Cuestionan investigación de EEUU por violación de niña en Colombia
El gobierno de Estados Unidos hizo mínimos y errados esfuerzos para investigar a un sargento del Ejército estadounidense y a un contratista civil de nacionalidad mexicana denunciados en Colombia como sospechosos de la violación de una niña de 12 años en agosto del 2007, según una investigación de El Nuevo Herald.
Los implicados, el sargento Michael Coen y el contratista César Ruiz, fueron sacados de Colombia porque gozaban de inmunidad diplomática y hoy no afrontan ningún cargo criminal en Estados Unidos por la violación de la menor en una habitación de la base Germán Olano de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), en Melgar, a 100 kilómetros al occidente de Bogotá.
Las autoridades de Estados Unidos no descartan la posibilidad de reabrir la investigación, informó la embajada de ese país en Bogotá.
Un examen forense de la fiscalía colombiana probó que la niña fue violada, pero no llegó al punto de identificar responsables, según el abogado de la menor, Jorge Gómez.
Basándose en testimonios y pruebas materiales, la fiscalía libró órdenes de captura contra Coen y Ruiz, pero las órdenes no fueron ejecutadas a consecuencia de la inmunidad diplomática, de acuerdo con la fiscalía regional que manejaba el caso. La investigación quedó truncada.
En Estados Unidos la pesquisa se ha mantenido bajo el más absoluto secreto y, dos años después de los hechos, el gobierno colombiano no conoce los resultados de la misma, según lo informó una fuente de la Oficina de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación.
En el primer pronunciamiento público sobre el caso, la embajada de Estados Unidos en Bogotá informó a El Nuevo Herald la semana pasada que "por ahora no hay pruebas suficientes para procesar a los estadounidenses involucrados''.
"Tomamos muy en serio toda acusación que se presente por mala conducta contra el personal estadounidense en Colombia'', indicó el comunicado.
La embajada agregó que las autoridades estadounidenses cooperaron con la Fiscalía General y la Policía Nacional de Colombia en la investigación. Sin embargo, la fiscalía de Colombia informó a El Nuevo Herald que no recibió ninguna solicitud de colaboración de Estados Unidos para interrogar a la menor ni a su madre, Olga Lucía Castillo.
"En nuestros archivos no hay una solicitud en la cual las autoridades estadounidenses nos hayan pedido cooperación para llevar a cabo entrevistas o interrogatorios relacionados con la violación de la menor'', afirmó la semana pasada la fiscalía colombiana. Esta dependencia tiene como norma no identificar a sus voceros.
Los investigadores tampoco contactaron a Gómez, abogado de la víctima y Castillo, según aseguró éste a El Nuevo Herald.
En las últimas semanas, el caso de la violación de la niña ha adquirido relevancia en Colombia por el malestar local y regional que ha generado el anuncio del gobierno del presidente Alvaro Uribe de aumentar las actividades militares estadounidenses en bases del país.
La embajada de Estados Unidos dijo que su gobierno está dispuesto a reabrir la investigación de la violación de la menor en caso de que se encuentren nuevas evidencias.
"Si algún testigo que no estuvo presente al momento de la investigación decidiera presentarse ahora, o se hallan nuevas pruebas pertinentes al caso, la investigación puede continuar en cualquier momento'', dijo la embajada en un mensaje a El Nuevo Herald.
Christopher Grey, vocero del Comando de Investigaciones Criminales del Ejército de Estados Unidos, informó desde Virginia que el expediente ha sido enviado de regreso al campo de investigación para realizar nuevas pruebas. Pero destacó que no podía discutir detalles de cómo se realizó la pesquisa en Colombia por parte de este comando.
Grey agregó que no está autorizado para contactar a Coen ni a Ruiz ni a sus abogados a fin de comunicarles el interés de El Nuevo Herald en conocer sus versiones.
El Instituto Nacional de Medicina Legal comprobó la violación de la niña. La fiscalía señaló a los dos estadounidenses como presuntos responsables basándose en otras pruebas, según documentos judiciales. Pero como el proceso debió ser suspendido, las pesquisas relacionadas con los estadounidenses no pudieron continuar.
En la oficina regional de la fiscalía en Melgar, donde se inició la investigación, reporteros de El Nuevo Herald fueron informados de que esta dependencia libró orden de captura contra Coen y Ruiz.
Las capturas no se ejecutaron por cuanto la oficina internacional de la fiscalía ordenó suspender la investigación, en consideración de que los acusados gozaban de inmunidad diplomática, dijo María Cristina Torres González, directora seccional de fiscalías de Melgar.
"Se siente uno impotente porque uno se da cuenta del desequilibrio y la falta de equidad en la administración de justicia en estos casos, el hecho de ostentar un cargo de esas características [protegido por la inmunidad] no debería posibilitar que se quede en la impunidad'', afirmó Torres a El Nuevo Herald.
