Editorial

EN NUESTRA OPINIÓN: La Cámara contra el alivio migratorio

<cutline_leadin>El lider</cutline_leadin> republicano del nuevo Congreso que EEUU, John Boehner, en una rueda de prensa en el Capitolio. Foto de archivo.
<cutline_leadin>El lider</cutline_leadin> republicano del nuevo Congreso que EEUU, John Boehner, en una rueda de prensa en el Capitolio. Foto de archivo. EFE

La Cámara de Representantes aprobó el miércoles una iniciativa de ley para dar marcha atrás a las políticas de inmigración que el presidente Obama anunció en noviembre.

La acción ejecutiva del Presidente ofrece un alivio temporal a las deportaciones y otorga permisos de trabajo a poco más de cuatro millones de inmigrantes indocumentados que tienen hijos nacidos en Estados Unidos o que tienen la residencia legal permanente.

Aunque la acción ejecutiva no resolvió el problema de la inmigración ni abarcó a los aproximadamente 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos, la mayoría de la comunidad hispana acogió la medida con beneplácito.

La iniciativa del miércoles para revocar la decisión presidencial fue aprobada por 236 votos a favor frente a 191 en contra. Entre los republicanos que votaron en contra estaban los representantes Ileana Ros-Lehtinen, Mario Diaz-Balart y Carlos Curbelo.

El problema de la iniciativa de la Cámara es que forma parte de una propuesta de ley más amplia que daría $39,700 millones para financiar al Departamento de Seguridad Nacional. Los congresistas de ambos partidos coinciden en que esta ley es necesaria para combatir el terrorismo y aumentar la seguridad nacional.

Sin embargo, como señalaron los demócratas y algunos republicanos, fue riesgoso añadir la iniciativa migratoria contra la acción presidencial a la propuesta de financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional, ya que pone en riesgo esos fondos en caso de que el Presidente use su poder de veto.

John Boehner, el presidente de la Cámara de Representantes, alegó que la acción ejecutiva había sido una “extralimitación del poder ejecutivo” y una “afrenta al estado de derecho y a la Constitución misma”. Es difícil entender que la protección de personas que llevan muchos años viviendo en Estados Unidos, que tienen hijos nacidos aquí, y que no han cometido delitos, pueda describirse con los duros términos empleados por el presidente de la Cámara.

Obama tomó una decisión ante la inercia del Congreso frente al dilema migratorio. No necesitamos una contienda entre la Casa Blanca y el Capitolio dominado por los republicanos, sino una solución a un sistema de inmigración que se ha quedado a la zaga de los problemas actuales. Una solución realista y humanitaria que no condene a personas que han hecho su vida en Estados Unidos, que no han delinquido y que deben vivir sin miedo.

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