EN NUESTRA OPINIÓN: Inmigración y política
El Congreso se está apresurando a dar un paso contra la inmigración y las “ciudades santuario” por las razones equivocadas.
El asesinato de Kathryn Steinle en San Francisco este mes, presuntamente cometido por Juan Francisco López Sánchez, un inmigrante ilegal de México que había sido deportado cinco veces, es una tragedia que nunca debió haber ocurrido.
Si a la condición de San Francisco de “ciudad santuario” que se niega a cooperar con la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE) se agrega el alboroto contra la inmigración indocumentada que ha causado Donald Trump, se produce instantáneamente una controversia que ha puesto frenéticos a algunos congresistas.
El problema es que si como quieren algunos legisladores se imponen penalidades contra las ciudades santuario, no se resolverá nada. Al contrario, se complicarían las relaciones ya problemáticas entre ICE y muchas comunidades.
La solución está en buscar formas de reconstruir la confianza entre comunidades que aceptan a los inmigrantes y ICE, la agencia federal a cargo de las deportaciones. Hay que buscar la manera de respetar las opiniones de las comunidades y al mismo tiempo proteger la seguridad del público.
Algunos inmigrantes son una amenaza pública y deben ser deportados. Pero poner en la misma categoría a los inmigrantes que en general respetan las leyes solo porque hayan recibido una multa de tráfico, aumenta el temor y la desconfianza en las comunidades inmigrantes. Esto dificulta el trabajo de las autoridades, ya que muchos vecinos no hablarán con los policías que necesitan su cooperación.
En el caso del asesinato de Kathryn Steinle, la policía de San Francisco dejó en libertad a López Sánchez a pesar de la solicitud urgente del Departamento de Seguridad Interna de que lo retuvieran para deportarlo. El municipio generalmente prohíbe a los empleados públicos ayudar a ICE en investigaciones o arrestos a menos que la ley lo requiera, excepto en el caso de criminales convictos.
Afortunadamente, el condado Miami-Dade no va tan lejos. “Retenemos a los criminales detenidos por ICE”, dice el alcalde Carlos Giménez. Pero a menos que haya una orden de arresto, el condado no retiene a los detenidos por 48 horas, de manera que Inmigración los puede recoger.
Eso no convierte a Miami-Dade en un “santuario” para los inmigrantes, pero sugiere que hay espacio para mejorar las relaciones entre las autoridades federales y el condado.
El gobierno federal ha cambiado sus prioridades de deportación para enfocarse en los verdaderos criminales, lo cual permite a ICE concentrar recursos en inmigrantes peligrosos y mejora la seguridad en nuestros barrios. Se merece la oportunidad de demostrar que puede funcionar.
El jueves, la Cámara de Representantes aprobó una medida que castiga a las ciudades santuario. Pero la medida no habría evitado el asesinato de Steinle si se hubiera aprobado antes, ni es probable que el Senado la apruebe. Es solo política. El Congreso debe contemplar una reforma integral de inmigración.
Esta historia fue publicada originalmente el 25 de julio de 2015, 4:34 p. m. with the headline "EN NUESTRA OPINIÓN: Inmigración y política."