Editorial

La pena de muerte, un asunto complicado

El Tribunal Supremo de Estados Unidos declaró el martes inconstitucional el sistema de pena de muerte que rige en el estado de Florida.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos declaró el martes inconstitucional el sistema de pena de muerte que rige en el estado de Florida. AP

El jueves la Corte Suprema de Florida optó por lo práctico y no por lo consistente cuando decidió que algunos de los condenados a muerte deben quedarse a esperar su ejecución de acuerdo al año en que se decidieron sus juicios, mientras a otros, más de 200, se les modificará la sentencia. En Florida el sistema sentencias para la pena capital entró en caos desde que la Corte Suprema de EEUU dictaminó que tal ley era inconstitucional. La opinión emitida por la Corte el jueves aclara un poco la forma en cómo se debe proseguir, pero no es la última palabra.

En el caso de Mark James Asay este tenía 23 años en 1987 cuando mató a tiros a dos hombres en Jacksonville. El jurado que lo condenó recomendó, por un voto de 9-3, que se le aplicara la pena capital. Hasta que la ley fue revocada este año, los jurados podían sugerir, en los casos de homicidio en primer grado, la pena de muerte o la cadena perpetua y para ello no hacía falta una votación unánime. La última palabra la tenía el juez. Pero en el caso de Asay, el juez citó tres elementos agravantes y lo sentenció a muerte.

Este año, la Corte Suprema dictaminó, en el caso de Hurst vs. Florida, que dicha ley violaba la garantía que da la Sexta Enmienda a tener un juicio con jurado y que otorgaba demasiada autoridad a los jueces. Esa decisión fue basada, en parte, en un caso del 2002, Ring vs. Arizona, en el cual el tribunal dictaminó que era el jurado, y no el juez, quien debía determinar los elementos agravantes.

Este fallo judicial del 2016 dejó en un limbo legal a 386 condenados a muerte de Florida, y causó un revuelo de peticiones para nuevos juicios. Sin embargo los fiscales estatales, comenzando por Pam Bondi, la Procuradora General de Florida, argumentaron que no debería afectar a los casos que se decidieron hace mucho tiempo atrás.

El jueves, la Corte Suprema de Florida trató, en esencia, de dividir la diferencia al crear una línea arbitraria.

Los cinco jueces de la mayoría dijeron que en el dictamen del caso Hurst, esto no aplicaba a los 173 casos que culminaron antes del caso de Arizona del 2002; ya que éstos se tranzaron en un precedente anterior el cual era considerado constitucional para ese momento.

Asimismo razonaron que el pedir nuevas sentencias, llamar a testigos y hurgar en las pruebas de esos casos (muchos de ellos con décadas de antigüedad), sería poco práctico y embarazoso para los tribunales. Ellos tienen razón en cuanto a lo práctico del asunto, pero hay una mejor manera que hubiese considerado a todos los condenados a muerte por igual sin necesidad de atiborrar a los tribunales con nuevos juicios.

El juez James Perry discrepó por escrito y argumentó que usar la fecha del 2002 traza una línea arbitraria entre los acusados que tienen derecho a protecciones constitucionales y aquellos que no lo tienen. “Sin duda alguna que surgirán situaciones donde personas que cometieron delitos igualmente violentos y cuyas sentencias de muerte fueron dictadas con solo días de diferencia, van a ser tratados de otra forma sin justificación alguna”, escribió Perry, quien pronto se va a retirar. También ofreció una solución sencilla: Declarar nulas las sentencias de muerte y emitir nuevas sentencias a cadena perpetua. Esto ayudaría a finalizar esos casos y a la vez dispensaría un castigo justo.

El quedarse aferrados a la pena de muerte no amerita los problemas ni los costos en tiempo y dinero que se generarían. La opinión emitida por la Corte Suprema de Florida intenta preservar el sistema de pena de muerte, pero su esfuerzo a alcanzar un compromiso pragmático crea aún más inconsistencias.

Este editorial fue previamente publicado por el Tampa Bay Times.

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