EN NUESTRA OPINIÓN: No cambien nada en la ley de transparencia de la Florida
Todo floridano preocupado por la transparencia en los asuntos públicos y por la responsabilidad del gobierno ante los contribuyentes debe vigilar el último esfuerzo en Tallahassee por eliminar la ley de registros públicos del estado.
Es un ataque frontal contra la ley, aunque está disfrazado como un simple cambio de palabras en la Ley de Transparencia. La frase pertinente establece que un juez “deberá” otorgar honorarios de abogados cuando los ciudadanos ganan una demanda sobre una solicitud de registros públicos que se denegó injustamente. Pero la versión enmendada cambiaría la palabra “deberá” por “podría”, lo que permite a un juez denegar honorarios legales a cualquiera que haya llevado a cabo un servicio público obligando a un funcionario público o a una agencia pública a entregar un registro público.
Por cierto, estos honorarios pueden sumar decenas de miles de dólares cuando el gobierno apela el resultado en el tribunal de la jurisdicción original. En la mayoría de los casos, esas apelaciones son rutinarias. ¿Por qué los funcionarios públicos deben preocuparse? Los contribuyentes pagan a sus abogados.
Este cambio le asestaría un golpe demoledor a la Ley de Transparencia al atacar la cláusula de la penalidad, que requiere que el funcionario o agencia pública entregue los registros y pague los honorarios de los abogados. Sin esa penalidad, no hay una sanción poderosa.
Si el cambio se aprueba, los funcionarios públicos pueden denegar rutinariamente solicitudes de registros públicos (lo que ya sucede con demasiada frecuencia) sin preocuparse por tener que pagar en el caso de que pierdan una demanda. Entretanto, el individuo o la organización que tienen que recurrir a una demanda para obtener un registro público se quedarían con muchas cuentas que pagar si el juez niega los honorarios de los abogados.
Esta propuesta le quita incentivos a la práctica de la transparencia en el gobierno, una noción estrenada en la Florida pero que se ha convertido en un blanco de los legisladores prácticamente cada vez que la Legislatura se reúne en Tallahassee.
Por eso es que las propuestas, la HB 1021 por el representante Greg Steube, republicano por Sarasota, y la SB 1220 por el senador René García, republicano por Hialeah, afrontan la vigorosa oposición de una coalición de defensores de los registros públicos en el estado.
La coalición cree que las propuestas asfixiarán las leyes de transparencia del estado, que no son fáciles de aplicar, al eliminar la única penalidad contra los infractores.
Barbara Petersen, presidenta de la Fundación de la Primera Enmienda, dice que el resultado será menos transparencia en el gobierno. “Sin una cláusula de penalidad cuando el gobierno está errado, no hay incentivos para ser transparentes y dar a los ciudadanos acceso a la información sobre las decisiones gubernamentales”.
Aun así, un comité de la Cámara aprobó la propuesta por unanimidad la semana pasada, basándose en testimonios de funcionarios locales que dicen que algunos abogados presentan repetidamente solicitudes de registros públicos con el propósito de afectar el trabajo de funcionarios públicos.
Si ese es el caso, el asunto se debe resolver sin hacer un cambio fundamental en una cláusula clave de la ley.
Otorgar honorarios de abogados estimula a los ciudadanos a defender su derecho a la información pública. Es una buena manera de lograr que el gobierno rinda cuentas. Deben hacerse más esfuerzos en esa dirección. Pero habrá menos esfuerzos si esta propuesta se aprueba. Y la actividad del gobierno en la Florida sería menos transparente.
Esta historia fue publicada originalmente el 26 de enero de 2016, 1:43 p. m. with the headline "EN NUESTRA OPINIÓN: No cambien nada en la ley de transparencia de la Florida."