Editorial

Los escuadrones asesinos de Rusia insultan a los países que respetan las leyes

Fotografía distribuida por la policía inglesa de Alexander Petrov y Ruslan Boshirov, dos ciudadanos de Rusia acusados de intentar envenenar el marzo de 2018 en suelo británico al ex espía ruso Sergei Skripal y a su hija, Yulia.
Fotografía distribuida por la policía inglesa de Alexander Petrov y Ruslan Boshirov, dos ciudadanos de Rusia acusados de intentar envenenar el marzo de 2018 en suelo británico al ex espía ruso Sergei Skripal y a su hija, Yulia. Metropolitan Police/Getty Images

La palabra “descarado” difícilmente hace justicia para describir el ataque usando sustancias químicas en contra del ex agente de inteligencia ruso Sergei Skripal y su hija en la localidad de Salisbury, Inglaterra.

La investigación británica hecha pública el miércoles mostró que dos hombres rusos viajaron a Londres desde Moscú en la aerolínea Aeroflot, llevaron a cabo el intento de envenenamiento, arrojaron la sustancia sobrante en un contenedor para donaciones de caridad y tomaron un vuelo de vuelta a casa. Parece que quienquiera que ordenó esta operación quería que los asesinos fuesen ostentosos al respecto, para llamar la atención de Gran Bretaña.

En marzo, lograron envenenar gravemente a los Skripals, que sobrevivieron y se recuperaron. La sustancia química, que fue descartada en un frasco de perfume, fue encontrada por un recolector de chatarra y se la dio a su novia, Dawn Sturgess, quien murió tras ser expuesta al químico. Los dos rusos han sido acusados in absentia de intento de asesinato, fueron identificados por la primera ministra británica Theresa May como oficiales del GRU, el servicio de inteligencia militar de Rusia, y probablemente viajaron usando nombres falsos.

Posiblemente no serán extraditados a Gran Bretaña, así como los asesinos del ex oficial de la KGB Alexander Litvinenko escaparon al castigo tras envenenarlo fatalmente en 2006 al colocar polonio en su té en un café de un hotel de Londres. Como era de esperarse, Rusia ha negado categóricamente los hechos.

Estos son actos fuera de la ley. El presidente Vladimir Putin declara periódicamente su intención de convertir a Rusia otra vez en un gran país y añora por el “respeto” que él lamenta se perdió después del colapso de la Unión Soviética. Pero esos escuadrones asesinos que operan en suelo extranjero son un insulto a las naciones que defienden el estado de derecho y las normas internacionales. El Sr. Putin, un veterano de la KGB, debe ser juzgado por sus acciones, no por sus palabras. Esto fue una farsa patrocinada por el Estado, un trabajo engreído que recuerda las tácticas de su antiguo servicio, que una vez ayudó a matar a un disidente búlgaro en una esquina de Londres con una bola de ricino en la punta de un paraguas.

La sustancia química utilizada, perteneciente a la clase Novichok desarrollada por la Unión Soviética al final de la Guerra Fría, fue catalogada como 97-98 por ciento pura por el personal técnico de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas. Gran Bretaña debería responder con fuerza. Según el Artículo 9 de la Convención de Armas Químicas, el tratado que prohíbe el uso de tales armas, del cual Rusia es firmante, Gran Bretaña puede presentar reclamaciones de incumplimiento y eventualmente llamar a una reunión de las naciones que han firmado y ratificado el acuerdo. Londres debe seguir adelante utilizando todos los recursos para exponer el comportamiento ruso y lograr un castigo, incluyendo uno en las Naciones Unidas.

Por su parte, el gobierno de Trump recientemente impuso sanciones que eran requeridas por una ley de 1991 que limitaba la exportación de algunos productos a empresas estatales y de propiedad estatal. La ley prevé una segunda ronda de castigos incluso más estrictos si no hay indicios de que Rusia cumpla con este reglamento. A juzgar por la obstrucción de Moscú, los preparativos para aplicar la segunda ronda de penalidades deberían continuar.

Después de que Litvinenko murió, Gran Bretaña no hizo lo suficiente para asegurarse de que este tipo de acciones no volvieran a suceder. Ahora ha vuelto a ocurrir, y la respuesta debe estar a la altura de esta acción criminal.

Este editorial fue publicado el 5 de septiembre por la Junta Editorial del Washington Post.

  Comentarios