EN NUESTRA OPINIÓN: La pena capital en la balanza
Cuando el Tribunal Supremo de Estados Unidos invalidó la semana pasada el proceso de pena de muerte de la Florida, los magistrados le indicaron al estado que los jurados son los que deben decidir quién recibe el castigo supremo y quién no.
Los magistrados declararon inconstitucional el sistema del estado que da a los jueces el máximo poder para imponer la pena de muerte. Ese poder pertenece a los jurados, dijo la alta corte en una decisión de ocho votos a favor y uno en contra, en el que se unieron los togados liberales y la mayoría de los conservadores. El juez Samuel Alito Jr. fue el voto disidente.
Con ese fallo, este período de sesiones legislativas en Tallahassee se complica. La decisión del Tribunal Supremo ha creado cierta dosis de incertidumbre en el sistema jurídico, y ahora los abogados defensores, los fiscales, la procuraduría general de estado, los legisladores y los reclusos en el pabellón de la muerte deben dilucidar lo que pasará en el futuro.
El caso se remonta a 1998, cuando Timothy Lee Hurst fue declarado culpable de asesinar a su jefe en un restaurante Popeye’s de Pensacola. El jurado, en una votación de 7-5, recomendó la pena de muerte. Los jurados mencionaron dos circunstancias agravantes para hacer su recomendación. Pero no está claro si los siete estuvieron de acuerdo con esas circunstancias.
Se dijo al jurado que, a pesar de su recomendación, la decisión final se dejaría al juez, que consideraría pruebas que el jurado no había considerado.
La jueza del Tribunal Supremo Sonia Sotomayor escribió que la decisión de sentenciar a Hurst a muerte debía basarse “en el veredicto de un jurado, no en la pesquisa de un juez. El sistema de sentencias de la Florida, que requería que el juez solo encontrara la existencia de una circunstancia agravante, es por lo tanto inconstitucional”.
El enfoque de la Florida reduce el papel de un jurado a una posición de asesor que simplemente hace una recomendación al juez. Este es uno de solo cuatro estados que da a los jueces la autoridad única de tomar la decisión final o, como puede suceder en Alabama, desestimar las conclusiones del jurado sobre la imposición o no de la pena de muerte.
La Constitución pide que “un jurado, no un juez, encuentre los hechos necesarios para imponer la pena de muerte”, escribió la jueza Sotomayor. “No basta con la mera recomendación de un jurado”.
En la Florida ahora hay que ver qué pasará.
De inmediato, los legisladores, que ya están en el período de sesiones en Tallahassee, deben aprobar una ley para asegurar que el proceso de la pena de muerte en la Florida observe la Constitución. Deben trabajar con la procuradora general, Pam Bondi.
El Tribunal Supremo de la Florida quiere que el estado defienda su plan de ejecutar al asesino Michael Ray Lambrix, cuya ejecución por un doble asesinato está fijada para el 11 de febrero. Los abogados de Lambrix buscan una suspensión indefinida de la ejecución. Bondi, en respuesta, dijo que como Lambrix usó una serie de tácticas dilatorias para evitar la aplicación de la sentencia, la pena ordenada por la corte no se debe demorar.
Pero el fallo del Tribunal Supremo deja poco espacio para hacer otra cosa que no sea aplazar la ejecución, y todas las ejecuciones, hasta que se determine si el fallo se aplica a los que ya están sentenciados. En un estado que sigue a la cabeza del país en cantidad de exoneraciones de reclusos condenados a muerte erróneamente, la decisión del Tribunal Supremo es una orden para resolver el espinoso tema en la Florida.
Esta historia fue publicada originalmente el 16 de enero de 2016, 11:34 a. m. with the headline "EN NUESTRA OPINIÓN: La pena capital en la balanza."