Editorial

EN NUESTRA OPINIÓN: Los nicas deben conservar la protección del TPS

Ante la crisis en Nicaragua, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la semana pasada una resolución redactada por la congresista Ileana Ros-Lehtinen que condena la violencia en el país centroamericano y pide sanciones contra individuos vinculados al gobierno del presidente Daniel Ortega.

El senador Marco Rubio presentó una resolución parecida en el Senado.

Ros-Lehtinen señaló además otro problema que la crisis ha agravado. El pasado noviembre, el gobierno de Donald Trump decidió eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) otorgado a los nicaragüenses en 1998, cuando el huracán Mitch devastó el istmo. Los nicaragüenses que viven en Estados Unidos bajo esa protección especial ahora tienen hasta enero del 2019 para solicitar algún tipo de residencia legal. Si no lo consiguen, tendrán que regresar a Nicaragua.

Son más de 5,000 inmigrantes que tendrían que regresar a un país sacudido por la violencia y que afronta un futuro incierto, con el crecimiento económico severamente disminuido y un gobierno que encara una fuerte oposición y numerosas acusaciones de represión.

“Si vamos a decir que la situación en Nicaragua es terrible, ¿por qué entonces vamos a deportar a tantos nicaragüenses cuando estamos diciendo que el país está en el caos político?”, expresó la congresista Ros-Lehtinen.

Tiene razón. Nicaragua ha sufrido la peor crisis política con una fuerte dosis de violencia desde la rebelión que derrocó al dictador Anastasio Somoza en 1979. Daniel Ortega fue uno de los líderes del movimiento sandinista que encabezó la lucha popular que sacó del poder a la dinastía de los Somoza en aquel momento. Paradójicamente, hoy muchos opositores de Ortega, al acusarlo de la represión desatada, lo han comparado con el desaparecido dictador.

La estabilidad que disfrutaba Nicaragua después que Ortega regresó al poder e hizo un pacto con la empresa privada ha desaparecido. El mandatario afirma que ha controlado la situación, pero las protestas siguen, el malestar se mantiene y nadie puede asegurar que no ocurra otro estallido en algún momento.

La economía tenía un crecimiento saludable antes de que comenzaran las protestas el 18 de abril y los opositores paralizaran el país levantando barricadas en calles y carreteras. Pero ha sufrido un duro golpe, muchos empleos se han perdido y el turismo, que había aumentado notablemente, ahora es casi nulo. Muchos nicaragüenses están saliendo del país.

Ante esos problemas, lo menos que necesitan los nicaragüenses que tenían la protección del TPS es que los envíen de vuelta a un país conmocionado por meses de violentos choques y económicamente debilitado.

“Creemos que sería irresponsable para los Estados Unidos mandar a estos individuos a Nicaragua a afrontar la violencia, el caos y la opresión”, dijo un grupo de legisladores de ambos partidos en una carta enviada al presidente Trump.

Los legisladores son los republicanos Mario Diaz-Balart, Ileana Ros-Lehtinen y Carlos Curbelo, y los demócratas Albio Sires, Debbie Wasserman, Adam Schiff y Norma Torres. Su mensaje debe ser escuchado en la Casa Blanca. Se debe mantener la protección del TPS para los nicaragüenses.

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