La misma de la que pretendía valerse el candidato Menem en su campaña a la presidencia argentina de 1989, manifestando entonces su intención de proponer una reforma del Código Penal para “aplicar la pena de muerte a los que trafican con la muerte”, en tiempos de información abundante sobre narcotráfico en el país.

Recordemos también que, siendo ya presidente, presentó en 1991 un proyecto de pena de muerte ante el Senado de la Nación, motivado por el secuestro seguido de muerte del hijo del sindicalista Ibáñez, amigo suyo.

Sus propuestas no dejaban de contener un cálculo político. Menem no vacilaba en hacerse eco de los reclamos de venganza de diversos grupos sociales como reacción ante delitos de inusual violencia y de gran repercusión en la sociedad. Cuando secuestraron a Mauricio Macri en 1991, entonces empresario y actual presidente argentino, Menem pidió esta pena para secuestradores, traficantes de drogas y para autores de violación de menores; el 19 de junio de 1994, un día después del atentado contra la AMIA (entidad social judía), la pidió para los autores del atentado; el 9 de marzo de 1995 propuso la pena de muerte ante el asesinato de Analía González, de 9 años; el 1 de diciembre de ese año, después de la matanza de una familia en Pablo Nogués (localidad de la provincia de Buenos Aires) y el 30 de abril de 1996, luego de que un joven matara a su novia con 113 puñaladas. ¿Por qué decimos que su propuesta era demagógica? Pues, simplemente, porque sabía que no podía ser reimplantada en Argentina por ningún motivo.

Todas las propuestas de Menem fueron hechas frente a crímenes que recibían por su naturaleza la repulsa ciudadana (para secuestradores, traficantes de drogas y autores de violación de menores) y él, sabiendo que no se podía instaurar la pena capital, alentaba que se legislara en ese sentido. La República Argentina había suscripto y ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos (conocida como Pacto de San José de Costa Rica) inmediatamente de recuperada su democracia luego de la dictadura militar más brutal y oprobiosa de su historia (1976-1983). El presidente Carlos Saúl Menem no podía ignorar que su proyecto era inviable precisamente por eso. He ahí la maniobra puramente demagógica de Menem, abogado, presidente de su país.

En cuanto a la máxima autoridad de Turquía, Erdogan, acusa a Fethullah Gulen de ser el cerebro del fallido complot en su contra. Es un clérigo que vive en Londres. Jamás Londres extraditaría a persona alguna a Turquía, supuesto que tenga un convenio sobre extradición, si en el país que lo solicita existe la pena de muerte. Por ello, todo es pura demagogia al servicio de un régimen que se perfila dictatorial y donde la vigencia de los derechos humanos es y será precaria. Demasiado precaria.

Esta historia fue publicada originalmente el 28 de agosto de 2016 a las 5:23 p. m. con el titular "El ‘Menem’ de Turquía."