Caso de Florida es una lección en libertad de expresión
Un extraño juicio por asesinato en West Palm Beach ha minimizado la importancia fundamental de la libertad de prensa y el derecho a un juicio justo.
La saga incluye récords públicos, un conocido soplón de la cárcel y un juez que ignoró la Primera Enmienda al ponerle bozal a un medio de comunicación.
Una corte de apelaciones puso las cosas en su debido orden la semana pasada, pero esta historia resta importancia al hecho de que los derechos constitucionales requieren de constante protección.
He aquí la historia:
Jamal Smith es imputado por homicidio en el Condado de Palm Beach. Un posible testigo que estaba en la lista de los fiscales era el informante de la cárcel, un asesino convicto que ha ayudado a las autoridades a construir docenas de casos criminales.
La abogado de Smith, Elizabeth Ramsey, asistente del defensor público, descubrió que meses atrás el soplón grabó conversaciones telefónicas desde la cárcel, donde se ufanaba de sus habilidades como “abogado de la cárcel” y de haber producido unas 60 confesiones.
Ramsey incluyó las transcripciones en una maniobra legal que prohibía al soplón testificar contra su cliente. Los fiscales no pusieron objeción.
El Palm Beach Post obtuvo las transcripciones, como récords públicos, de los archivos de la Corte y los publicó en línea, y por entregas en su versión impresa.
El periódico informó a los lectores acerca del papel del soplón en el sistema legal, incluyendo el trato especial que supone el uso de un teléfono celular privado, un televisor de pantalla plana y la reducción de su propia sentencia por homicidio.
Sin embargo, el juez de circuito de Palm Beach, Jack Schramm Cox, después acordó con el abogado del soplón que las llamadas grabadas son, en cierta manera, legalmente privadas.
El juez selló las transcripciones aun cuando los abogados defensores de toda la ciudad ya tenían copias de éstas, y le ordenó al Post que removiera, no solo las transcripciones de las llamadas del soplón, sino que también borrara secciones de la historia de su sitio web.
Eso fue una versión digital de una censura previa –un ardid del gobierno para no permitir que se publique información que considera dañina aunque ya ésta estuvo en Internet.
El Post acató la orden del juez y apeló a la Corte de Apelaciones del Distrito 4, la cual falló el martes en contra de las órdenes de Cox.
Además de sellar las transcripciones y de mandar al Post que removiera la historia y las transcripciones de su sitio web, Cox ordenó que no se podía compartir las transcripciones de las llamadas con nadie más; una orden que, en teoría, incluía a cualquier persona que imprimiese una búsqueda por internet y docenas de abogados defensores que podrían comparecer ante diferentes jueces.
Cuando Ramsey se refirió a las transcripciones prohibidas en la corte, Cox la retuvo por desacato a la corte y dejó pendiente una audiencia final.
Ramsey le pidió a Cox que se inhibiera en el caso de Smith, pero éste se rehusó.
Este es un caso donde fue notorio el hecho de silenciar la libertad de expresión, ignorando las leyes que regulan el uso de récord públicos y pisoteando la protección constitucional– y que resonó en todo el estado.
La Asociación de Editores de Noticias de la Florida instó a Cox a terminar su indefendible incursión en la censura judicial. La Corte de Apelaciones llegó a una conclusión justa al derogar las órdenes de Cox. Debería seguirle una enérgica opinión por escrito. Las transcripciones del soplón y la historia original fueron subidas de nuevo al sitio web del Post el pasado martes. En lo que concierne a una prensa libre, los ciudadanos deben recordar que proteger los derechos básicos es un reto constante.
Este editorial fue originalmente publicado por el Tampa Bay Times
Esta historia fue publicada originalmente el 28 de diciembre de 2015, 6:35 p. m. with the headline "Caso de Florida es una lección en libertad de expresión."