El panel de supervisión de la policía de Miami-Dade debe ponerse en marcha | Editorial

Los miembros del tan esperado Panel Civil Independiente (ICP), recreado en 2020 para investigar las denuncias y quejas de abuso presentadas contra agentes de policía de Miami-Dade, ya están preocupados por el tiempo que existirá su panel y por si sus poderes pudieran verse diluidos.

En 2024 habrá un nuevo jefe de policía electo en Miami-Dade que pudiera reestructurar, o incluso disolver, el panel. La Comisión del Condado aún tiene que determinar el alcance del poder del jefe de policía electo, y no creemos que debiera extenderse al Panel Civil Independiente.

Algunos comisionados, como Raquel Regalado, reconocen lo vital que serán los parámetros de la autoridad del jefe de policía electo: “Esta será la decisión más crucial que tomará la junta” en décadas. Regalado tiene razón.

Pero antes de eso, las partes interesadas deberían empezar a blindar al panel. Para ello, el ICP debe lanzarse a sus tareas de supervisión, darse a conocer y demostrar su valor.

Tuvieron que pasar 11 años y el asesinato de George Floyd en Minneapolis para que Miami-Dade reactivara su junta de supervisión civil, que había estado inactiva desde 2009 por cuestiones presupuestarias.

El renacimiento del ICP en 2020 es la victoria final de la ex comisionada Barbara Jordan antes de dejar su cargo. Ella luchó mucho por ello, pero tuvo que renunciar a sus poderes de citación para que la comisión lo aprobara. Aun así, lo consiguió y la felicitamos.

Piezas faltantes

En su reunión mensual de la semana pasada, el panel civil escuchó un informe de la vicepresidenta Pam Perry, que advirtió a los miembros de su incierto futuro. La enmienda constitucional aprobada por los votantes en todo el estado que revivió la oficina del Jefe de Policía Electo de Miami-Dade después de 54 años “supera la enmienda de la carta que creó este panel”, dijo. “Una vez que las piezas políticas encajen, habrá claridad en el poder del jefe de policía electo”, dijo Perry.

Aunque la oficina del jefe de policía electo no entrará en funcionamiento hasta las elecciones de 2024, cualquier momento en que las “piezas políticas” tengan que encajar en esta ciudad, no es demasiado pronto para preocuparse.

Una optimista presidenta del ICP, Loreal Arscott, dijo al grupo que había asistido a una reciente reunión de interesados con la alcaldesa Daniella Levine Cava sobre el tema del jefe de policía electo y que todo es “muy preliminar”.

Estoy de acuerdo, pero garantizar la supervivencia del panel civil debería estar sobre la mesa ahora, no en el último momento.

Incluso sin poder de citación, el panel es una oportunidad para que los miembros del público que creen que han sido maltratados por la policía expresen sus quejas. En un momento en que las interacciones de la policía con los miembros de la comunidad en general –y con los habitantes afroamericanos, en particular–, su existencia es importante para ayudar a reducir los encuentros hostiles.

El panel puede ayudar a garantizar su supervivencia haciéndose indispensable para la comunidad. Eso está lejos de ser cierto en este momento. Su existencia es más bien un misterio.

Dos años después de su creación, el panel sigue intentando contratar a un director ejecutivo, crear estatutos, lanzar un sitio web interactivo y trasladarse a un nuevo espacio de oficinas, todo ello antes de poder atender su primer caso.

Pero los retrasos comenzaron mucho antes, con una disputa entre los comisionados del condado sobre el número de abogados que podían formar parte del panel; cada comisionado puede nombrar a un miembro. Esta disputa innecesaria tardó meses en resolverse. El miércoles, la denuncia de un ciudadano se esfumó porque el panel tuvo que admitir que aún no tenía “ninguna infraestructura para examinar los asuntos”.

Una nueva directora entre bastidores

El logro más significativo del panel es el viaje a un seminario de capacitación fuera de la ciudad y, más recientemente, la identificación por parte de su comité de selección de una finalista para convertirse en su nueva directora ejecutiva, un puesto que algunos esperaban que estuviera cubierto a finales del año pasado. Pero ahora, la Comisión del Condado no puede aprobar la contratación de Nicolle Barton –ex directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Civil de St. Louis y actual coordinadora del decreto de consentimiento de la ciudad de Ferguson, Missouri– hasta marzo.

Barton tiene un currículo impresionante. Sospechamos que el salario será un problema para un panel cuyo presupuesto para el condado ronda los $740,000 para cada uno de sus dos años. Eso va a estar apretado.

Barton dijo al grupo a través de Zoom que tendrán que someterse a por lo menos 10 semanas de capacitación para estar preparados para escuchar los casos de quejas de la policía civil. Otro retraso sustancial, aunque definitivamente necesario.

El espacio de oficinas es otro problema. El panel fue informado de que el condado había conseguido el piso 19 del antiguo palacio de justicia del condado en el downtown de Miami, pero algunos miembros, con razón, estaban preocupados por el amianto y los problemas estructurales que plagan al histórico palacio de justicia de 1928 en 73 W. Flagler St. Las señales indican que el tema del espacio de oficinas provocará otro retraso.

Tampoco es todavía una realidad un sitio web interactivo donde los residentes puedan presentar fácilmente sus quejas contra los agentes de policía de Miami-Dade.

Sabemos que hay mucho trabajo por hacer, y bajo el liderazgo de Arscott, el panel está avanzando metódica y cautelosamente. Pero el tiempo es esencial.

El panel cuenta con el apoyo de la abogada de la ACLU de la Florida Jeanne Baker, quien fue una de las ciudadanas que lideró el impulso para revivir una junta de supervisión policial. Baker asistió a la reunión de la semana pasada y elogió a la junta por su “diligencia”.

Pero el panel debe acelerar su proceso. Como dijo el integrante Eduardo Domínguez al panel: “Hay mucho trabajo por hacer”.

Estamos de acuerdo. Así que, que empiece el trabajo.