Políticas migratorias de Trump golpean a familias de Miami que hacen lo correcto | Opinión
A pesar de toda la retórica del presidente Donald Trump sobre deportar a “lo peor de lo peor”, su administración se ha mantenido firme en cerrar las vías para que las personas entren y permanezcan en el país de manera legal. Este frenesí por librar a la nación de extranjeros no parece aportar beneficio alguno a los estadounidenses, y da la impresión de estar motivado por una pura hostilidad hacia los inmigrantes, incluidos aquellos que intentan llegar aquí “por la vía correcta”.
Muchos votantes —incluidos inmigrantes de primera y segunda generación en el sur de Florida— eligieron a Trump bajo el supuesto de que sus promesas de deportaciones masivas irían dirigidas a las personas que se encuentran aquí ilegalmente —especialmente a aquellas que han cometido delitos— y no a quienes han cumplido las normas.
Sin embargo, dos informes publicados este mes por el Instituto Cato —un centro de estudios (think tank) de tendencia libertaria— presentan un panorama muy distinto. Uno de los informes lleva por título: “Trump ha recortado la inmigración legal más que la inmigración ilegal”.
Las nuevas políticas migratorias golpean con especial dureza a comunidades como la de Miami. Según uno de los informes del Instituto Cato, la administración ha “prácticamente eliminado la aprobación de tarjetas de residencia para los cubanos” y los ha convertido en blanco de detenciones y deportaciones.
Tal como informó el Herald, las aprobaciones de estatus de residencia para ciudadanos cubanos cayeron de 10,000 en octubre de 2024 —justo antes de que Trump asumiera la presidencia— a apenas unas pocas docenas hacia finales del año pasado. Mientras tanto, el número de detenciones de cubanos se multiplicó por más de cinco entre finales de 2024 y finales de 2025.
En términos generales, las aprobaciones de tarjetas de residencia para personas de todas las nacionalidades se redujeron a la mitad, reservándose los recortes más drásticos para los cubanos, los refugiados y los solicitantes de asilo, según halló el Instituto Cato.
Bajo la administración de Trump, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) —la agencia federal encargada de tramitar las solicitudes de los inmigrantes— ha impuesto barreras a las visas de inmigrante, incluidas prohibiciones para ciudadanos de docenas de países.
La administración Trump también ha restringido drásticamente el acceso a los refugiados, a los solicitantes de asilo, y a los cónyuges y prometidos de ciudadanos estadounidenses que buscan obtener la tarjeta de residencia, así como a quienes solicitan visas de trabajo y de estudiante, según otro informe del Instituto Cato. La reducción impuesta por la administración en el número de personas que ingresan legalmente al país fue 2.5 veces mayor que los recortes aplicados a las entradas ilegales.
Al obstaculizar la capacidad de las personas para obtener un estatus legal, el USCIS las ha vuelto vulnerables a ser detenidas por el ICE. La agencia, por ejemplo, ha detenido a muchos cónyuges de ciudadanos estadounidenses cuyo estatus inicial había expirado, pero que, de no ser por ello, cumplirían los requisitos para obtener la residencia, según indica el informe. En ocasiones, esto ha ocurrido precisamente durante sus entrevistas para la obtención de la tarjeta de residencia.
“El objetivo final es cerrar cualquier vía para que las personas lleguen a Estados Unidos, obtengan un estatus legal y eviten su deportación”, declaró David Bier, director de estudios de inmigración del Instituto Cato, al Consejo Editorial del Herald.
Cuando la política de inmigración de Estados Unidos se reduce a la deportación del mayor número posible de migrantes, la única métrica de éxito pasa a ser la cantidad de arrestos que el ICE logra realizar. La administración infló las cifras de detenciones al convertir a personas con estatus legal en residentes indocumentados.
El ejemplo más notorio en Miami es el intento de la administración de cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para haitianos y venezolanos, así como de poner fin al permiso humanitario (parole) para cubanos y otros grupos.
Este sistema no es sostenible ni beneficioso para la nación, ni tampoco para comunidades como la de Miami, que históricamente han dependido de los inmigrantes para cubrir la demanda laboral en sectores clave como la construcción, la hostelería y el cuidado de personas mayores.
Trump y el Congreso deberían estar debatiendo una reforma migratoria que aborde tanto la inmigración legal como la indocumentada. En su lugar, el país ha recurrido a un enfoque errático y disperso que ignora el hecho de que Estados Unidos, en realidad, necesita a los inmigrantes.
Bier afirmó que existe una “fantasía” de que los trabajadores estadounidenses reemplazarán a los migrantes, pero ese no es el caso, al menos no a largo plazo. Ante la caída de las tasas de natalidad, el país no está generando suficientes adultos en edad laboral, lo cual pone en riesgo programas como el Seguro Social a medida que la población envejece.
En el caso de Miami, muchos de los inmigrantes que han llegado en los últimos cinco años —aquellos bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) y el parole humanitario— se encuentran entre los más vulnerables a perder su permiso para permanecer y trabajar aquí, señaló Bier.
Más allá del ámbito económico, existe un costo personal que pagan los ciudadanos estadounidenses cuando no logran reunirse con sus cónyuges o cuando sus familiares no consiguen obtener una tarjeta de residencia (green card) u otro tipo de visa de inmigrante. Esto debería pesar profundamente en Miami, una ciudad donde las familias se han construido a través de la inmigración. Si el objetivo final de Estados Unidos es dejar de ser una nación de inmigrantes, entonces nuestra comunidad será una de las que más sufran las consecuencias.
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