EN NUESTRA OPINIÓN: Una reforma al sistema de fianzas
Con su rostro pálido y una cicatriz sobre un ojo, el senador John McCain regresó al Capitolio el martes pasado y dijo lo que muchos norteamericanos llevan años pensando.
“Hemos estado aplazando muchos asuntos importantes”, señaló el republicano de Arizona a sus colegas, “porque seguimos tratando de buscar una manera de ganar sin ayuda del otro bando”.
Pero podría haber por lo menos un rayo de esperanza.
La senadora Kamala Harris, demócrata de California, y el senador Rand Paul, republicano de Kentucky, están trabajando de una manera decididamente bipartidista para implementar una reforma al sistema de fianzas.
Ambos presentaron este mes un proyecto llamado Ley de Integridad y Seguridad Antes del Juicio y han aparecido en programas de televisión para dar publicidad al proyecto.
Aunque el proyecto no necesita mucha publicidad.
En muchos estados, miles de personas se encuentran todos los días en cárceles de condados, no porque hayan sido declarados culpables de un delito, sino porque no pueden pagar la fianza. Suelen ser personas pobres, de clase trabajadora, negros o hispanos.
En todo el país, a nueve de cada 10 detenidos se les fijó fianza, pero no pudieron cumplir con las condiciones financieras requeridas para salir de la cárcel. No poder pagar la fianza da lugar muchas veces a que personas inocentes se declaren culpables de delitos menores para salir de la cárcel.
“Si están esperando juicio y no constituyen un riesgo, no deben ser un cargo para los contribuyentes, especialmente cuando una persona en una situación similar no está tras las rejas porque pudo firmar un cheque”, dijo Harris.
La ley tiene el propósito de alentar a estados como la Florida para que reformen o reemplacen su sistema de fianzas.
Mientras los acusados esperan tras las rejas que les celebren el juicio, generalmente por varias semanas, pero a veces por meses o años, pueden perder sus empleos y a veces hasta el matrimonio, aumentando la carga sobre la red de seguridad social de la nación.
Es una tragedia que ocurre todos los días en todo el país, excepto en estados como Nueva Jersey, que han promulgado sus propias reformas. Otros estados han tratado de eliminar las fianzas, dejando en libertad a los acusados sobre la base del nivel de riesgo que representan para el público.
Los que se oponen al proyecto se quejan del costo de establecer agencias de servicios antes del juicio, que determinarían si un acusado debe ser liberado antes del juicio.
Harris y Paul quieren crear un programa de $10 millones por tres años que pagaría a los estados para sustituir las fianzas.
El Departamento de Justicia nacional requeriría a los estados que informen su progreso para asegurar que las reformas no sean discriminatorias.
La idea es alentar a los estados, no exigirles, que reemplacen sus sistemas de fianzas de una manera viable.
Es un método que los republicanos deberían respaldar, y que a los demócratas les encantaría.
Reformar el injusto sistema de fianzas de la nación es un paso políticamente inteligente para Harris y Paul.
El resto del Congreso debe respaldar su empeño.
Este editorial se publicó originalmente en The Sacramento Bee.
Esta historia fue publicada originalmente el 29 de julio de 2017, 6:25 a. m. with the headline "EN NUESTRA OPINIÓN: Una reforma al sistema de fianzas."