El independentismo catalán, un delirio impensable

ÁMSTERDAM — Hasta esta pintoresca y desenfadada ciudad llegan los ecos de la situación política que agita en estos días a España donde, hoy viernes 27 de octubre, el Senado se dispone a respaldar la decisión del gobierno central de invocar el Artículo 155 de la Constitución en respuesta a los amagos independentistas catalanes. La tozuda pasión de unos rupturistas pone en crisis a la joven democracia española e introduce una crispación en el ámbito de convivencia que todos los ciudadanos de ese país se dieron hace cuarenta años.

Algunas voces, en nombre de la moderación, llaman al diálogo a las partes que protagonizan esta crisis: de un lado los líderes del independentismo catalán y, del otro, el Estado español y sus instituciones. Sin embargo, igualarlos en la mesa del diálogo, sería legitimar las aspiraciones independentistas aunque se rechazaran sus argumentos, de ahí por qué el gobierno de España ha rehusado esta fórmula —que hacen suyo los partidos de extrema izquierda— y se ha mantenido, con razón, en calificar de ilegal cualquier idea separatista que no puede, por su propia naturaleza anticonstitucional, estar en la agenda de ninguna conversación seria.

Esto deja a las partes enfrentadas con muy pocas opciones, toda ellas bastante previsibles, las cuales se están dando a la vista de todos con anunciada precisión: el gobierno de la Generalitat en Cataluña se vale de los resultados de un referendo muy precario e ilícito para proclamar la independencia de la región (algo que ha hecho el presidente catalán Carles Puigdemont aunque con ridículas cautelas en cuanto a la desconexión misma con el resto del Estado español) y Madrid ha respondido, tal como lo advirtiera, con la Invocación del Artículo 155, que suspende la actuación de las autoridades regionales y hace depender sus organismos e instituciones del gobierno central.

Las fuerzas del independentismo, aduciendo tiranía, han apelado a la calle para ponerse a la movida que deja sin fundamento y sin cabezas sus aspiraciones. Se proponen subvertir el orden público para que Cataluña resulte ingobernable y forzar la mano del gobierno mediante el recurso de la desobediencia civil e incluso de la abierta subversión.

Este desafío, creo yo, el Estado debe resistirlo con todos los medios a su alcance, sin excluir la suspensión de garantías constitucionales, la declaración del estado de emergencia e incluso la imposición en algunas ciudades —como pueden ser Barcelona y Gerona— del toque de queda si fuese menester.

Pero, más allá de cualquier medida policial o represiva indispensable para el mantenimiento del orden público, el Estado debe prevalecer en el discurso público, al insistir, de manera inequívoca, que no existe ni una sola posibilidad de que Cataluña llegue a constituirse en una nación independiente por ser parte inseparable e inextricable de España y que, en consecuencia, cualquier discusión del asunto, en cualquier foro público —ya se trate de un parlamento, un simposio o una consulta popular— es un acto de sedición o proclive a ella que debe ser perseguido y castigado como un delito.

Sería fatal para la unidad de España y para la supervivencia de la democracia que, bajo la figura de la monarquía constitucional, los españoles se dieron hace 40 años, que el independentismo catalán tenga la menor posibilidad, al menos de ahora en adelante, de salirse del marco de la actividad delictiva. Cualquier paso más allá de esos lindes, políticos y morales, favorecería esa legitimidad que desesperadamente procuran y que los convertiría en vencedores, a largo plazo, aunque salgan derrotados de esta crisis. En consecuencia, el Estado español, a fin de preservarse, no debe escatimar las medidas punitivas, pero, y sobre todo, ser enfáticamente explícito en las razones de su causa, a tal punto que reduzcan el separatismo a la expresión de un delirio impensable.

Esta historia fue publicada originalmente el 27 de octubre de 2017, 2:31 p. m. with the headline "El independentismo catalán, un delirio impensable."