Oppenheimer: La nueva ola de deportaciones masivas de Trump | Opinión
La hipocresía política del gobierno de Trump parece no tener límites: apenas poco después de hacer la ridícula afirmación de que puede deportar sin riesgos a más de 500,000 venezolanos porque las condiciones en su país han “mejorado notablemente”, ahora sostiene que puede expulsar a unos 80,000 nicaragüenses y hondureños por las mismas razones.
A juzgar por el documento oficial del 7 de julio del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que explica su decisión de revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS) que permitía a nicaragüenses y hondureños residir legalmente en el país, uno pensaría que ambos países se han convertido en milagros económicos. Leyendo el documento, pensé que hablaban de Suiza.
“Nicaragua se ha convertido en un destino turístico mundial, al tiempo que promueve la sostenibilidad y revitaliza las comunidades locales”, afirma el documento del DHS. “La innovación técnica está empoderando a agricultores y pescadores, haciendo que la agricultura sea más competitiva y rentable”.
Nicaragua “continúa mostrando fundamentos macroeconómicos estables”, lo que supuestamente elimina las dificultades económicas que justificaban los permisos de residencia del TPS, argumenta el gobierno.
Honduras también ha logrado “progresos significativos” desde que el huracán Mitch destruyó gran parte del país en 1998, “y ahora es un destino turístico y de inversión inmobiliaria popular”, afirma el DHS.
Antes de que hagan sus maletas para mudarse a Nicaragua o Honduras, les aconsejo leer otros documentos oficiales del propio gobierno estadounidense. Varios de ellos describen a Nicaragua, por ejemplo, como uno de los países más pobres del mundo y una dictadura brutal.
El Departamento de Estado tiene una “alerta de viajes” a Nicaragua, que insta a los viajeros a “reconsiderar” sus visitas al país, citando “la aplicación arbitraria de las leyes, el riesgo de detención injusta y la limitada disponibilidad de atención médica”. Otro documento de la Administración de Comercio Internacional de Estados Unidos (ITA) afirma: “La represión autoritaria del régimen ha socavado la democracia, reducido el poder adquisitivo de los consumidores y erosionado la confianza de los inversores”.
La mayoría de los beneficiarios del TPS hondureños y nicaragüenses llevan 26 años viviendo legalmente en Estados Unidos, según abogados de inmigración. Algunos llegaron de bebés, crecieron en Estados Unidos y ni siquiera hablan español.
La Alianza Nacional del TPS y siete personas han demandado al gobierno de Trump para bloquear la nueva medida contra los nicaragüenses y hondureños.
“He estado en Estados Unidos desde que tenía 3 años”, declaró el demandante Jhony Silva en el sitio web de la Alianza del TPS. “Trabajo en un hospital, atendiendo a pacientes cardíacos... Ahora corro el riesgo de perder mi trabajo, la posibilidad de cuidar de mi familia y el único hogar que conozco”.
La justificación del gobierno de Trump —que las condiciones en Nicaragua y Honduras han mejorado— es la misma que utilizó recientemente para las deportaciones masivas de venezolanos.
El Departamento de Seguridad Nacional dijo el 5 de febrero que “hay mejoras notables en varias áreas como la economía, la salud pública y la delincuencia” en Venezuela.
Eso es ridículo. El propio senador estadounidense Marco Rubio escribió en sus redes sociales el 6 de mayo que “el régimen ilegítimo de (el dictador venezolano Nicolás) Maduro ha socavado las instituciones de Venezuela” y “violado los derechos humanos”.
Más de 8 millones de venezolanos han huido del país en los últimos años. El crimen se ha disparado, y se proyecta que la inflación superará el 100% este año.
A Trump hay que darle crédito por haber aumentado las sanciones económicas contra Venezuela y Nicaragua. Pero me pregunto si no lo está haciendo a medias, para apaciguar a la comunidad de exiliados de Miami. Muchos exiliados votaron por Trump creyendo que solo deportaría a los delincuentes violentos, no a todos los beneficiarios del TPS.
Todo país tiene el derecho a deportar a personas condenadas por delitos graves. ¿Pero tiene sentido deportar a inmigrantes que estaban legalmente en el país, haciendo trabajos que la mayoría de los estadounidenses no quieren hacer?
Estas deportaciones son crueles y económicamente contraproducentes. La Corte Suprema debería detener esta locura antes de que destruya las vidas de aún más gente buena y trabajadora.
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