EN NUESTRA OPINIÓN: Un veto presidencial que no se debió anular
.JPG "El senador demócrata por Nueva York, Chuck Schumer (c-i), y el senador republicano por Texas, John Cornyn (c-d), atienden a los medios tras una votación del Senado en Washington, DC, para anular el veto del presidente, Barack Obama, sobre una ley que permitiría a los estadounidenses demandar al Gobierno de Arabia Saudí por su supuesto papel en los atentados del 11 de septiembre de 2001 (11S).")
Al Congreso le tomó casi ocho años anular un veto del presidente Obama. El voto bipartidista en el Senado y en la Cámara tuvo lugar el miércoles pasado, cuatro meses antes de que el presidente Obama termine su mandato. La Casa Blanca emitió una respuesta inusualmente crítica. “Diría que es lo más vergonzoso que el Senado de Estados Unidos ha hecho posiblemente desde 1983”, dijo el secretario de prensa, Josh Earnest, a la prensa.
El presidente Obama tuvo razón al rechazar la Ley de Justicia Contra los Patrocinadores del Terrorismo, que permitiría a ciudadanos norteamericanos demandar a otros países por alentar actos terroristas, incluso si no están incluidos en la lista oficial del Departamento de Estado de países patrocinadores del terrorismo.
Aunque la ley no menciona nombres, obviamente tiene el propósito de permitir que los familiares de las víctimas de los ataques del 11 de septiembre demanden a Arabia Saudita por su presunta participación.
El problema es que la ley viola claramente el principio de inmunidad soberana, que prohíbe a las personas usar el sistema judicial de su país para demandar a un gobierno extranjero. Si la inmunidad soberana se debilita, ningún país es más vulnerable que Estados Unidos. En su mensaje sobre el veto la semana pasada, el presidente Obama advirtió que la ley socava “principios duraderos que protegen a Estados Unidos, a nuestras fuerzas armadas y a nuestro personal”.
Además, en casos presentados por ciudadanos norteamericanos, los abogados defensores podrían obligar a Washington a divulgar información delicada o hasta secreta.
Arabia Saudita también podría responder cancelando contratos con negocios norteamericanos y exhortando a sus vecinos del Golfo a reevaluar su cooperación con Washington en actividades de contraterrorismo.
No es que el Senado, que votó 97-1 para anular el veto, no conozca estas preocupaciones.
El senador republicano Bob Corker, presidente del Comité de Relaciones Exteriores, dijo que tenía “enormes preocupaciones” sobre la ley, y la senadora demócrata Dianne Feinstein admitió que la ley es un error. Pero ambos votaron a favor de la medida.
Ahora 28 senadores de ambos partidos han emitido una carta diciendo que esperan mitigar cualquier consecuencia negativa de la medida.
Algunos legisladores cautelosos habían agregado una cláusula que permite al gobierno detener una demanda mientras esté llevando a cabo “discusiones en buena fe” con el gobierno extranjero. Se habló de limitar la aplicación de la ley solamente a los ataques del 9/11 o a Arabia Saudita. Pero de todas formas el Congreso ha socavado un principio fundamental del derecho internacional.
La única forma de asegurar que los soldados, los espías y los diplomáticos norteamericanos sigan protegidos es que el Congreso rechace una medida que nunca debió haber aprobado. Eso puede disgustar a familiares de las víctimas del 9/11, pero el Congreso puede atender mejor sus inquietudes creando un nuevo cuerpo investigador que examine las conexiones sauditas con los atacantes.
Eso sería más útil para las víctimas que convertir a Estados Unidos en un blanco de las demandas de sus enemigos en todo el mundo.
Este editorial se publicó originalmente en Bloomberg View.
Esta historia fue publicada originalmente el 1 de octubre de 2016, 3:57 p. m. with the headline "EN NUESTRA OPINIÓN: Un veto presidencial que no se debió anular."