EN NUESTRA OPINIÓN: Ley y (des)orden en la Florida
El hecho de que la policía y los investigadores primero deben arrestar a los sospechosos de haber cometido un crimen antes de que vayan a prisión no lo acaban de entender muchos legisladores de la Florida.
Los resultados del lapso de memoria en la Legislatura del estado — crímenes sin resolver, pistoleros, ladrones y violadores que siguen libres y vuelven a cometer sus fechorías— se ven en las calles de las ciudades de todo el estado, incluidas las del Sur de la Florida.
Eso se debe a que los departamentos locales de policía se ven obligados a cubrir la falta de fondos en áreas donde el estado aportaba sus herramientas investigativas, y no lo pueden costear.
La procuradora general del estado, Pam Bondi, destacó un aspecto del problema la semana pasada, cuando explicó un plan para asegurar que las evidencias de violaciones, que contienen muestras de ADN, se procesen con más rapidez.
En todo el estado, y en muchas partes del país, esas pruebas no se examinan, lo que permite que los violadores vuelvan a agredir.
Pero esa es solamente un área en la que los casos delictivos han caído en un agujero negro de las investigaciones, lo que deja vulnerables al público y a los agentes de la ley.
Según un reportaje de la corresponsalía en Tallahassee del Times/Herald, los laboratorios estatales ahora tardan dos veces más que hace tres años en procesar evidencias de escenas de crímenes. Los agentes de la patrulla de carreteras necesitan vehículos nuevos. Sus autos, usados con frecuencia para perseguir a sospechosos a alta velocidad, están tan necesitados de reparaciones que son peligrosos para los agentes y para los civiles en la carretera. Los salarios no han aumentado, así que los detectives experimentados se están yendo, mientras los que tienen menos experiencia están trabajando más para ayudar a los departamentos locales de policía a resolver crímenes.
Mientras la Legislatura estaba reduciendo más de $400 millones en impuestos del presupuesto estatal este año —el gobernador Rick Scott pidió inicialmente $700 millones—, el Departamento de Policía de la Florida, por ejemplo, sufre de una escasez de científicos y técnicos necesarios para examinar muestras de ADN y otras evidencias y pasar la información a los departamentos locales.
Esto se debe a la negativa de Scott y la Legislatura a reconocer las devastadoras consecuencias de esa tacañería, por no decir nada del error de no costear por adelantado a las agencias de la ley.
Los contribuyentes pagarán los gastos de los errores. Pagarán más en seguro de propietario porque un ladrón habitual sigue suelto; pagarán el costo de la atención en la sala de emergencia que recibe una víctima de la violencia ejecutada por un criminal que debería haber estado tras las rejas.
En otras palabras, en Tallahassee se piensa que el impuesto sobre las reparaciones a yates se debe limitar, pero que un período de tres meses para responder a una solicitud de huellas digitales es tolerable. Esa mentalidad deja al público y a los policías en peligro.
Y esa mentalidad no tiene sentido económicamente.
Bondi puede y debe exigir un procesamiento más rápido de las evidencias de violación.
¿Quién mejor que la funcionaria de la ley de mayor rango en el estado para demostrar al gobernador y a los legisladores que negar fondos adecuados a las agencias del orden significa que las ciudades pagarán un costo indeseado?
Bondi dijo en una entrevista reciente: “No se le puede poner un precio a la seguridad”. Pero eso es lo que, lamentablemente, han hecho sus colegas.
Esta historia fue publicada originalmente el 15 de septiembre de 2015, 3:04 p. m. with the headline "EN NUESTRA OPINIÓN: Ley y (des)orden en la Florida."