EN NUESTRA OPINIÓN: Límites al espionaje del gobierno
El revisado programa de espionaje telefónico que el Senado aprobó finalmente el martes y envió al presidente no va tan lejos como querían varios activistas de las libertades civiles, pero es la primera vez que el Congreso le pone límites a la capacidad del gobierno de espiar a los norteamericanos después del 9/11.
Solo eso debería dar cierta satisfacción a los norteamericanos que temen que el aparato de seguridad nacional de Washington se haya excedido y haya afectado el derecho a la privacidad de los ciudadanos.
La USA Freedom Act, como se llama ahora, pondrá fin a los programas de recolección de registros telefónicos de la Agencia Nacional de Seguridad y lo reemplazará con una medida más restrictiva para mantener los registros en manos de las compañías telefónicas. La mayoría de los programas de la vieja Ley Patriota seguirán intactos en la nueva ley.
Ahora, en un notable mejoramiento de la ley, el gobierno necesitará órdenes judiciales para obtener datos conectados a números específicos de las telefónicas, que suelen guardarlos por 18 meses. Además, la nueva ley crea un panel de expertos externos para asesorar a la Corte de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, que hasta ahora mayormente ha hecho lo que el gobierno de Bush y el de Obama han pedido.
Los miembros del Senado también se opusieron al intento del líder de la mayoría, Mitch McConnell, republicano por Kentucky, de incluir una cláusula que desclasificaría opiniones importantes del tribunal secreto de vigilancia. El senador McConnell luchó contra todas las mejoras en la versión aprobada por la Cámara, pero al final el Senado la aprobó.
Más allá de los cambios en la ley, el mejor aspecto de la revisión de la Ley Patriota es que los representantes del pueblo en Washington sostuvieron un debate público sobre la cuestión fundamental del equilibrio entre la privacidad y la seguridad nacional.
Las revelaciones de Edward Snowden mostraron que el gobierno había estirado las cláusulas de la Ley Patriota hasta el punto de incomodar a muchos norteamericanos, entre ellos muchos congresistas, y que todo se hizo en secreto. Las repetidas afirmaciones de los funcionarios de inteligencia, incluso del presidente Obama, de que todo se hizo “por nuestro bien” no borraron la sospecha de que el gobierno estaba aumentando su poder de vigilancia e intrusión a expensas de los derechos de los ciudadanos y de la Cuarta Enmienda de la Constitución.
En todo esto hay lecciones para gobiernos futuros y para las generaciones futuras.
La primera es que si el gobierno quiere que los norteamericanos acepten un programa controversial, debe presentar sus argumentos en público para someterlos al rigor del debate y la inspección escéptica. Eso es democracia básica.
La otra lección es que los ciudadanos que aceptan un retroceso en sus libertades descubren un día que el gobierno se ha extralimitado. A raíz del 9/11, hubo poco apoyo público para los que se preguntaron si la Ley Patriota era una reacción exagerada que hizo más mal que bien y que amenazó las libertades básicas. Los temores del público eran comprensibles, pero ahora parece que los escépticos tenían razón.
Esta historia fue publicada originalmente el 4 de junio de 2015, 2:32 p. m. with the headline "EN NUESTRA OPINIÓN: Límites al espionaje del gobierno."