Paramilitares colombianos y venezolanos siembran el terror en la frontera
Tan pronto como el árbitro hizo sonar el silbato para marcar el inicio del segundo tiempo del partido de fútbol, varios hombres armados que salieron de los arbustos gritando "Al piso, gonorreas’’ tomaron la cancha de tierra en una planicie del municipio de Fernández Feo, estado Táchira, Venezuela.
Vestidos con jeans, boinas rojas y algunos con imágenes del Che Guevara en los brazaletes, según testigos, los asaltantes se llevaron maniatados a 12 jugadores a plena luz del día ante la mirada impotente de amigos y familiares que seguían el encuentro esa tarde del domingo 11 de octubre.
Uno de los asaltantes, que vio llorar a una mujer, se le acercó y le secó bruscamente las lágrima advirtiéndole que los secuestrados, algunos de ellos vendedores ambulantes de maní, serían sometidos a una investigación.
"El que no la debe no la teme’’, escucharon los asistentes al partido repetir varias veces a los hombres armados, algunos de los cuales hablaban con acento colombiano y otros venezolano.
Dos semanas después, 11 jugadores del mismo equipo, el Rancho Grande, entre ellos nueve colombianos, un venezolano y un peruano, aparecieron muertos en varios parajes rurales de los municipios Fernández Feo y Uribante, cada uno con dos disparos de gracia en la cabeza. El joven restante logró salvarse haciéndose el muerto.
Múltiples hipótesis han surgido desde entonces sobre la masacre, que marcó el comienzo de la peor crisis diplomática de los últimos años en las ya deterioradas relaciones entre Colombia y Venezuela. Pero a medida que se conocen detalles y se hacen señalamientos, observadores de derechos humanos y autoridades de esta región fronteriza se inclinan a pensar que los vendedores ambulantes habrían sido víctimas, posiblemente inocentes, de una guerra silenciosa pero sanguinaria entre grupos armados ilegales de autodefensa de Colombia y Venezuela.
"La guerra convencional que muchos están esperando no va a ocurrir, pero la que ya existe y que está dejando miles de muertos, nadie quiere verla’’, declaró a El Nuevo Herald Wilfredo Cañizares, director de la ONG Progresar, con sede en esta ciudad.
Cañizares cuenta los muertos en miles porque, explicó, esta nueva confrontación es sólo un capítulo más de una historia de muerte y destrucción que la guerrilla, el paramilitarismo y el narcotráfico han escrito con sangre en la zona fronteriza en los últimos 10 años.
Según un estudio de su organización, que es consultada por Naciones Unidas en temas de derechos humanos, entre 1999 y el 2004 hubo 12,000 muertos del lado colombiano. En Venezuela, en el período 2004-2006, la propagación del mismo conflicto segó la vida de 5,779 personas en los estados Táchira, Zulia, Barinas y Apure, reveló el estudio.
Las expresiones de este nuevo giro de la violencia en la zona son gráficamente devastadoras, comentó a El Nuevo Herald monseñor Jaime Prieto, obispo de Cúcuta, quien vive a orillas del río Táchira, hito fronterizo entre ambos países.
"Casi que no hay día en que no encuentre un cadáver NN [sin indentificar] flotando en el río'', dijo el sacerdote. "Pero, ¿dónde lo mataron? ¿En Venezuela? Uno o dos muertos diarios ahí no más en ese sitio donde yo vivo. ¿Quién me dice si los mataron en Venezuela o los mataron aquí? Nadie sabe''.
"Esto se llama un baño de sangre'', concluyó.
El Nuevo Herald visitó esta caldeada zona, que es sólo una pequeña parte de la larga frontera de 2,219 kilómetros donde se concentran y se ensañan contra la población civil casi todas las formas de la violencia y el crimen organizado que aquejan a Colombia.
Grandes extensiones del territorio de ambos países están bajo control de la guerrilla, los paramilitares o las mafias del narcotráfico y del contrabando de gasolina.
Las relaciones diplomáticas entre ambos países están suspendidas desde julio.
Esta región, fértil y rica en petróleo, minerales, agricultura y ganadería, es el punto donde ha puesto la mira el presidente Hugo Chávez para desplegar 15,000 soldados en respuesta a lo que considera "un cuadro de agresión y amenaza’’ contra Venezuela por parte del gobierno Colombia y "el imperio yanqui’’.
En el centro de este nuevo giro del conflicto están dos organizaciones al margen de la ley. Por un lado, un frente sin nombre compuesto por ex paramilitares desmovilizados de las derechistas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y por el otro las Fuerzas Bolivarianas de Liberación, una organización armada de izquierda revolucionaria, conocida popularmente como Los Boliches y que simpatiza con el gobierno de Chávez.
