Editorial

EN NUESTRA OPINIÓN: Contra los represores en Venezuela

Los congresistas Ileana Ros-Lehtinen y Mario Diaz-Balart, ambos republicanos de la Florida, durante una conferencia de prensa en mayo del 2014 para pedir sanciones contra el régimen venezolano de Nicolás Maduro.
Los congresistas Ileana Ros-Lehtinen y Mario Diaz-Balart, ambos republicanos de la Florida, durante una conferencia de prensa en mayo del 2014 para pedir sanciones contra el régimen venezolano de Nicolás Maduro. AP

La reciente aprobación en el Senado y en la Cámara de Representantes de un proyecto de ley para castigar a funcionarios venezolanos represores abre un nuevo capítulo en la difícil relación entre Estados Unidos y Venezuela.

El proyecto de ley, entre otras medidas, suspende visas y congela propiedades en suelo estadounidense de una lista de funcionarios y militares venezolanos acusados de violar los derechos humanos de cientos de estudiantes que participaron en protestas contra el régimen de Nicolás Maduro el pasado febrero.

Las protestas reprimidas por las autoridades en Caracas y otras ciudades de Venezuela dejaron un saldo de 43 muertos, casi 900 heridos y más de 2,500 detenidos.

La lista preliminar de las personas que podrían recibir sanciones por su participación en la represión contra las protestas está formada por 56 funcionarios venezolanos.

Los senadores Marco Rubio (republicano por la Florida), Bill Nelson (demócrata por la Florida) y Bob Menéndez (demócrata por Nueva Jersey) llevaban meses impulsando las sanciones en el Senado.

“Los Estados Unidos respaldan al pueblo de Venezuela en la lucha contra sus opresores”, dijo Rubio.

En la Cámara de Representantes, la congresista republicana Ileana Ros-Lehtinen había presentado una propuesta similar que se aprobó anteriormente, este mismo año. La versión del Senado fue debatida en la Cámara para su envío a la Casa Blanca.

Con la firma del presidente Obama, la legislación bipartidista se convertirá en un arma poderosa de la política exterior norteamericana hacia Venezuela. En primer lugar, deja claro que Washington no tolera los abusos de poder contra manifestantes pacíficos, y que los represores ya no pueden contar con que sus acciones quedarán en la total impunidad. Y expresa de manera rotunda que el gobierno norteamericano está comprometido con la promoción de la democracia y los derechos humanos en Venezuela.

Todavía es pronto para determinar el efecto que tendrá la medida en la conducta del régimen venezolano frente a la oposición. Pero la medida golpea directamente a los represores donde posiblemente más les duele: en el bolsillo. Y además, da un apoyo redoblado a la batalla por la democracia en Venezuela, una batalla que debe recibir el respaldo de los amantes de la libertad, en Washington y en cualquier parte.

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