La farsa de las elecciones judiciales en la Florida
En la Florida, y en casi todos los estados de nuestra bendita república, la elección de jueces de primera instancia (conocidos aquí como magistrados de condado y magistrados de circuito) es una variante perversa de la democracia representativa. Ignoro si Estados Unidos comparte esta farsa electoral con otros países.
En las elecciones del pasado martes, un grupo pequeño de miamenses (el 20 por ciento de los votantes inscritos en nuestra comarca) eligió, entre varios aspirantes, algunos magistrados novatos que destronaron a jueces experimentados. Según me aseguran mis fuentes en el mundo de la administración de la justicia en Miami-Dade, por lo menos dos de ellos no están ni capacitados para hacer el papel de jueces en un certamen cuyo fin es seleccionar los mejores aguacates de Homestead. Desgraciadamente, semejantes calamidades han sucedido en varias ocasiones a lo largo de los años que llevo siguiendo las elecciones a la judicatura en Miami- Dade.
También es cierto que el pasado martes, como ha sucedido en casi todos los comicios judiciales anteriores, los 267,741 votantes de Miami-Dade que nos preocupamos por marcar nuestras boletas elegimos algunos candidatos que serán jueces competentes. Pero esos resultados felices son productos del azar, no de las supuestas virtudes del sistema: la mayoría de los aspirantes suelen ser abogados talentosos y experimentados. También suelen ser personas decentes y equilibradas.
Con todo, unos resultados azarosos que a veces son felices no bastan para justificar un sistema en el cual candidatos amordazados por las normas del llamado “Canon 7” del código de conducta judicial (el que rige las elecciones a la judicatura en la Florida) les piden apoyo a ciudadanos mal informados e indiferentes. Salvando a jueces, abogados, personal de los tribunales y algunos periodistas que “cubren” las elecciones a la judicatura, estos votantes no tienen la menor idea acerca de las cualificaciones de los candidatos a cargos judiciales. Así en esta ronda electoral judicial solamente se postuló una persona cuya capacidad puedo valorar cabalmente, mi amigo Oscar Rodríguez Fonts, quien será un magnífico juez.
Durante este simulacro de una campaña electoral, el aspirante a juez puede hablar de sus años de experiencia y del tipo de derecho que ha ejercido, pero no puede decir absolutamente nada acerca de su filosofía jurisprudencial, sus criterios en torno a las sentencias de tribunales superiores, o lo que piensa sobre las condenas obligatorias, la vergüenza de las superpobladas cárceles estadounidenses u otros temas relacionados con la administración de la justicia.
Además, los aspirantes a la judicatura se ven obligados a solicitar fondos para financiar sus lides electorales. Algunos cuentan con fortunas personales que les permiten hacerles préstamos a sus campañas, pero la mayor parte solicita el grueso de los donativos entre abogados. Es una fórmula para crear la apariencia de incontables conflictos de intereses. De ahí que tantas encuestas indiquen que la plata que corre en las elecciones judiciales fomenta la impresión entre el público general que demasiados jueces están a la venta. Aunque esto no sea totalmente cierto, la creencia menoscaba nuestra imagen de lo que debería ser la integridad del poder judicial.
Los defensores de las elecciones judiciales nos aseguran que los magistrados electos son más “transparentes” que los jueces nombrados a dedo por un gobernador o una comisión de notables porque los magistrados electos tienen la obligación de “rendirle cuentas” a los votantes. Eso no es cierto. En su desempeño el juez electo, al igual que el juez nombrado, no tiene que rendirles cuentas a los votantes. Debe rendirle cuentas a la ley con la obligación de aplicar las leyes y normas jurídicas con independencia e imparcialidad. Por algo será que los promotores de los comicios judiciales condales no abogan por la elección popular de jueces y magistrados de apelación federales.
En el fondo, estos abogados saben mejor que nadie que el juez no es un político cualquiera. Pertenece al poder más importante del Estado. Podemos darnos el lujo de elegir imbéciles, bribones y mediocres a la presidencia, las gobernaciones, alcaldías, legislaturas y consejos municipales. Pero no a la judicatura.
Periodista cubano, ejecutivo de una empresa internética.
Esta historia fue publicada originalmente el 5 de septiembre de 2016, 5:52 p. m. with the headline "La farsa de las elecciones judiciales en la Florida."