EN NUESTRA OPINIÓN: El derecho del público a saber
Gary Pruitt, presidente de Associated Press, subraya: “La Ley de Libertad de Información y las leyes de registros abiertos de los estados son poderosas herramientas para la información periodística. Pero es importante recordar que no existen solo para los periodistas. Son para todos”.
Los floridanos, en especial, deben prestar atención a estas palabras, porque muchos legisladores están tratando de socavar la capacidad de sus electores de ver cómo el estado realiza su función.
El domingo comienza el tributo anual de una semana al derecho del público a saber, conocida como la Semana de la Transparencia. Los medios noticiosos como el Nuevo Herald están, por supuesto, entre sus partidarios más vehementes, pero el acceso debe ser preocupación de todos.
La Florida sigue siendo un estado bastante progresista en este sentido. Por lo menos, tiene leyes de transparencia que dan al público el acceso que necesita a la información gubernamental. Pero con el paso de los años, los funcionarios electos han socavado el propósito de las leyes. Ahora hay un abismo entre la teoría de las leyes y la práctica.
Según Barbara Petersen, presidenta de la Fundación de la Primera Enmienda, “no hay una agencia en la Florida responsable de aplicar las leyes de registros públicos y reuniones abiertas”. Ese problema debe resolverse.
Cuando Gerald Bailey, ex jefe del Departamento de Policía de la Florida (FDLE), y el gobernador Rick Scott contaron de distintas formas la salida de Bailey de su puesto, la severidad de la acusación del ex jefe –que no renunció, sino que el gobernador lo despidió– se imponía una mayor investigación. Pero ante una acusación formal de confabulación entre asistentes del gabinete y Scott –una violación de la Ley de Transparencia–, el abogado estatal Willie Meggs declinó investigar. Lamentablemente para el público, Pam Bondi, la fiscal estatal –y miembro del gabinete– tampoco quiso investigar.
En este período de sesiones de la Legislatura, hay varias propuestas que socavarían aún más la información vital. Una propuesta en el Senado impediría conocer el historial laboral de funcionarios de la ley y empleados estatales como los del Departamento de Niños y Familias. Eso significa que el público no sabría si un funcionario que ha usado fuerza excesiva tiene un historial de ese tipo de conducta. Los partidarios de la medida dicen que se trata de la seguridad del público. No estamos de acuerdo.
La propuesta 223 de la Cámara crearía una excepción de la información que identifica al presidente, el director o el decano de una universidad estatal. También eximiría a las reuniones sostenidas para identificar a estos solicitantes.
Sencillamente, es una mala política pública. Estos puestos universitarios tienen mucho poder e influencia. Tienen presupuestos multimillonarios, y con frecuencia sus titulares ganan millones. Son responsables de la enseñanza de los estudiantes y de las lecciones que aprenden en el aula y fuera del aula. Vean la respuesta rápida y satisfactoria del presidente de la Universidad de Oklahoma, David Boren, a los cánticos racistas de una fraternidad. Cerró la fraternidad. El público debe tener voz y voto en este proceso políticamente cargado.
Como dice Gary Pruitt: “El derecho de saber lo que hacen los funcionarios públicos, cómo lo hacen, cuánto dinero gastan y por qué, ese derecho pertenece a todos los ciudadanos”.
Esta historia fue publicada originalmente el 14 de marzo de 2015, 2:00 p. m. with the headline "EN NUESTRA OPINIÓN: El derecho del público a saber."