EN NUESTRA OPINIÓN: La Florida no debe tolerar el secreto en el gobierno
Se acerca el final de un período de sesiones de la Legislatura de la Florida que no fue nada calmado. Un senador dijo palabras espantosas y ofensivas, mientras los legisladores han tratado de cubrir con un velo la forma en que tratan asuntos públicos.
El auge y la caída del senador estatal de Miami Frank Artiles han sido bien documentados. Pero no tanto los acuerdos secretos que allanan el camino para seguir socavando las leyes de transparencia del estado, que por varias décadas han colocado a la Florida en la vanguardia de la responsabilidad gubernamental.
La Cámara y el Senado han llegado a acuerdos sobre varios temas, gracias a negociaciones entre líderes de cada cámara. La resolución de extender los juegos de apuestas en la Florida y traer un nuevo casino a Miami-Dade se negoció por debajo de la mesa.
Los legisladores han trazado el enorme presupuesto del estado con poco escrutinio del público, como si el público no tuviera que preocuparse de nada.
Pero los floridanos deben estar preocupados. El gobierno abierto está bajo asedio.
El senador Greg Steube, republicano por Sarasota, por ejemplo, presentó un proyecto de ley que sellaría los antecedentes penales de las personas acusadas de delitos graves y de delitos menores si el fiscal estatal no presenta cargos; si todos los cargos se desestiman antes del juicio; o si el acusado es exonerado.
Barbara Petersen, presidenta de la Fundación de la Primera Enmienda, en Tallahassee, está preocupada, como deberíamos estar todos. “Si los antecedentes penales de alguien se sellan, no se encontrará ninguna mención en la página web de antecedentes penales del Departamento de Ley y Orden de la Florida”, señaló.
Aunque esos arrestos no deben perseguir a una persona para siempre, desestimar unos cargos no siempre significa que el sospechoso es inocente. Más bien significa que las autoridades no encontraron suficientes pruebas para mantener la acusación.
Digamos que se quiere revisar los antecedentes penales de una persona que está solicitando un trabajo de cuidar niños. Cualquier arresto previo no aparecería. No habría ninguna señal de aviso.
Otra propuesta, ya enviada al gobernador Rick Scott, requeriría mantener en secreto la identidad de testigos de asesinatos por dos años, lo cual dificultaría al público pedir cuentas a la policía y a los fiscales.
Otro proyecto de ley mantendría en secreto el nombre de solicitantes al cargo de presidente de una universidad.
El estado está socavando las leyes de transparencia, que aseguran el derecho de los floridanos a estar informados sobre la forma en que los legisladores están trabajando. Una propuesta aprobada por la Cámara eliminaría aspectos importantes de esa garantía, y podría dejarla nula, al permitir a funcionarios locales electos, desde comisionados municipales y de condados hasta miembros de juntas escolares, reunirse a puerta cerrada y discutir asuntos públicos en secreto.
Dos miembros podrían reunirse en privado para discutir un tema, y luego reunirse con otros miembros para influenciar —para bien o para mal— el resultado de una votación pública. La propuesta trata de aliviar cualquier daño posible al prohibir que los funcionarios discutan en secreto temas sobre fondos públicos o contratos con negocios privados.
Este intento de privar a los floridanos del derecho de pedir cuentas a sus representantes es alarmante. Pero no es demasiado tarde para que los legisladores cuya prioridad es el electorado cierren filas contra esas propuestas.
Esta historia fue publicada originalmente el 2 de mayo de 2017, 6:16 a. m. with the headline "EN NUESTRA OPINIÓN: La Florida no debe tolerar el secreto en el gobierno."