Los diplomáticos, así como los militares y contratistas estadounidenses en Colombia gozan de inmunidad penal, civil y laboral, entre otras, con base en nueve acuerdos bilaterales que han sido suscritos por ambos gobiernos, entre 1959 y 2007.
A través de entrevistas con vecinos de Melgar, El Nuevo Herald se enteró que investigadores del gobierno de Estados Unidos visitaron esta ciudad en busca de información sobre la vida y costumbres de Castillo y sus dos hijas.
Cuando ocurrieron los hechos, en agosto del 2007, Castillo era vendedora de artesanías en la plaza principal del pueblo.
Entrevistada por El Nuevo Herald, Castillo explicó que un hombre que se identificó como John Ramírez y dijo que era investigador criminal del Ejército de Estados Unidos, la interrogó el año pasado en una estación de policía del centro de Bogotá.
En los archivos de la fiscalía no reposa ninguna autorización para esa diligencia, lo cual la deja sin ningún valor legal, según informó un vocero de esa dependencia.
La entrevista fue abrupta y accidentada de acuerdo con Castillo. Según ella, durante el interrogatorio, Ramírez se encontraba armado con una pistola.
"Parecía más interesado en que yo firmara una constancia de exoneración de que ellos me persiguieron que en lo que pasó como mi hija'', agregó Castillo.
A petición de Ramírez, Castillo debía certificar con su firma que no había sufrido ningún acoso por supuestas persecuciones de las que fue objeto por parte de una camioneta adscrita a la base militar, como represalia por haber denunciado la violación.
Según Castillo, la camioneta se estacionó durante tres días frente a su puesto de venta de artesanías. Sus compañeros de la plaza le decían que "los gringos'' estaban indagando por ella, explicó, lo cual la obligó a salir de Melgar con el temor de que algo malo le podría ocurrir.
Castillo, de 36 años, dijo que se negó a firmar el documento que le presentó Ramírez.
"Yo estaba muy asustada, el hombre [Ramírez] tocaba la cacha de la pistola que tenía en la cintura a cada rato'', explicó Castillo. "Hasta que le pregunté por qué se tocaba tantas veces el arma y él me dijo que porque había mucha inseguridad, pero yo le dije que se calmara que estaba en una estación de policía''.
Castillo sostuvo que Ramírez, quien le comentó que es de origen colombiano, le pidió que le permitiera interrogar a su hija, pero que ella se negó aduciendo que no lo haría si no estaban presentes su abogado, dos sicólogas que han atendido a la niña y el congresista colombiano David Luna.
"Me dijo que iba a ser muy drástico, que le iba a preguntar a la niña si era o no una prostituta y eso me dolió mucho'', señaló Castillo.
Tras examinar los pormenores del caso, el abogado penalista colombiano Carlos Toro dijo a El Nuevo Herald que si el investigador estadounidense hubiera interrogado por su cuenta a la niña, estaría violando normas del Código de la Infancia y la Adolescencia.
De acuerdo con este código, en los casos en que un menor rinda testimonio deberá estar acompañado de autoridad especializada o por un sicólogo.
Gómez, defensor de derechos humanos, dijo que nunca fue contactado por ninguna autoridad estadounidense. Castillo le informó del encuentro con Ramírez después de ocurrido.
El Nuevo Herald llamó a un número telefónico en Carolina del Norte que Ramírez entregó en Colombia y allí constató que un empleado llamado Jhemy F. Ramírez trabaja en la oficina de investigaciones criminales del Ejército en Fort Bragg, Carolina del Norte. Una operadora informó que Ramírez se encontraba en una misión fuera de la ciudad.
Oficios enviados por el Ministerio de Relaciones Exteriores a la Fiscalía que investigó el caso indican que Coen ejercía funciones de paramédico y goza de inmunidad diplomática. Respecto a Ruiz, designado al servicio de seguridad de personal estadounidense, no fue acreditado para obtener inmunidad y, en consecuencia, la Procuraduría determinó que debe ser procesado por la justicia colombiana.
Coen y Ruiz operaban en Colombia como miembros de la misión militar de Estados Unidos y permanecieron en el país entre el 26 de junio y el 25 de diciembre del 2007.
"Si en Estados Unidos no se investigó con seriedad'', afirmó Gómez, abogado de la víctima y su madres, "éste es un caso terrible de impunidad por el cual deben responder los gobiernos de Estados Unidos y Colombia''.
Esta historia fue publicada originalmente el 2 de septiembre de 2009, 11:15 p. m. with the headline "Cuestionan investigación de EEUU por violación de niña en Colombia."