Según el gobernador del estado Táchira, Cesar Pérez Vivas, esta organización cuenta con el apoyo del gobierno de Venezuela. En ambas organizaciones militan colombianos y venezolanos y las dos ejecutan a civiles como parte de campañas de limpieza social.
Los paras colombianos
De acuerdo autoridades de la región, las fracciones paramilitares colombianas que operan en esta zona están en su mayoría integradas por ex miembros de la AUC que se acogieron a la Ley de Justicia y Paz en Colombia entregando sus armas y comprometiéndose a cooperar con el esclarecimiento de masacres y desapariciones.
Quizás la muestra de poder más desafiante que ha dado esta nueva cepa de paramilitares ocurrió a finales del mes pasado cuando varios de ellos, armados con megáfonos y fusiles, paralizaron el comercio de San Antonio, estado Táchira.
Los promotores del paro forzaron a los dueños de los negocios a cerrar bajo amenaza de muerte o pago de multas.
Al mando de un líder identificado por el Ejército venezolano como Jorge Rojas Bolaños, alias "El Enano’’, repartieron volantes que anunciaban en términos soeces la muerte de prostitutas, homosexuales, indigentes y drogadictos.
"Llegó la hora de la limpieza social’’, indicaba uno de los panfletos en poder de El Nuevo Herald. "Nuestra organización ha tomado la decisión de atacar la violencia con violencia, tienen las horas contadas todas la p . . . de los bares y cantinas, vendedores de drogas y las prepagos [prostitutas] que han contagiado a mucha gente de sida. Ya no van a contagiar a nadie más, solamente a los gusanos’’.
Según declaraciones de autoridades militares y civiles de la región, las fuentes de financiación de estas bandas van desde el negocio multimillonario del contrabando de combustible de Venezuela hacia Colombia hasta el cobro de "vacunas’’ o impuestos de guerra al comercio y a los cientos de conductores de autobuses que cruzan la frontera.
A este nivel, el de la extorsión callejera, los paramilitares han hecho alianzas con funcionarios corruptos de la Guardia Nacional de Venezuela (GN), la autoridad encargada del control fronterizo, según testigos que hablaron con El Nuevo Herald.
Un usuario de una de las rutas que cruza la frontera relató que una vez pagada la vacuna en territorio venezolano los paramilitares le dan al chofer un santo y seña para que unos metros adelante miembros corruptos de la GN les permitan pasar el punto de control.
La semana pasada las claves para el paso fueron "Tres piñas, 3 de noviembre, 12 y 20'', relató el pasajero que pidió no ser identificado por razones de seguridad.
Los que no pagan "se quedan retenidos'', agregó.
El viernes pasado la coima para el paso de un autobús de pasajeros era aproximadamente $20.
El paso a pie por trochas hacia Colombia con provisiones de jabón, salsa de tomate o medicinas que se adquieren baratas en Venezuela, esta semana tuvo una tarifa de $2 por bracero, según viajeros consultados.
Pero esta alianza clandestina entre paras y miembros de la GN parece haber quedado maltrecha después que cuatro hombres fuertemente armados mataron, mientras se desplazaban en motocicleta, a dos efectivos de la GN en el retén de Palotal, municipio Bolívar, frontera con el departamento colombiano de Norte de Santander el 2 de noviembre.
Una de las hipótesis de los investigadores venezolanos es que los asesinos fueron paramilitares colombianos que querían vengarse por la masacre de los vendedores ambulantes. Del lado colombiano se cree que fue un ajuste de cuentas.
En respuesta al asesinato de los guardias, la GN dio muerte a un hombre en San Antonio a quien identificó como paramilitar colombiano y capturó a otros cuatro a quienes también presentó a los medios como miembros de las bandas colombianas.
Los Boliches
Al otro lado de la frontera, las Fuerzas Bolivarianas de Liberación --Los Boliches-- han declarado la guerra a los paramilitares colombianos. Los Boliches son una organización con un fuerte discurso antinorteamericano que opera bajo el lema de que la revolución bolivariana "no se negocia, se profundiza’’.
Según denuncias del gobernador Pérez, este grupo recibe entrenamiento y apoyo de un frente del Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN), que tiene campamentos en una zona oriental de ese estado.
Pérez aseguró a El Nuevo Herald que, a su vez, los guerrilleros colombianos operan bajo la protección del Ejército de Venezuela.
