EN NUESTRA OPINIÓN: Una solución a la crisis de Puerto Rico
Cada día que pasa es más evidente que Puerto Rico está sumido en una profunda crisis con una deuda que no puede resolver por su cuenta. El Congreso de Estados Unidos debe acopiar la voluntad política para darle al territorio los mismos recursos de rescate usados por estados y municipios norteamericanos en casos similares.
Puerto Rico es insolvente. Tiene una deuda de $72,000 millones que sus 3.5 millones de habitantes no pueden pagar. Perdió casi la totalidad de un pago de $422 millones contra la deuda el 2 de mayo, y afronta casi seguramente un incumplimiento de otros $2,000 millones el 1 de julio.
¿Cómo llegó a esta situación? La respuesta corta es por los costos diferidos. En vez de apartar fondos para pagar cosas como pensiones y mantenimiento de infraestructuras, usó el dinero para gastos operativos, y emitió pagarés cuando los ingresos no eran suficientes.
Eso es como sacar una segunda hipoteca para reparar el auto. Pero no critiquemos a Puerto Rico. Otros han hecho lo mismo.
¿Recuerdan cuando los votantes de Miami-Dade aprobaron un incremento del impuesto sobre las ventas para extender el Metrorail? La extensión nunca se hizo porque el dinero se utilizó para darle mantenimiento al sistema existente. Eso fue un costo diferido. Y lo que nos costó fue una congestión del tráfico cotidiana.
Detroit también lo hizo, al acumular costos de pensiones que no podía pagar para los empleados públicos. Todavía están buscando la salida de ese atolladero, pero tuvieron una vía de escape: acudir a los tribunales para conseguir una reestructuración de la deuda.
Eso es todo lo que pide Puerto Rico: un trato igualitario. Pero como territorio de Estados Unidos, no puede ir a los tribunales, lo cual no es justo ni razonable. Los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses. Los tribunales federales tienen jurisdicción en la isla. La mayoría de los acreedores están en el territorio continental de Estados Unidos. Al mismo sistema judicial que decide los casos de bancarrota en lugares como Detroit y el condado Jefferson, en Alabama, que se declaró en bancarrota en 2011 porque no pudo reparar su viejo sistema de alcantarillas, se le debe permitir que resuelva el problema de la deuda puertorriqueña.
La bancarrota no permitirá a los puertorriqueños eludir el efecto de las malas decisiones tomadas por los funcionarios que eligieron. Ya tienen un índice de pobreza del 45 por ciento y una tasa de desempleo del 12 por ciento. Han subido el impuesto a las ventas al nivel más alto en el país: 11.5 por ciento. Han hipotecado el aeropuerto principal a una firma mexicana de inversiones para que los aviones sigan aterrizando.
¿Entonces qué es lo que impide llegar a una solución? Sencillo: algunos inversionistas compraron deuda puertorriqueña a precios muy bajos y no quieren una reestructuración que permita un reembolso por debajo del valor nominal de los bonos, sino obtener grandes ganancias a expensas de la asediada población de Puerto Rico.
Afirman que ayudar a Puerto Rico equivale a un “rescate”. Eso es mentira. No se usaría ningún dinero del gobierno para ayudar a Puerto Rico. No hay costo para los contribuyentes. La carga cae sobre los acreedores.
El presidente de la Cámara, Paul Ryan, dice que quiere ayudar, pero los miembros conservadores de su junta republicana han aceptado el cuento del “rescate” y no lo apoyarán. Ryan debe hacer lo correcto: llevar la solución de la bancarrota a votación en la Cámara, incluso si eso significa que algunos miembros de su partido no lo acepten. Una propuesta razonable tendrá suficiente apoyo demócrata para garantizar su aprobación.
La bancarrota no resolverá los problemas de Puerto Rico de la noche a la mañana, pero ofrece una vía a la solvencia. No ofrecer esa solución ante las devastadoras circunstancias que sufre la isla sería inhumano.
Esta historia fue publicada originalmente el 15 de mayo de 2016, 4:50 p. m. with the headline "EN NUESTRA OPINIÓN: Una solución a la crisis de Puerto Rico."