El Colegio de Abogados de Florida desestima queja contra la fiscal general Pam Bondi | Opinión
El Colegio de Abogados de Florida desestimó el viernes una queja presentada por una coalición de unos 70 profesores de derecho, abogados y exjueces de la Corte Suprema de Florida con tendencias moderadas y progresistas contra la fiscal general de EEUU, Pam Bondi.
La queja acusaba a Bondi, exfiscal general de Florida, de violar sus deberes éticos en su cargo actual. Como informó el Miami Herald, la denuncia sostiene que Bondi “ha buscado obligar a abogados del Departamento de Justicia a violar sus obligaciones éticas bajo el pretexto de una ‘defensa ferviente’.”
Aunque es posible que Bondi haya violado normas éticas —algo que aún no está claro—, inhabilitar a una fiscal general de EEUU sería una medida extrema y abriría un camino peligroso. Sin duda, una acción así sería vista, quizás con razón, como una represalia política, lo que solo echaría más leña al fuego en el clima polarizado de la política actual.
La queja detallaba tres situaciones en las que, según la coalición, la conducta de Bondi violó las normas del Colegio de Abogados de Florida y los principios tradicionales del Departamento de Justicia.
En uno de los casos, afirman que despidió a una abogada de inmigración con amplia experiencia, acusada por la administración Trump de haber saboteado un caso que resultó en la deportación errónea de un hombre de Maryland a El Salvador.
Otro ejemplo citado: una fiscal federal de larga trayectoria en el Distrito de Columbia renunció antes que acatar órdenes de cumplimiento que, según ella, carecían de respaldo probatorio. Un tercer caso: varios fiscales federales de alto rango en Nueva York y Washington dimitieron tras negarse a obedecer la orden del Departamento de Justicia de retirar cargos por corrupción contra el alcalde de Nueva York, Eric Adams.
El Colegio de Abogados rechazó la queja el viernes, como ya había hecho con otras dos denuncias anteriores contra Bondi presentadas por el mismo grupo, y citó un tema de jurisdicción. Señaló que “no investiga ni procesa a funcionarios en ejercicio nombrados conforme a la Constitución de EEUU mientras estén en el cargo.”
El grupo denunciante incluye a dos exjuezas de la Corte Suprema de Florida: Barbara J. Pariente y Peggy A. Quince.
Que no haya dudas: Pam Bondi actúa con una clara agenda política. Ha demostrado estar comprometida con ejecutar la agenda del presidente Donald Trump a toda costa. Para Bondi, las prioridades del presidente y la misión del Departamento de Justicia son, en esencia, lo mismo. Eso rompe con el muro de contención que históricamente ha separado la presidencia del Departamento de Justicia.
Pero politizar la ley —o el Colegio de Abogados— no es la respuesta, sin importar de qué lado venga la acción.
Las normas éticas deben hacerse cumplir. Son una piedra angular de la profesión legal. Pero es hipócrita condenar la politización del Departamento de Justicia por parte de Bondi mientras se intenta una maniobra similar a través del Colegio de Abogados.
Reconocemos que el Departamento de Justicia de Trump es, por diseño, político. Y las acciones de Bondi han sido marcadamente partidistas — incluido el caso en que puso en licencia a la abogada del DOJ involucrada en la deportación errónea del ciudadano de Maryland.
“Por instrucción mía, cada abogado del Departamento de Justicia debe defender con vehemencia los intereses de Estados Unidos”, dijo Bondi en un comunicado. “Cualquier abogado que no cumpla con esta directriz enfrentará consecuencias.”
El Colegio de Abogados de Florida existe para proteger la integridad del sistema legal, no para actuar como árbitro político.
Es comprensible que muchos se sientan justificados al cuestionar la idoneidad de Bondi como abogada. Su conducta merece escrutinio, y su cargo conlleva un enorme poder.
Pero la incertidumbre de los tiempos no debe ser excusa para usar la ley como herramienta de castigo contra adversarios ideológicos — aunque pensemos que el otro bando también lo hace.