EN NUESTRA OPINIÓN: Un dilema de inmigración en Miami-Dade
El alcalde de Miami-Dade, Carlos Giménez, emitió una orden controversial el jueves pasado para asegurar al gobierno de Donald Trump que Miami-Dade no está funcionando como una “ciudad santuario” para inmigrantes indocumentados.
La razón: el presidente Trump ha indicado que castigará a las municipalidades que no cooperen en la persecución de los indocumentados quitándoles fondos federales. Para Miami-Dade, eso representa $355 millones del presupuesto anual de $1,700 millones del condado. Para Giménez, no es una cuestión de política, sino de economía.
El alcalde ha evitado la etiqueta de “ciudad santuario”, pero Miami-Dade ha actuado prácticamente como tal en los últimos años, gracias en parte al gobierno de Barack Obama. Antes de la presidencia de Obama, el FBI, Inmigración y Aduanas (ICE), y otras agencias federales eran alertadas cuando la policía local arrestaba a inmigrantes indocumentados por cualquier motivo, desde manejar un auto sin licencia hasta cometer un homicidio. Si el nombre de alguien disparaba una alerta, ICE emitía una solicitud pidiendo a la municipalidad que retuviera al inmigrante detenido. Obama suavizó esas reglas. ICE solo era alertado si la persona arrestada era acusada de un delito grave.
El año pasado, de 80,000 arrestados en Miami-Dade, ICE ordenó retener a 174.
Bajo el gobierno de Trump, la política es más onerosa: las autoridades buscan a cualquiera que haya sido arrestado y sea un inmigrante indocumentado. Es lamentable que este acoso del gobierno de Trump sea la nueva norma.
Es cierto que Giménez se vio entre la espada y la pared. “El alcalde es el alcalde de todo el pueblo, y no hará nada que ponga en peligro los fondos federales para nuestro condado”, dijo Mike Hernández, portavoz del alcalde, a la Junta Editorial. La decisión fue sin duda muy difícil.
Pero Miami-Dade es un condado donde la mayoría de la población está formada por inmigrantes e hijos de inmigrantes. El aporte de las sucesivas oleadas migratorias, en las cuales muchos han venido sin permiso, ha creado lo que somos hoy. Miami-Dade no se puede concebir sin su población inmigrante, incluyendo la contribución de los indocumentados.
La cooperación de los policías locales con el servicio de inmigración tiene un efecto indeseado: la pérdida de confianza de los inmigrantes –sobre todo los indocumentados– hacia los agentes de la ley. Esa desconfianza debilita la batalla contra el crimen, una batalla en la cual la comunicación entre las autoridades y los vecinos es imprescindible.
Giménez debió haber esperado antes de tomar tan rápidamente la decisión de acatar la orden de Trump. Otros alcaldes en ciudades de todo el país se han opuesto al dictado migratorio del Presidente.
De momento, esperemos que Trump cumpla su palabra de perseguir solamente a los inmigrantes indocumentados sospechosos de haber cometido crímenes. Los que trabajan duro y son arrestados por manejar sin licencia no deben ser retenidos por el condado. Eso tendría un costo terrible: la separación familiar.
Al mismo tiempo, la alcaldía debe mantener la promesa de que los policías de Miami-Dade no se convertirán en agentes de inmigración. Los departamentos locales de policía deben concentrarse en el trabajo local y no arrestar a nadie solamente porque sea indocumentado.
Una vez más, hay que repetir lo que hemos dicho tantas veces: el país necesita una reforma integral de inmigración que sustituya a un sistema que ya no funciona. Esa es la verdadera solución, en vez de presionar a las municipalidades para que hagan un trabajo que no les corresponde.
Esta historia fue publicada originalmente el 30 de enero de 2017, 5:48 p. m. with the headline "EN NUESTRA OPINIÓN: Un dilema de inmigración en Miami-Dade."