Los Boliches, agregó el gobernador, "cuentan con total protección del gobierno de Venezuela y publican [sus comunicados] en órganos oficiales del gobierno como el diario Vea, prácticamente una gaceta del partido oficialista, lo cual es un delito’’.
Pérez ha retado varias veces a jefes militares venezolanos a que lo acompañen para mostrarles la zona donde operan los campamentos guerrilleros y poder desmantelarlos, pero no ha recibido ninguna respuesta.
El 19 de agosto el general de la GN Franklin Méndez negó que hubiera encontrado un campamento del ELN en una zona montañosa de Junín, Táchira, al que llegó una patrulla combinada de la GN y el Ejército guiada por lugareños que persisten en denunciar que la guerrilla permanece en esa zona.
Las comunicaciones entre el gobierno de Táchira y Caracas están rotas desde que Pérez, del Partido Social Cristiano de Venezuela (COPEI), tomó posesión de su cargo en enero tras derrotar al candidato chavista en las elecciones de noviembre con una alianza de movimientos de oposición.
Señalamientos
Familiares de los vendedores ambulantes entrevistados por El Nuevo Herald, dijeron que basándose en la descripción de los secuestradores y el testimonio de un sobreviviente tienen pocas dudas de que los autores de la masacre fueron Los Boliches.
"Llevaban cosas muy parecida a la que usan Los Boliches, las boinas rojas, por ejemplo’’, dijo uno de ellos que pidió no ser identificado por razones de seguridad.
Manuel Junior Cortés, el secuestrado que logró sobrevivir a la masacre haciéndose el muerto, explicó a un canal RCN de Colombia desde el Hospital Militar de Caracas que sus captores insistían en supuestos vínculos de los vendedores de maní con los paramilitares colombianos, lo que estos negaron pese a las continuas torturas y golpizas.
La insistencia de Los Boliches coincide con los pronunciamientos del vicepresidente de Venezuela, Ramón Carrizalez, a pocas horas de la masacre, que los jóvenes asesinados eran paramilitares colombianos que se entrenaban en la zona para infiltrarse en Caracas y desestabilizar el país.
Carrizalez ha sido fuertemente criticado por su evidente afán de inculpar a las víctimas pero no de investigar a los autores de la masacre.
"Les pusieron el remoquete de paramilitares, pero no he visto un elemento de juicio objetivo y serio que nos lleve a tal convicción’’, explicó Pérez.
En caso que se tratara de personas que estuvieran delinquiendo, agregó Pérez, "en Venezuela no está establecida la pena de muerte, ni siquiera la Fuerza Armada está autorizada para masacrar’’.
El Nuevo Herald contactó por teléfono el viernes pasado al coronel de la GN en Táchira, Omar Ruiz, para pedirle su opinión sobre la investigación del asesinato de los vendedores ambulantes y las denuncias de corrupción en la Guardia Nacional. Tan pronto el periodista se identificó, Ruiz colgó el teléfono y no volvió a contestar.
Algunos de los familiares de las víctimas de la masacre niegan rotundamente vínculos con grupos paramilitares y consideran una "responsabilidad criminal’’ por parte del gobierno de Venezuela haber lanzado esta acusación basándose en que llevaban un estilo de vida que no correspondía con sus escasos ingresos.
"No ganábamos más de $15 diarios vendiendo paquetes de maní en los buses y compartíamos una casa entre todos'', dijo uno de los líderes de los vendedores.
Los familiares dijeron que no descartan que Los Boliches estuvieran buscando a dos vendedores de maní para ejecutarlos. Pero los jóvenes no estaban en el equipo el día del secuestro colectivo, agregaron, porque se habían involucrado en un grave problema en su barrio.
Según ellos, los dos vendedores, consumidores de droga y "buscapleitos’’, habían matado a cuchillo a un hombre de edad de un barrio de Chururú, Táchira. El hombre aparentemente era familiar de un guerrillero del ELN, dijeron.
A raíz de las denuncias del vicepresidente venezolano, varios de los familiares de las víctimas de la masacre tuvieron que abandonar sus casas y negocios en el Táchira y se niegan a volver porque temen atentados de quienes siguen pensando que son paramilitares colombianos.
"Nos matan a los hijos, los condenan sin podernos defender. Tuvimos que amenazar con tumbar la puerta de la morgue para que nos entregaran los cuerpos'', afirmó el padre de uno de los jóvenes ejecutados. "Ahora no tenemos ni trabajo ni hijos ni tranquilidad’’.
Esta historia fue publicada originalmente el 15 de noviembre de 2009, 0:06 a. m. with the headline "Paramilitares colombianos y venezolanos siembran el terror en la frontera."