La insensata mezcla de inmigración con justicia criminal

Tal y como se advirtiera en su momento que ocurriría, la decisión del alcalde de Miami-Dade Carlos Giménez de cooperar en la persecución de inmigrantes que decretó el presidente Trump ha desencadenado hechos que violan el más elemental sentido de la decencia. Un día después que Trump amenazara con privar de fondos federales a las ciudades santuario, Giménez se apresuró a negar que nuestro condado lo fuera y ordenó colaborar con la Oficina de Inmigración y Aduanas, ICE, en la detención de indocumentados. La policía del condado detuvo y entregó a inmigración por lo menos a 124 inmigrantes desde que el alcalde cursó la orden a fines de enero, comprometiendo seriamente una relación con la nutrida comunidad de extranjeros que viven entre nosotros, la cual había cultivado con esmero durante décadas; y, sobre todo, cometiendo probables injusticias que ahora tendremos que pagar todos los residentes del condado gracias a las previsibles demandas judiciales.

Entre las hazañas que ha perpetrado nuestra policía condal, siguiendo la orientación de Giménez, está la detención de Raúl Quiroga, argentino padre de dos niños que llevaba 15 años residiendo sin papeles en Estados Unidos. Quiroga conducía su camión hacia el lugar donde trabajaba como obrero de la construcción cuando chocó a otro vehículo, lo arrestaron y se lo entregaron a ICE, agencia que tramita su deportación. Él era el único sostén de su familia. En el limbo han quedado su esposa y sus hijos Enzo, de 16 años, y Thiago, de 9, quien nació en este país. Para los celosos intérpretes de las leyes de inmigración, entre los que abundan los racistas y xenófobos, el caso de la familia Quiroga es pura estadística. Pero para los demás es un drama humanitario que debió haberse evitado con una lectura sensible de las leyes, como la que ensayó el presidente Obama hacia el final de su mandato, cuando ordenó perseguir principalmente a indocumentados que habían cometido delitos criminales.

Mucho más irresponsable fue el encarcelamiento de un adolescente hondureño que en realidad es ciudadano estadounidense. Garland Creedle, de 18 años, fue a la cárcel por un incidente de violencia doméstica por el que ni siquiera le presentaron cargos. Pero el condado lo mantuvo dos días tras las rejas como si fuera indocumentado, al parecer, porque así se lo exigió ICE. Esto ha provocado una demanda judicial presentada por grupos cívicos que defienden la humanidad y los derechos de los inmigrantes, incluyendo la clínica de inmigración de la Facultad de Derecho de la Universidad de Miami. La demanda alega que mantener preso a un inmigrante legal como si no lo fuera, y sin orden de arresto válida, viola la Constitución de EEUU y las leyes de la Florida. El caso de Creedle está prácticamente cantado. Por mucho que lo defienda el condado, los contribuyentes probablemente pagaremos los platos que rompió.

Activistas cívicos aseguran que la mala decisión de Giménez ha disparado en Miami-Dade el número de arrestos de inmigrantes por delitos insignificantes y denuncias frívolas de personas que los resienten. Irónicamente, los gobiernos locales, como el de Miami-Dade, no tienen obligación constitucional ni legal de involucrarse en la persecución de inmigrantes. La constitución reserva esa prerrogativa al gobierno federal. La única obligación que tienen nuestros gobiernos locales es la de asistir a autoridades federales en el esfuerzo de retirar de circulación a delincuentes que han abusado de la acogida que les brindó este país. Esa es una obligación moral que ninguna persona razonable cuestionaría.

A diferencia de Miami-Dade, otros gobiernos de comunidades donde abundan los inmigrantes le han presentado batalla a la demagogia antiinmigrante y guapería barata del presidente Trump. Gracias a ello, un juez federal bloqueó en abril su orden de privar de fondos federales a las ciudades santuario. En respuesta, su secretario de Justicia, Jeff Sessions, a quien ahora Trump hace la guerra, aclaró que el gobierno solo retiraría fondos destinados a la aplicación de justicia. En juego en esta lucha se halla la diferencia entre la política de inmigración y nuestro sistema criminal de justicia. Mezclar las dos cosas, como hizo Giménez a la primera chulería de Trump, es un error político cuyas consecuencias pagaremos todos.

Esta historia fue publicada originalmente el 26 de julio de 2017, 4:38 a. m. with the headline "La insensata mezcla de inmigración con justicia criminal."