Editorial

EN NUESTRA OPINION: Contra la evasión de impuestos

El último objetivo de la Casa Blanca para usar la “autoridad ejecutiva” es la estrategia de empresas norteamericanas de establecer una sede en otro país para reducir su deuda con el Tesoro nacional. En el mundo de los negocios, esto se llama “inversión”. En lenguaje cotidiano, es una evasión de impuestos.

Lo ideal sería que ningún presidente tenga que recurrir a la autoridad ejecutiva. El Artículo 1 de la Constitución coloca “todos los poderes legislativos” en el Congreso. Pero cuando los legisladores usan los sistemas de balance de la democracia para bloquear medidas sobre asuntos críticos, los presidentes tienen que ejercer su poder dentro de los límites de la ley.

La “inversión” se usa desde hace tiempo, pero recientemente ha habido una carrera por aprovechar esta laguna fiscal. Una compañía que llamó la atención en el Congreso es Burger King, radicada en Coral Gables, que se está mudando a Canadá (aunque manteniendo su presencia aquí). Para ser justos, ese paso parece estar más impulsado por mayores perspectivas de ventas que por evitar impuestos.

Pero desde principios del 2012, por lo menos 21 compañías norteamericanas han anunciado o completado un traslado legal al extranjero, fuera del alcance del IRS. Tienen el derecho legal de mudarse, pero es injusto: siguen beneficiándose de operar en Estados Unidos, pero pagan menos por el privilegio, lo que les da una ventaja injusta sobre las empresas que optan por quedarse y pagar.

El plan del gobierno eliminaría incentivos para que las empresas norteamericanas adquieran una compañía extranjera y usen su dirección en ultramar con fines fiscales. Para estar seguros de que la compañía fusionada no está disfrazada como una entidad no norteamericana, los accionistas de la compañía deben tener por lo menos el 50 por ciento de la corporación recién formada (muy por encima de la norma actual del 20 por ciento). También sería retroactiva, para evitar una estampida de compañías hacia el extranjero antes de que se promulgue la medida.

Los críticos dicen que el verdadero culpable es la complejidad del anticuado código fiscal, que no se reforma desde 1986 y que desde entonces se ha convertido en una monstruosidad ineficiente y llena de lagunas. También culpan a la tasa impositiva para las corporaciones, del 35 al 40 por ciento, la más alta del mundo industrializado, aunque la tasa promedio efectiva es del 27 al 28 por ciento después de deducciones y exclusiones.

De todas formas, es demasiado alta. El Congreso debe bajarla, y además modernizar el código fiscal para que sea más eficiente y favorezca más la competencia.

Pero la necesidad de cambiar el código no es una excusa para no detener la sangría de dólares. Con el estancamiento en el Capitolio, la reforma fiscal podría tardar años. Entretanto, según estimados, el Tesoro podría perder hasta $20,000 millones con el traslado de corporaciones al extranjero.

Solo la reforma fiscal puede resolver el problema, pero mientras el Congreso se decide a actuar, el presidente Obama debe hacer lo que pueda para que las corporaciones que se trasladan no sigan erosionando la base fiscal de la nación.

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