EN NUESTRA OPINIÓN: Un escándalo bajo la lupa
El Departamento de Policía de la Florida (FDLE) debe llegar al fondo del escándalo de lavado de dinero en el Departamento de Policía de Bal Harbour; y la Legislatura debe asegurarse de que el uso del dinero de los narcotraficantes por la fuerza policial no se repita en otras partes del estado.
La policía de Bal Harbour debía realizar operaciones encubiertas contra miembros de carteles de las drogas y otros grupos criminales, y los negocios cómplices. La iniciativa debió haber hecho mella en la actividad delictiva de esas organizaciones.
Pero a los integrantes del equipo especial los dominó la codicia. Viajaron a ciudades de Estados Unidos, recogieron millones en efectivo de intermediarios de los carteles y lavaron el dinero en varios negocios locales. El equipo se quedaba con una parte, generalmente necesitada como prueba. “Limpiaron” por lo menos $71 millones del dinero mal habido. Pero no hicieron arrestos localmente y gastaron miles y miles de dólares en lujos.
El jefe de policía en ese momento, Thomas Hunker, renunció en el 2013, debido a una investigación federal sobre cómo el departamento usó dinero y bienes confiscados a empresas delictivas. Pero los agentes del equipo especial se han retirado o siguen en la policía. Tienen preguntas que responder.
El FDLE debe intervenir después que concluya una auditoría interna, ordenada por los funcionarios electos de Bal Harbour.
Sabemos que los integrantes del equipo especial fueron a hoteles de lujo en Puerto Rico y Las Vegas; volaron en primera clase o en clase de negocios más de 40 veces y compraron artículos costosos. Han desaparecido recibos por más de $400,000. El hecho de que el equipo especial no hizo arrestos localmente indica que sus miembros probablemente deseaban continuar la lucrativa operación.
El FDLE es la agencia indicada para investigar y determinar si se violó la ley estatal. El Departamento de Justicia federal también debería investigar las acciones del desintegrado equipo especial. Pero el Departamento de Justicia tiene un problema: el equipo de Bal Harbour trabajaba con la Agencia de Lucha Contra las Drogas (DEA), bajo cuyas narices ocurrió la trama del lavado de dinero. Y el FBI nunca observó las finanzas del equipo, solo la confiscación de bienes. Tanto la DEA como el FBI pertenecen al Departamento de Justicia.
No hay ley en el estado que requiera que las operaciones encubiertas deben contar con una aprobación judicial o de la fiscalía para gastar dinero confiscado. Y ahí es donde la Legislatura debe intervenir. Los abusos del equipo especial de la policía de Bal Harbour nunca debieron haber ocurrido, y no se debe permitir que ocurran en otros lugares.
Esta historia fue publicada originalmente el 9 de julio de 2015, 0:13 p. m. with the headline "EN NUESTRA OPINIÓN: Un escándalo bajo la lupa."