EN NUESTRA OPINIÓN: Fin a la crisis en la Española
La deportación de personas que el gobierno de República Dominicana identifica como haitianos ha creado una grave crisis humanitaria en la frontera que comparten ambos países y debe detenerse antes de que cree más problemas.
El embajador dominicano en Estados Unidos declara —vea su mensaje en la página siguiente— que nadie nacido en la República Dominicana será deportado y nadie que posea o tenga derecho a la nacionalidad dominicana legal será privado de ella. Su gobierno afirma que está tratando de arreglar un sistema de inmigración y ciudadanía fallido para llevar a todos los que están en el país a un “marco legal”.
Pero informes de periodistas y organizaciones de derechos humanos describen deportaciones a la fuerza realizadas por el ejército, éxodos de personas huyendo del país por miedo a los que echen o a sufrir un trato rudo de las autoridades dominicanas.
República Dominicana tiene el derecho de regular la inmigración y la ciudadanía en su territorio, pero eso no justifica sembrar el pánico entre los que carecen de la documentación adecuada.
Hay que recordar que esto comenzó con decisiones de los tribunales dominicanos que despojaron de la ciudadanía a cualquiera nacido en el país cuyos padres no tuvieran residencia legal. Luego hicieron la medida retroactiva a 1929. El plazo para solicitar la ciudadanía fue el 1 de febrero. Solo la pidieron unos 9,000, aunque se calcula que 300,000 eran elegibles.
Para empeorar las cosas, el gobierno fijó el 17 de junio como la fecha límite para normalizar la residencia, tras el período de inscripción de 18 meses.
Pero el gobierno no estaba preparado para la gran cantidad de solicitantes, y no escuchó las peticiones del gobierno haitiano de extender el plazo. El gobierno de Haití no está libre de culpa. Debido a la desorganización de su registro civil, no ha podido emitir los documentos apropiados a tiempo para cumplir con el plazo, y obtener un pasaporte haitiano ha sido una pesadilla.
El gobierno dice que más de 350,000 residentes se han beneficiado de la Ley de Naturalización y del plan de regularización, y que para fines de agosto se habrán revisado los casos de casi 290,000 personas en busca de la residencia.
Pero el proceso ha sido un caos desde el inicio. Las personas de origen haitiano temen ser víctimas de una deportación súbita. Las autoridades a menudo tratan con crueldad a los que piensan que están en el país ilegalmente.
El gobierno dominicano y el haitiano deben llegar a un acuerdo. Y los otros gobiernos del hemisferio, incluido el de Estados Unidos, deben pedir un fin inmediato a esta crisis intolerable.
Esta historia fue publicada originalmente el 11 de julio de 2015, 0:38 p. m. with the headline "EN NUESTRA OPINIÓN: Fin a la crisis en la Española."