Editorial

EN NUESTRA OPINIÓN: Menores juzgados como adultos

El gobierno del estado debe cuidar, proteger y valorar la vida de los jóvenes, inclusive cuando se meten en problemas con la ley y hay que llevarlos de vuelta al buen camino.

Es cierto que no todos los jóvenes con problemas se van a enderezar. Pero debemos atender mejor a la gran mayoría de ellos.

Una nefasta costumbre en la Florida sigue arruinando la vida de miles de delincuentes juveniles, y esa costumbre debe terminar.

Pedimos a los legisladores del estado que corrijan el mal en el próximo período de sesiones.

Una práctica legal conocida como direct file permite a los fiscales del estado ser jueces y jurados para los jóvenes en problemas, lo cual constituye un conflicto.

En 1994, cuando estalló la violencia juvenil, esta práctica permitió a los fiscales enviar a delincuentes juveniles arrestados al tribunal para adultos, generalmente como parte de un arreglo en el cual el joven acepta el encarcelamiento en un reformatorio para jóvenes como medio de resolver su caso.

Este arreglo suele tener lugar sin una audiencia en la corte o un examen de las evidencias. El proceso da a los fiscales —en vez de jueces imparciales especializados en delincuencia juvenil— una gran libertad para acusar automáticamente a jóvenes de 16 y 17 años de delitos graves como adultos.

Con ese poder, los fiscales pueden eludir audiencias en las que un juez determina si el acusado se juzgará como adulto o como menor. La práctica envía a los jóvenes —y cada vez más a los que han cometido delitos sin violencia— al sistema para adultos, mucho más punitivo.

Y eso es sencillamente inaceptable, sobre todo en momentos en que el índice de delincuencia juvenil se reduce en el estado y en todo el país.

La Florida es el estado que más jóvenes envía al tribunal para adultos y que más menores encierra en prisiones para mayores de edad.

Más del 60 por ciento de los más de 12,000 jóvenes sospechosos enviados al sistema de tribunales para adultos de la Florida en los cinco años pasados estaban acusados de delitos sin violencia.

Un informe de Human Rights Watch del 2014 sugiere que la Florida abandone la práctica del direct file y adopte una alternativa más justa: que los jueces determinen si se pasa al joven al sistema de adultos o no.

Una coalición formada por el Southern Poverty Law Center, una organización sin fines de lucro especializada en derechos civiles, y el Instituto James Madison, un centro de estudios de Tallahassee, entre otros, están trabajando con residentes locales como Carlos J. Martínez, defensor público de Miami-Dade, que ve a jóvenes lastrados con antecedentes penales para toda la vida debido al proceso del direct file, y el artista local Xavier Cortada, quien, mediante programas de arte, ayuda a estos jóvenes atrapados a encontrar “una voz”.

“Lo que estamos haciendo es creando mejores criminales”, dijo Tania Galloni, del Southern Poverty Law Center, a la Junta Editorial.

La fiscal estatal de Miami-Dade, Katherine Fernández Rundle, ha expresado su apoyo por el método expedito de enviar a los menores a la corte de adultos, como la mayoría de los fiscales en el estado. Dicen que necesitan flexibilidad para mantener la seguridad de la sociedad. Pero hay que reconocer que Fernández Rundle, según señala Martínez, es mucho más cuidadosa al decidir quién va al sistema de adultos. Pero no pasa lo mismo en muchos otros condados.

Los partidarios de cambiar la ley y algunos legisladores dicen que solo los jueces de menores deben tener esa autoridad, y que debe haber audiencias donde se escuche a las partes y se examinen las pruebas.

El tema se mencionó en la Legislatura el año pasado, pero quedó relegado por la batalla del Medicaid. De nuevo hay un intento bipartidista por reducir la cantidad de menores juzgados como adultos. La propuesta 129 está patrocinada por los representantes Katie Edwards, demócrata por Sunrise; Kathleen Peters, republicana por Pinellas, y Bobby Powell, demócrata por Palm Beach. El senador Miguel Díaz de la Portilla, republicano por Miami, ha presentado una medida acompañante, la propuesta del Senado 314. Estos legisladores merecen un elogio por tratar de corregir un mal.

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