EN NUESTRA OPINION: Secretos de estado
Si no sabemos nada sobre ello, entonces no existe. Esa ha sido la filosofía del estado de la Florida acerca de casi todo lo que debería conocerse públicamente: desde abusos en asilos de cuidados de salud hasta los correos electrónicos privados del gobernador Scott que tienen que ver con asuntos públicos.
De ahí que no resulte una sorpresa en absoluto que funcionarios estatales tranquilamente hayan ocultado —a pesar de protestas de lo contrario— qué se hizo mal cuando un niño que está bajo el cuidado del Departamento de Niños y Familias (DCF) muere.
Las revisiones sobre muertes infantiles son exigidas por leyes federales y hace algunos años eran detalladas y meticulosas. En la actualidad, se han convertido en vagos informes llenos de un lenguaje trillado y poco crítico, donde se revela muy poco, si es que acaso sale a la luz, de los errores cometidos. Los defensores más enconados de la integridad del DCF que pertenecen al Comité de Revisión de Abusos y Muertes Infantiles han guardado silencio. De hecho, el propio comité es apenas una sombra de lo que era antes y, según una reciente historia publicada por el Miami Herald, mencionar su existencia se ha eliminado del portal de internet del Departamento de Salud.
Debido a este último ejemplo de esconder las malas noticias bajo la cama, los niños que viven con adultos que abusan de ellos y son negligentes están nuevamente en peligro.
Durante la sesión legislativa de este año, esos mismos legisladores, burócratas —hasta el propio gobernador Scott — declararon que existían nuevos métodos en la forma en que la Florida cuida a los menores que corren riesgo. Lo que los motivó fue la serie de reportajes del Miami Herald que detalló las muertes de casi 500 niños y adolescentes que con el paso de los años no sólo murieron bajo el cuidado de padres o guardianes crueles y negligentes, sino que eran bien conocidos por los trabajadores sociales del DCF, quienes sabían que estaban en peligro.
Incluso los más recalcitrantes legisladores que podrían estar satisfechos de cortar otra vez el presupuesto del DCF, no pudieron ignorar los relatos de horror que sufrieron los pequeños.
Por último, la Legislatura observó que la seguridad y bienestar de los niños deben tener más importancia que los derechos de los padres acusados de abuso y negligencia. Los políticos exigieron más transparencia por parte de los directivos de la agencia y la creación de una página web para poder rastrear las muertes de los menores.
Pero antes de que termine el año, al parecer funcionarios estatales decidieron que esa transparencia los hacía lucir mal.
La sigilosa desaparición de la supervisión y los informes sobre las muertes significan que no se ha aprendido ninguna lección, que no se ha tomado ninguna medida para solucionar el problema, ya que no se ha recogido ninguna información valiosa. Eso quiere decir que los burócratas culpables no cargarán con la responsabilidad. Y significa también que los niños seguirán siendo abusados y muriendo.
Se trata de una verdadera desgracia y todo el mundo, desde el gobernador Scott hasta los funcionarios de la agencia y los legisladores que lloraron por todos los inocentes muertos, tienen que terminar con ella de una vez y por todas.
Esta historia fue publicada originalmente el 29 de diciembre de 2014, 7:30 p. m. with the headline "EN NUESTRA OPINION: Secretos de estado."