Editorial

EN NUESTRA OPINIÓN: La controversia por el sucesor de Scalia

En cuanto se difundió la noticia de la muerte del juez del Tribunal Supremo Antonin Scalia, el senador Mitch McConnell, líder republicano del Senado, declaró que el sustituto del magistrado debía ser nominado por el sucesor del presidente Obama.

El juez Scalia había acabado de fallecer, y McConnell no tardó en declarar que el Senado no iba a cumplir su deber de votar por un nominado a la alta corte este año.

No hace falta señalar que el sistema judicial se ha politizado en los últimos tiempos. Pero una cosa es que los legisladores –a quienes la Constitución les da expresamente la tarea de aprobar a los nominados a jueces del Tribunal Supremo, según el Artículo II, Sección 2– decidan en contra de un nombramiento por la razón que sea, y otra muy distinta que no estén dispuestos a considerar a nadie nombrado por el actual presidente.

Entre otras cosas, esto es un acto de irrespeto al juez Scalia. Su período en el tribunal fue uno de los más importantes en nuestros tiempos. Sin duda, fue una figura polarizante. Pero rechazó frecuentemente que lo consideraran un factor político. Fue un árbitro del sistema judicial, que se limitaba a interpretar la ley de acuerdo con la Constitución.

Pero tras su fallecimiento, los republicanos del Congreso se han apresurado a convertirlo en una figura partidista. Esa posición ofende al presidente, al tribunal, al juez Scalia, al proceso político y, sobre todo, al propio Senado.

El presidente Obama no se muestra inclinado a abandonar su deber constitucional de nombrar a un sucesor, y dice que lo hará en el momento apropiado. No hay duda de que los cálculos políticos entrarán en la selección. Los demócratas ya están debatiendo si deben nombrar a un moderado que tenga más probabilidades de ser aprobado, o a un liberal, que se convertiría en un mártir político, galvanizando a la base del partido en este año electoral.

Obama le haría un favor a la nación si se olvida de las consideraciones políticas. Los criterios deben ser: una gran experiencia en asuntos jurídicos, una reputación de excelencia en la profesión legal y un temperamento judicial apropiado, dejando la política a un lado. Sin duda hay jueces y personalidades jurídicas que encajan en esa descripción.

La prisa de McConnell por negar al presidente el derecho de nombrar a un sustituto contradice su afirmación de que los republicanos no están practicando el obstruccionismo. Pero si no se considera este año a un sustituto de Scalia, la objeción política se convierte en puro obstruccionismo. También obstruye el trabajo del Tribunal Supremo, cuyas votaciones sobre temas de gran importancia podrían quedar empatadas 4 a 4 al no haber un noveno juez que incline la balanza a un lado o a otro. ¿Cómo puede esa ausencia ser beneficiosa para el país?

Hay precedentes del nombramiento de un magistrado en el último año de una presidencia. Sucedió en 1988, cuando Ronald Reagan nombró al juez Anthony Kennedy. Pero no hay precedentes de que el Senado haya incumplido su deber. El Senado no debe hacer un desaire al presidente Obama. Ni a la nación.

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