Editorial

Urgen mejores leyes para proteger a enfermos mentales de las armas

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Hace cuatro años, una mujer que padece esquizofrenia paranoide llamada Colby Sue Weathers mató a su padre disparándole por la espalda en un condado rural de Missouri. Había comprado la pistola semiautomática en una armería en el pueblo de Odessa con el dinero recibido de la Seguridad Social por su discapacidad.

Dos días antes del parricidio, su madre, Janet Delana, llamó exasperada a Odessa Gun & Pawn Shop a fin de implorar al gerente que no vendiera un arma a su hija de 40 años debido a su precaria condición mental; había adquirido otra allí con anterioridad. Su clamor resultó fútil. “Papá está muerto”, le escribió en un mensaje de texto.


Esta semana el vendedor acordó pagar una compensación de $2.2 millones a la familia para resolver una demanda por homicidio por negligencia, hito que repercutirá en una nación afligida por la violencia armada y masacres en las que homicidas a menudo sufren trastornos psiquiátricos y, aún así, adquieren las armas por vía reglamentaria.

El caso ilustra los vacíos legales en las actuales regulaciones sobre control de armas que permiten a individuos con retos de salud mental acceder a un arma mortal. La mayoría de las armerías operan con cautela y hacen las debidas gestiones. Pero otras no asumen la obligación de revisar los antecedentes penales y médicos de sus compradores. Peor aún, como demuestra el caso de Missouri, algunas actúan con negligencia, ya que son advertidas del riesgo.


Jonathan Lowly, director del Proyecto de Acción Legal del Centro Brady, entidad que aboga por mayores controles en la venta de armas de fuego e interpuso la demanda, declaró: “El acuerdo envía un mensaje categórico a los vendedores de armas en todo el país; si no corrigen sus errores, se verán obligados a pagar las consecuencias cuando decidan dotar irresponsablemente de armas de fuego a personas peligrosas”.

El letrado resaltó la relevancia de este desenlace dado que demuestra las limitaciones de una ley federal promulgada en 2005 que otorga amplia inmunidad a los fabricantes y distribuidores de armas ante las reclamaciones por negligencia general.


Las políticas públicas sobre la posesión libre de armas de fuego despiertan pasiones. Los partidarios afirman que en manos apropiadas disuaden el crimen y salvan vidas. Los detractores argumentan que se necesitan más controles para prevenir que terminen en manos peligrosas. Existe un consenso, empero, sobre la urgencia de fortalecer la revisión de antecedentes a todas las transacciones comerciales de armas, sin vulnerar la Constitución, que ampara la propiedad privada de armas de fuego.

Las leyes deben atacar la intersección entre la compra y el uso legal de armas y los enfermos mentales. Por un lado, se requieren medios más efectivos para compartir información de pacientes sin infringir su privacidad ni establecer una generalización de que las personas con enfermedades mentales son violentas. Durante largo tiempo en Estados Unidos la salud mental ha permanecido velada por una cortina de estigma y discriminación. Una proporción mayor del presupuesto ha de ser designada para suministrar la atención y el cuidado que estos vulnerables pacientes precisan.

No obstante, sería un error atribuir el flagelo de la violencia armada a la precaria infraestructura en los servicios de salud mental. El problema es el fácil acceso de un enfermo peligroso a armamento. De tal modo que la tragedia en Missouri promete hacer de Estados Unidos un país más seguro.

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