Demócratas de Florida deben bloquear una ley que restringe el mandato de vacunación | Editorial
Los legisladores republicanos están presionando para que se multe a las empresas que impongan el mandato de la vacunación contra el COVID-19 con hasta la impresionante cantidad de $50,000 por infracción. Pero el motivo y la forma por las cuales estas empresas serían multadas se podrán mantener en secreto.
El objetivo, dicen los legisladores, es proteger la identidad de los trabajadores que presenten quejas contra las empresas que no ofrezcan ciertas exenciones a esos mandatos, por cualquier motivo, desde creencias religiosas hasta un “embarazo previsto”.
Pero los republicanos han elaborado un proyecto de ley tan amplio —“inconstitucionalmente amplio”, según los activistas por la transparencia en el gobierno que hablaron con el Herald— que parece más bien orientado a proteger al propio gobierno del escrutinio público.
Según el proyecto de ley 4B del Senado y el proyecto de ley 3B de la Cámara de Representantes, que se están estudiando durante la sesión legislativa especial de esta semana, las quejas e investigaciones relativas a los mandatos de vacunación contra el COVID-19 de los empleadores estarían exentas de las leyes de divulgación de los registros públicos de la Florida, al menos hasta que se complete la investigación y, en algunos casos, indefinidamente.
En la oscuridad
Esto significa que los floridanos no conocerán los nombres de las empresas investigadas ni los vínculos políticos que puedan tener. Podrían no saber si un gran donante del gobernador DeSantis recibió un trato preferencial, o si el fiscal general de la Florida tomó más en serio las quejas sobre la negación de exenciones religiosas a los cristianos que a otras religiones.
Las investigaciones se harían públicas una vez que se hayan completado o ya no estén activas, pero hay una laguna legal muy grande. Las investigaciones seguirían siendo secretas si su divulgación pusiera en peligro la “integridad de otra investigación activa”, como la queja de otro empleado, o revelara la información médica o las creencias religiosas de un trabajador.
En otras palabras, podemos esperar muy poco acceso público si esta legislación se aprueba al final de la sesión especial del jueves. Qué manera de mantener a los contribuyentes en la oscuridad respecto a un proceso que ha sido altamente politizado, con DeSantis utilizando su oposición a los mandatos para los empleadores como un arma contra el presidente Joe Biden y una herramienta para aumentar su perfil —y los fondos— antes de las primarias presidenciales de 2024.
Sin embargo, la minoría demócrata en Tallahassee tiene la rara oportunidad de detener esta mala legislación, y debería aprovecharla. Las exenciones de los registros públicos requieren la aprobación de dos tercios de ambas cámaras.
En el Senado, eso solo ocurrirá si consiguen que su tolda se mantenga unida —lo que, en sí mismo, sería una hazaña— y no ceda al regateo político que tiene lugar tras bambalinas. Los legisladores demócratas de la Florida han tenido poca habilidad para bloquear algunas de las restricciones legislativas más atroces de los republicanos sobre los derechos básicos de los floridanos. No deberían desaprovechar esta oportunidad para frenar en seco otra iniciativa legislativa atroz.
Demasiado amplio
Si el objetivo de esta legislación es proteger la identidad de un empleado que presenta una queja para que no enfrente represalias, ¿por qué no elaborar un proyecto de ley específico que haga precisamente eso? ¿Por qué entonces mantener también en secreto el nombre de la empresa? Ni el presidente de la Cámara de Representantes ni el del Senado pudieron explicar porqué, según informó el lunes la Oficina de Tallahassee del Herald/Times.
Tal vez la respuesta esté en el hecho de que la legislación consagraría una práctica que ha sido omnipresente durante la pandemia: la falta de transparencia y la lentitud por parte de las agencias estatales —o directamente la ignorancia— de las solicitudes de registros públicos.
El año pasado, cuando la pandemia comenzó a dominar la Florida, el gobierno de DeSantis no respondió a las solicitudes de registros públicos para obtener información específica sobre el rastreo de contactos en la Florida y no quiso revelar el número de muertes en instalaciones de cuidado de ancianos específicas.
Después de que DeSantis declarara que la Florida había vencido al COVID-19 en junio, el Departamento de Salud de la Florida dejó de publicar las cifras diarias del COVID-19, como lo hizo al principio de la pandemia, cambiando a informes semanales. Durante 105 días este verano, mientras la variante Delta causaba estragos, el Estado dejó de revelar el número de muertes por condado, informó el Tampa Bay Times.
Más recientemente, después de dar a conocer al Orlando Sentinel los nombres de 100 empresas que estaban siendo investigadas por violar potencialmente la prohibición del pasaporte de vacunas del Estado, el DOH se negó a publicar una lista posterior a pesar de las numerosas peticiones del Herald/Times.
Así que perdónennos por no confiar en que nuestros legisladores tengan las mejores intenciones con este último ataque al derecho del público a saber.
Esta historia fue publicada originalmente el 17 de noviembre de 2021, 6:11 p. m..