DeSantis intenta esconder el costoso error que fue Alligator Alcatraz en Florida | Opinión

La cárcel de inmigrantes “Alligator Alcatraz” terminó tal como empezó: con una enorme maniobra de manipulación mediática.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ofreció una rueda de prensa el jueves junto al “zar de la frontera”, Tom Homan, para anunciar lo que se venía rumoreando desde hacía un par de meses: se está desmantelando el centro de detención —compuesto por tiendas de campaña y remolques— que el estado construyó en lo profundo de los Everglades; un experimento de unos $1,200 millones financiado por los contribuyentes y situado en una zona propensa a huracanes.

En un mundo más justo, una creación vergonzosa como esta —plagada de demandas y acusaciones de tortura y despilfarro de dinero— habría sido demolida al amparo de la oscuridad. En cambio, vimos a DeSantis protagonizando un espectáculo propagandístico y sudoroso en los Everglades para alardear de la eficacia con la que el centro de detención cumplía su papel en la guerra de la administración Trump contra los inmigrantes.

Sí, fue eficaz en ciertos aspectos. ¿Eficaz a la hora de gastar enormes sumas de dinero? Sin duda. ¿Eficaz para plegarse a los deseos del presidente Trump? Por supuesto. ¿Eficaz para eludir el debido proceso y alterar terrenos ecológicamente sensibles? También.

Sin embargo, si hablamos de si resultó eficaz para recluir a “lo peor de lo peor” entre los inmigrantes que se encuentran en el país de forma ilegal, existen dudas legítimas y serias al respecto. Tal como informaron el Miami Herald y el Tampa Bay Times, allí se mantenía recluidos a cientos de inmigrantes que no tenían antecedentes penales más allá de infracciones migratorias. Esta situación dista mucho de la descripción ofrecida por funcionarios estatales y federales, quienes presentaban el lugar como un sitio al que se enviaba a “psicópatas depravados” y “violentos” antes de su deportación.

Según las encuestas, los estadounidenses pueden estar a favor de deportar a delincuentes, pero muestran muchas más dudas respecto a detener y encarcelar a inmigrantes que, por lo demás, respetan la ley.

Nadie quiere que se permita quedarse a los delincuentes peligrosos que llegan ilegalmente al país. No obstante, el jueves, DeSantis y Homan pasaron un buen rato bajo el sol del mediodía intentando asegurarse de que esa fuera la preocupación en la que nos centráramos, enumerando a los numerosos delincuentes reincidentes que deportaron de entre los aproximadamente 20,000 inmigrantes que pasaron por el centro de detención durante el año que estuvo operativo.

Homan estimó que entre el 60% y el 70% de los detenidos a nivel nacional tenían antecedentes penales o cargos penales pendientes. Sin embargo, una investigación del Herald y el Times sobre los detenidos en “Alligator Alcatraz” reveló algo distinto: 250 de un grupo de 700 no tenían antecedentes penales.

“No cabe duda de que esta misión ha hecho que el estado de Florida sea más seguro”, afirmó DeSantis.

Pero se trataba de un lugar que no permitía un gran escrutinio, lo cual, legítimamente, suscita interrogantes. A los abogados les resultaba difícil ver a sus clientes. Se mantuvo a los medios de comunicación mayoritariamente al margen. Incluso a los legisladores les costaba acceder al recinto.

Las familias y los grupos de derechos humanos denunciaron que los detenidos sufrían malos tratos de forma sistemática. Las llamadas telefónicas eran complicadas. Los manifestantes organizaron vigilias prolongadas junto a la carretera Tamiami Trail, el punto más cercano al que podían llegar.

Si todo se estaba haciendo de forma transparente, ¿a qué se debía tanto secretismo? Quizás porque, más allá de la parafernalia de estilo militar, las tiendas de campaña y los baños portátiles, el centro de detención que DeSantis construyó utilizando nuestros fondos de emergencia era, en realidad, una forma sumamente costosa de congraciarse con Trump.

Así fue desde el principio. “Alligator Alcatraz” abrió sus puertas el pasado mes de julio —aunque parece que ha pasado una eternidad—, con DeSantis y el fiscal general de Florida, James Uthmeier, rebosantes de entusiasmo. DeSantis presumió de que el campamento se había construido en ocho días. Uthmeier apareció en un vídeo recorriendo el recinto a grandes zancadas: “Sin adónde ir, sin dónde esconderse”, proclamó.

Incluso hubo una visita guiada —una de las pocas ocasiones en que se permitió el acceso a los medios de comunicación— antes de la apertura del campamento. Trump, la entonces secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem y DeSantis recorrieron las instalaciones, observando a través de las vallas metálicas y las literas. “Podría ser tan bueno como el verdadero Alcatraz”, reflexionó Trump.

Todo eso ha terminado ya. El centro de detención está siendo desmantelado, declaró DeSantis, señalando que el estado aún cuenta con una instalación en el norte de Florida —en el Condado Baker— para albergar a inmigrantes indocumentados, apodada “Deportation Depot” (Depósito de Deportaciones).

La siguiente pregunta es qué sucederá con el terreno. DeSantis utilizó poderes de emergencia para requisar la tierra destinada al centro de detención, pero esta pertenece al Condado Miami-Dade. La alcaldesa del condado, Daniella Levine Cava, comunicó el jueves a la Comisión del Condado, mediante un memorando, su deseo de que el sitio se venda al Servicio de Parques Nacionales, entidad propietaria de la reserva adyacente Big Cypress Preserve.

Eso está aún por decidirse. Sin embargo, por ahora, desaparecerá finalmente ese desagradable monumento a la guerra de Trump contra los inmigrantes, plantado justo en el patio trasero de Miami. Quizás DeSantis incluso logre completar todo el proceso en ocho días.

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