Editorial

EN NUESTRA OPINIÓN: Obama y las sanciones contra la represión en Venezuela

Barack Obama
Barack Obama AP

Como se esperaba, el presidente Barack Obama firmó este jueves el proyecto de ley para castigar a funcionarios venezolanos represores.

La nueva ley suspende visas y congela propiedades en suelo estadounidense que pertenecen a funcionarios y militares venezolanos acusados de violar los derechos humanos de cientos de personas que participaron en protestas contra el régimen de Nicolás Maduro el pasado febrero.

En esas protestas, que tuvieron lugar en Caracas y otras ciudades de Venezuela, 43 personas perdieron la vida y hubo poco menos de 900 heridos. Las autoridades venezolanas arrestaron a más de 2,500 personas, entre ellos el líder opositor Leopoldo López, preso desde el 18 de febrero y cuyo juicio ha sido una farsa dilatada injustificadamente. Las protestas y los encarcelamientos, por su magnitud, debían tener una repercusión internacional, y la tuvieron.

Al firmar la ley, el presidente Obama ratificó la decisión del Congreso y del Senado de no hacer la vista gorda ante los abusos de poder contra manifestantes pacíficos. Es una postura consecuente con los valores que Estados Unidos sostiene y que forman la base de nuestra democracia. Una postura consecuente con la defensa de la libertad de expresión, que trasmite el mensaje de que todo el mundo tiene el derecho a expresar sus puntos de vista y a protestar pacíficamente contra lo que consideran incorrecto, sin temor a ser reprimidos.

El presidente Obama aprobó las sanciones un día después de anunciar el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Cuba. Este cambio histórico debilita la posición del régimen de Nicolás Maduro frente a Estados Unidos y debe de tener preocupado al presidente venezolano, que podría perder apoyo político en La Habana. De momento, y quizá como un ademán conciliador, Maduro dijo que el anuncio de Obama era “un gesto de valentía” del mandatario norteamericano.

De cualquier manera, la firma del presidente Obama enfatiza que el ejercicio de la represión puede tener un costo elevado para los culpables, y sella el compromiso de Estados Unidos con la defensa de los derechos humanos en Venezuela.

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