Editorial

EN NUESTRA OPINIÓN: Un estacazo al fraude y a la ‘avaricia personal’

La comisionada condal Audrey Edmonson estrecha la mano de Matthew Greer, director de Carlisle Development, durante la ceremonia para dar inicio a la construcción de Transit Village.
La comisionada condal Audrey Edmonson estrecha la mano de Matthew Greer, director de Carlisle Development, durante la ceremonia para dar inicio a la construcción de Transit Village. MIAMI HERALD STAFF

Los desfalcos a la hacienda pública son noticia recurrente en Miami, a menudo en los procedimientos de cobranza por compañías –algunas incluso fantasmas–con contratos gubernamentales, delitos que, aparte de la defraudación, se perpetran recibiendo comisiones secretas de las firmas contratistas seleccionadas.

Son los gobiernos, al fin y al cabo, los que más sufren, y en la ciudadanía despierta la ira, porque los programas expoliados precisamente proveen asistencia social a las poblaciones menos afortunadas.

Un notorio consorcio local de bienes raíces en el sector de viviendas asequibles, cuyos dueños desviaron a sus bolsillos $36 millones en créditos tributarios y millones adicionales en sobornos, ilustra, fehacientemente, el manejo del dinero sucio e ilícito, velado tras la fachada de lo que aparentan ser buenas acciones para la comunidad.

La Fiscalía presentó el martes cargos contra los otrora enaltecidos ejecutivos de Carlisle Development Group, Matthew Greer y Lloyd Boggio, alegando que ambos abultaron los costos de construcción de proyectos inmobiliarios en zonas marginales de Miami-Dade subsidiados por el gobierno federal, apropiándose luego del jugoso excedente del turbio usufructo.

Pero, al parecer, $36 millones era dinero de bolsillo. Hacía falta más, mucho más. Varios sobornos no vendrían nada mal, especialmente uno de $26 millones pagado por una constructora en Fort Lauderdale a la cual Carlisle encomendó la mayoría de sus obras en un plazo de cinco años, de acuerdo a expedientes del juzgado.

Por ahora, son siete los hombres de negocios acusados, todos guiados por el deseo excesivo de poseer; por la “avaricia personal”, en lúcidas palabras del fiscal federal Wilfredo Ferrer, citadas por el reportero Jay Weaver. Los fondos hurtados eran previstos para afrontar las necesidades de vivienda digna de las personas pobres, de los desamparados y de los ancianos; de aquellos que claman por misericordia. Nada de esto importó a los empresarios. ¿Para qué?

Más allá del vergonzoso ultraje a los contribuyentes, este caso plantea un problema de mayor escala: una epidemia de corrupción que ha de ser sofocada con la mano dura propia de la ley.

Pulula por doquier la estafa al Medicare entre clínicas y médicos inescrupulosos, mediante la facturación de tratamientos artificiosos o de servicios innecesarios a beneficiarios. También a las compañías de seguros, falsificando accidentes, lo cual incide en un incremento en el costo de las pólizas. Proliferan los robos de identidad para obtener reembolsos fiscales con solicitudes falsas, así como malversaciones orquestadas por empleados de la administración pública y hasta por agentes de las fuerzas municipales de seguridad.

La ética general está de luto en Miami. Por eso el combate contra el fraude debe ser uno de los primeros puntos de la agenda de la opinión pública. Hoy la Fiscalía se anotó una victoria, mas no siempre. Sus esfuerzos deben continuar sin descanso con la colaboración de todo el sistema judicial y, especialmente, de la ciudadanía a la cual, por conciencia propia, corresponde denunciar a los malhechores –y jamás morder la carnada de las redes criminales.

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