EN NUESTRA OPINIÓN: Trabas en procesos de deportación
A los 17 años, Jean Jacques, un joven haitiano, huyó de su país en 1992 y fue recogido en alta mar por la Guardia Costera de Estados Unidos. Se le dio permiso para quedarse y fue a Connecticut, donde, en 1996, tuvo un incidente con armas de fuego. Lo condenaron a 15 años de cárcel por intento de asesinato.
Mientras estaba en la prisión, los funcionarios de Inmigración obtuvieron una orden para su deportación. Pero cuando Jacques salió de la cárcel, no lo deportaron. El pasado junio, estaba en la calle en Norwich, Connecticut, donde mató a puñaladas a una mujer de 25 años al parecer en una pelea por drogas.
Cualquiera pensaría que no deportar a Jacques fue un error que alguien cometió por negligencia y que tuvo consecuencias trágicas. Pero la realidad es que Jacques no se quedó en Estados Unidos por el error o la incompetencia de alguien, sino por una laguna en la relación de las leyes nacionales con los acuerdos internacionales, una laguna difícil de cerrar.
Al parecer, obtener una orden de deportación es solo el primer paso para expulsar a alguien del país.
El segundo paso es encontrar un país que reciba al deportado. Por supuesto, casi siempre es el país de nacimiento de esa persona. Pero Jacques llegó a Estados Unidos sin pasaporte ni otros documentos, y el gobierno de Haití rechazó tres solicitudes para darle documentos de viaje que permitieran su regreso.
Sin un país a donde enviarlo, la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE) tuvo que dejar libre a Jacques. La decisión del Tribunal Supremo del 2001 en el caso Zadvydas v. Davis prohíbe al gobierno detener a una persona por más de seis meses.
Hay circunstancias especiales que permiten una detención prolongada, entre ellas si el detenido constituye una amenaza a la seguridad nacional o si sufre de una enfermedad mental con probabilidades de cometer un acto de violencia. Pero ICE determinó que Jacques no caía dentro de las excepciones.
Un informe reciente del inspector general halló que funcionarios de ICE pudieron haber buscado otras vías para establecer la ciudadanía haitiana de Jacques, pero también indicó que sus esfuerzos no habrían bastado para el gobierno haitiano. También se determinó que la agencia no tiene suficientes recursos para vigilar a los liberados.
Lo cierto es que es injusto (e ilegal) mantener a personas tras las rejas después que han cumplido su sentencia, independientemente de su ciudadanía. Es razonable deportar a los que no reúnen los requisitos para quedarse en el país, pero mantenerlos encerrados por tiempo indefinido va contra los principios norteamericanos y es inmoral.
Y esta situación es más frecuente de lo que podría pensarse. Muchos inmigrantes que viven en Estados Unidos no tienen pasaportes porque nacieron sin nacionalidad: palestinos que vivían en campamentos de refugiados, por ejemplo, o ciudadanos de países que ya no existen.
Según ICE, 8,275 personas contra quienes obtuvo órdenes de deportación por cargos criminales fueron liberadas entre el 2012 y el 2015 porque ningún país aceptó recibirlas.
En mayo, Thomas Homan, un funcionario de la división de ICE a cargo de deportaciones, declaró ante un comité del Senado que Estados Unidos señala a 23 países que no cooperan en ese sentido, entre ellos China, Afganistán, Somalia y Cuba, por ahora.
En general, las leyes norteamericanas de inmigración niegan a extranjeros el permiso para residir en el país si han sido declarados culpables de ciertos delitos.
El gobierno debe esforzarse más para persuadir a otros países a aceptar a sus ciudadanos deportados.
Este editorial se publicó originalmente en Los Angeles Times.
Esta historia fue publicada originalmente el 11 de julio de 2016, 5:54 p. m. with the headline "EN NUESTRA OPINIÓN: Trabas en procesos de deportación."