EN NUESTRA OPINIÓN: Dejen a los médicos preguntar sobre las armas
La semana pasada, varios jueces del Tribunal de Apelaciones del 11mo Circuito Federal en Atlanta observaron con escepticismo y desaprobación el ridículo ejercicio de la Florida en poder gubernamental: la ley “Docs vs. Glocks” (Médicos contra Glocks).
La ley, aprobada en el 2011, calla a los médicos en el tema de las armas. Los pediatras, por ejemplo, pueden preguntar a los padres si la piscina de su casa tiene una valla alrededor, o si usan un asiento para bebé en el auto, todo por la salud y el bienestar de los niños. Un médico puede investigar si una persona que ha enviudado tiene depresión y tal vez una inclinación suicida.
Pero bajo ninguna circunstancia un médico puede preguntar si en la casa del paciente hay un arma, si el arma está fuera del alcance de niños o adolescentes, y no solamente oculta bajo la ropa en una cómoda. De manera que la salud y el bienestar de los niños no importan mucho, sobre todo cuando la Asociación Nacional del Rifle (NRA) tiene controlados a varios legisladores del estado. Pero demos crédito cuando es merecido: en el pasado período de sesiones, el senador estatal Miguel Díaz de la Portilla tuvo el valor de bloquear la medida que permitiría llevar armas encima a la vista, incluso en recintos universitarios, una medida favorita de la NRA.
La ley Docs vs. Glocks viola claramente los derechos de los médicos bajo la Primera Enmienda, según determinó la jueza federal de distrito Marcia Cooke en Miami en el 2012. La magistrada falló que la ley era inconstitucional.
Sin embargo, el estado apeló. Un panel de tres jueces del 11mo Circuito hizo tres intentos, cada vez modificando su propósito de justificar la ley. Pero el Tribunal de Apelaciones descartó la opinión final del panel, según la cual las inquietudes en torno a la libre expresión estaban superadas por el interés del estado en evitar que los médicos usaran su “disparidad de poder” para desalentar a los pacientes a ejercer su derecho constitucional a portar armas.
Ahora que el tribunal de apelaciones ha escuchado argumentos de ambos bandos, esperamos que los jueces observen, por ejemplo, que:
▪ De diciembre del 2012 a diciembre del 2013, el año después de la masacre de Sandy Hook, por lo menos 100 niños murieron por disparos no intencionales, casi dos cada semana, 61 por ciento más que lo que reflejan los datos federales. Y aun esta cifra solo refleja una fracción de la cantidad total de niños heridos o muertos por armas de fuego en Estados Unidos cada año, tanto intencionalmente como por accidente.
▪ El 65 por ciento de estas muertes no intencionales ocurrieron en una vivienda o en un vehículo de la familia de la víctima, casi siempre con armas compradas legalmente. Otro 19 por ciento ocurrió en la vivienda de un familiar o de un amigo de la víctima.
▪ En las muertes de niños por disparos, el 70 por ciento se pudo haber evitado si el arma hubiera estado guardada con seguro y descargada.
Estos datos son de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.
Esperamos que los jueces consideren que la ley es una violación de la Primera Enmienda. Esperamos que se pongan de parte de los padres que quieren que sus médicos los ayuden a proteger a sus hijos; y esperamos que entiendan que la ley es el resultado de la cobardía política y una “solución” a un problema que no existe.
Esperamos que afirmen que las armas son un problema de salud pública, y que la “disparidad de poder” más escalofriante es la que hay entre un arma cargada en una cómoda y el niño de 4 años que tira del gatillo.
Esta historia fue publicada originalmente el 28 de junio de 2016, 3:34 p. m. with the headline "EN NUESTRA OPINIÓN: Dejen a los médicos preguntar sobre las armas."