EN NUESTRA OPINIÓN: Un costo injusto en la detención de menores en la Florida
Un asunto que ha plagado a docenas de condados en la Florida —entre ellos Miami-Dade y Broward— regresa al candelero en este período de sesiones legislativas gracias a un senador de Clearwater, Jack Latvala, que ha presentado un proyecto que arreglaría un controversial mandato del estado.
En el 2004, la Legislatura de la Florida obligó a 38 condados a pagar una parte de los costos de encarcelar a menores en los condados donde viven antes de situarlos bajo el cuidado estatal. Antes de que ese proyecto se convirtiera en ley, el estado pagaba todos los costos.
Pero como es común en Tallahassee, los legisladores buscaron la manera de pasar los costos a los condados con el propósito de mantener el presupuesto estatal para otros proyectos y programas.
Aunque muchos condados ganaron una demanda que buscaba remediar un oneroso sistema de asignación de costos, el estado adoptó una nueva política para eludir el fallo.
Una decisión del 2013 determinó que el Departamento de Justicia de Menores (DJJ por sus siglas en inglés) estaba cargando excesivamente a los condados, y el juez invalidó la regla de la agencia que los obligaba a pagar el 75 por ciento de los costos de detención, aunque en realidad solo debían ser responsables del 32 por ciento.
El gobernador Rick Scott decidió requerir a los condados que cubran el 57 por ciento de esos costos, pero sin recibir pagos retroactivos por los cargos excesivos.
Los condados pidieron en aquel entonces compartir los costos a la mitad, pero no ganaron. Como la Legislatura no trató el tema en el período de sesiones del 2014, el DJJ adoptó la propuesta del gobernador.
Y el complicado sistema de facturación aumenta la inequidad.
Según Cragin Mosteller, portavoz de la Asociación de Condados de la Florida, la ley estatal requiere que los condados paguen por adelantado una cantidad estimada. Después, al final del año fiscal, después que se han calculado los costos reales, cada condado recibe un ajuste, ya sea un reembolso por pagar en exceso u otra factura por haber pagado demasiado poco. Ahí es donde empieza el problema.
Así es como funciona, por decirlo de alguna manera: el DJJ puede decirle a un condado a principios de año que su cuenta estimada es, por ejemplo, de $500,000. Pero al finalizar el año fiscal, el DJJ podría gravar al condado en $750,000. El condado podría protestar, revisar sus recibos y decir que solo debe $400,000. Si el DJJ lo acepta, el departamento pierde $350,000. No hay problema: divide la deuda entre lo que los otros condados tienen que pagar, según Mosteller. “Nunca da lugar a pagos exactos de los condados… No se basa en costos reales… así que da pie a muchas demandas”.
La propuesta del senador Latvala traería cierta dosis de cordura. Elimina el ilógico prepago estimado, y en su lugar los condados pagarían la parte correcta de los costos del año anterior a principios del siguiente año fiscal. Además, la cuenta final se dividiría a partes iguales entre los condados y el estado.
El condado Miami-Dade podría ahorrarse entre $1 millón y $2 millones al año. En el condado Broward, el ahorro podría llegar a unos $750,000.
El proyecto del Senado aún no tiene un proyecto acompañante en la Cámara. Pero es una propuesta meritoria y un representante del Sur de la Florida debería dar el paso al frente.
Es evidente que el sistema de facturación no funciona. Pero los legisladores han mostrado renuencia a repararlo. La pregunta es por qué.
Nos gustaría que la Cámara y el Senado dieran respuestas. Sus electores deben exigirlas.
Millones de dólares de los contribuyentes fluyen a Tallahassee y no regresan como debieran. Y eso no parece un buen negocio.
Esta historia fue publicada originalmente el 11 de enero de 2016, 1:14 p. m. with the headline "EN NUESTRA OPINIÓN: Un costo injusto en la detención de menores en la Florida."